La iniciativa se inserta además en un escenario caracterizado por un acelerado deterioro de la formación suministrada por el sector público, cuya incapacidad para dotar a los jóvenes del capital humano mínimo y necesario para incorporarse a la actividad laboral y mejorar su nivel de vida a lo largo de su carrera profesional es ya manifiesta.

La productividad de una economía y, por tanto, la posibilidad de elevar el PIB per cápita a largo plazo depende de manera crítica de la calidad de su capital humano. El periodo formativo crucial es el de la enseñanza secundaria. Ahí es donde los jóvenes adquieren las bases que van a condicionar su futuro y, por extensión, la evolución económica de un país y su mantenimiento entre los de alta renta. En España, se ha producido un agudo deterioro de la secundaria como lo reflejan todos los indicadores internacionales sobre la materia, por ejemplo, los Informes Pisa, en materias esenciales como las ciencias, las matemáticas y la comprensión lectora o la presencia del mayor absentismo escolar de toda la OCDE…

Estas deficiencias se han visto acentuadas por una política que destruye los incentivos de los alumnos para elevar su rendimiento escolar. La eliminación del binomio esfuerzo-recompensa ha convertido la educación pública española en un sistema que premia y estimula la mediocridad, en el que el mérito, el estudio y el trabajo son variables marginales en la evaluación del alumnado. Ello se traduce no sólo en la producción de un capital humano con unas cualificaciones precarias, sino en la erosión de cualquier motivación a esforzarse.

Se ha acelerado el deterioro de la formación suministrada por el sector público, y eso es una discriminación negativa hacia los menos favorecidos

Por añadidura, la estrategia educativa desplegada por el Gabinete social-podemita es regresiva en términos sociales. Condena a los niños y jóvenes de las familias con menores ingresos, sin recursos para acceder a centros privados, a recibir una formación inadecuada para progresar y permitirles ascender en la escala social. Esta desventaja competitiva consolida y refuerza una creciente brecha entre las capas de la población con recursos para pagar una buena educación para sus hijos y una gran proporción de las rentas medias y bajas que no tiene opción de hacerlo.

La política de la Sra. Celaá es un clamorosa expresión de discriminación negativa hacia los menos favorecidos, un impuesto a su progresión personal, económica y social.

El porvenir de las masas de jóvenes escolarizados por los poderes públicos no es nada prometedor. Mal preparados, sin las habilidades necesarias para adaptarse a las exigencias de una economía moderna y competitiva, sólo tienen ante sí tres alternativas: primera, no encontrar empleo; segunda, tener un puesto de trabajo temporal y/o mal pagado; tercera, vivir de las subvenciones del Estado.

La pésima situación de la juventud se manifiesta con claridad meridiana en su elevada tasa de paro, en la alta temporalidad de los empleos que ocupan o en la abultada proporción de ellos que no perciben ningún ingreso.

Desde esta perspectiva, abrir las puertas de la universidad a personas que no han sido capaces de superar los bajísimos estándares de la enseñanza secundaria sólo contribuirá a empeorar la ya mermada calidad de la educación pública superior patria, certificada por el Banco de España en un reciente y demoledor informe. Si en la actualidad las oportunidades laborales de los jóvenes titulados no son nada prometedoras, la medida de la 'ministro de Educación' sólo contribuirá a empeorarlas. España tendrá un gran volumen de titulados, eso sí, inempleables.

Este panorama no es exagerado ni catastrofista y, por supuesto, hay excepciones, pero esa es la triste realidad a la que está abocada buena parte de la juventud española salida de la educación pública. De no revertirse esta tendencia, las generaciones venideras tendrán peores condiciones de vida que las anteriores, lo que generará una sociedad cada vez menos próspera y con altos niveles de frustración y resentimiento. La política del Gobierno en el ámbito de la educación es tan negativa que, por eso, es imprescindible cambiarla.