Criteria ha mostrado su oposición a la operación al comunicar su voluntad de aumentar su participación en el capital de la energética hasta el 30%. La razón es clara. Con la entrada de IFM, los fondos de inversión (CVC y GIP) podrían llegar a controlar Naturgy lo que, dada la orientación cortoplacista de esos vehículos de inversión, supondría el descuartizamiento de la única empresa de gas y de electricidad con una presencia española significativa en su accionariado.

La OPA de IFM sobre la energética española tiene una extraordinaria relevancia. La energía es estratégica para cualquier país. De ella dependen en buena medida su seguridad, su actividad económica y el bienestar de sus ciudadanos.

Por añadidura, el gas es una pieza esencial en el mix de generación de todos los Estados europeos en tanto funciona como back up del sistema. En este contexto, Naturgy tiene un peso fundamental. Representa más del 50% del mercado gasístico patrio y es el tercer operador eléctrico de España.

Con Endesa en manos del Estado italiano e Iberdrola sin un núcleo accionarial de referencia, el sector energético español, sino fuera por Criteria, estaría totalmente dominado por inversores foráneos sin vocación empresarial y sin ningún compromiso con los intereses del país a largo plazo.

El sector energético español, sino fuera por Criteria, estaría totalmente dominado por inversores foráneos sin vocación empresarial

IFM ha señalado su deseo de ser un accionista estable de Naturgy y de contribuir a su crecimiento y que así lo hará constar en el folleto de su oferta cuando lo remita a la CNMV.

Por desgracia, la experiencia enseña que esas declaraciones de principios son humo. Así, la OPA de Enel-Acciona sobre Endesa en julio de 2007 se tradujo en un incumplimiento sistemático de todas las promesas plasmadas en su folleto y terminó con el desmantelamiento fáctico de la eléctrica española: Acciona se llevó las renovables y Enel obligó a Endesa a vender toda su actividad en Iberoamérica.

Acto seguido se hizo pagar un dividendo con el que financió la compra de aquella. A las compañías, la adquisición-liquidación de Endesa les salió gratis.

El Gobierno ha proclamado que no se pueden ni se deben poner trabas a las inversiones extrajeras y tiene razón. Sin embargo, IFM es un inversor singular porque no aporta nuevo capital a Naturgy. Su operación se limita a un simple cambio de manos de las acciones.

Sin duda, esto es legítimo, pero no se traduce en la inyección de un solo euro a la energética española. Si la intención de IFM fuese contribuir al desarrollo de la energética española, la forma ortodoxa y lógica de hacerlo hubiese sido pedir una ampliación de capital y acudir a ella. Resulta obvio que éste no es el caso porque ese no ha sido nunca el objetivo.

CVC y GIP anunciaron su decisión de no vender su paquete ni de reducir su participación en Naturgy "sin conocer" la oferta de IFM. Esto resulta sorprendente y crea fundadas o, mejor, razonables sospechas de que la iniciativa del fondo australiana se ha producido en connivencia con los otros dos.

En este caso, se estaría ante una acción concertada y, por tanto, ante la obligación de los concertados de realizar una OPA por el 100% de la gasista española. Esto es lo exigido por la ley, por el funcionamiento limpio y correcto del mercado de valores y para salvaguardar los derechos de los accionistas minoritarios. Quien quiera controlar una empresa cotizada ha de pagar por ese control y no tomarlo por la puerta de atrás. 

En este marco, el Gobierno no tiene porqué vetar la OPA de IFM, pero sí poner duras condiciones para asegurar que, si los fondos controlan del antiguo Gas Natural, se preserve su continuidad a largo plazo como un actor relevante lo que resulta clave para garantizar la seguridad energética del España.

Esta es una exigencia de puro sentido común. ¿Se imaginan que el suministro de gas argelino a España cayese en manos chinas, iraníes o rusas por citar una triada inquietante? Naturgy posee el 49% del gaseoducto por el que discurre esa energía. Ningún Estado responsable asumiría ese riesgo, de hecho, ninguno lo hace y, por tanto, el Ejecutivo español ha de actuar en consecuencia.