La pasada semana veía la luz el informe conjunto del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la Property Rights Alliance, titulado La propiedad privada en España. Además del Índice de Derecho de Propiedad 2020, este trabajo, completo y concienzudo, como nos tiene acostumbrados el IEE, incluye una aportación de uno de los mejores catedráticos de nuestro país, Benito Arruñada, a quien conozco desde que estudiaba el doctorado en la Complutense.

El profesor Arruñada es uno de los nombres más destacados en el área de investigación conocida como análisis económico del derecho. Y, en concreto, ha estudiado a fondo, precisamente, la importancia de los derechos de propiedad para la prosperidad económica y la reducción en los costes de transacción que trae consigo.

En este sentido, es muy reconocido, entre sus numerosas publicaciones en inglés y en español, su artículo del año 2017 en el que, de alguna manera, enmienda la plana a Ronald Coase, premio Nobel de economía en 1991, modernizando y complementando su punto de vista.

¿Por qué darle tanto bombo al tema de los derechos de propiedad en una economía capitalista privilegiada como la nuestra? ¿No hay nada más importante sobre lo que escribir? Pues no. La situación de los derechos de propiedad en nuestro país es uno de los temas más relevantes, no solamente ahora, sino desde hace tiempo, y que está pendiente.

Tal y como explica el profesor Arruñada, si la propiedad privada sirve para algo, es para "alejarnos de la ley de la selva". ¿Cómo es posible, si el capitalismo salvaje en el que vivimos se caracteriza porque el pez grande se come al chico y los depredadores siempre ganan?

Fácil: los derechos de propiedad y las instituciones que lo aseguran y que permiten que disminuyan los costes de transacción, encauzan los incentivos, de manera que la competencia no sea un proceso extractivo, sino un proceso productivo, en el que todos salgan beneficiados, o al menos, en el que las ganancias superen por mucho a las pérdidas.

Pero para que eso sea así, no solamente es necesario que existan derechos de propiedad bien delimitados, sino que, además, deben estar acompañados de instituciones que, como hemos dicho, reduzcan los costes de transacción.

Si los costes de transacción son altos, a los agentes económicos no nos merecerá la pena intercambiar, mientras que, si son bajos, habrá actividad económica, el mercado se ocupará de redistribuir rentas de manera pacífica, no coactiva, y los participantes en el mercado con tendencias depredadoras, no necesitarán arrebatar al otro lo que es suyo.

Sin embargo, por desgracia, el panorama en España no es el descrito, ni es al que nos acercamos. Más bien, al contrario. De los casos que analiza el profesor Arruñada, quiero destacar el derecho a la propiedad de una vivienda.

Hay que recordar que nuestra Constitución no es tajante en su defensa de la propiedad privada. Y que hay cierto conflicto entre la defensa del derecho a la propiedad de tu vivienda y el derecho de todos los españoles a una vivienda digna. Especialmente porque nada asegura que esa "vivienda digna" sea poseída, alquilada u ocupada ilegalmente. Resulta chocante asumir que nuestra Constitución esté amparando el robo, o la apropiación del usufructo de un bien que no es de uno. No obstante, en esas estamos.

Resulta chocante asumir que nuestra Constitución esté amparando el robo, o la apropiación del usufructo de un bien que no es de uno

Y mucho más ahora que, primero debido a la crisis del 2008, y después a la del Covid-19, se está amparando la ocupación de viviendas. La excusa de que ser propietario es de ricos o el argumento de que los propietarios de pisos desocupados son inmorales porque hay personas que viven en la calle, no se sostienen.

Generan actitudes en la sociedad que no permiten el funcionamiento eficiente del mercado de alquileres, por ejemplo, agravando la situación. Como afirma Arruñada: "suplen, sin coste para el erario, las carencias de las políticas públicas".

Pero el colmo es el fichaje por Pablo Iglesias, para sus listas de Madrid, del presidente del Sindicato de Manteros y de la Asociación de Sin Papeles, ambas de Madrid. Se trata de Serigne Mbayé, quien llegó a Tenerife hace 15 años y que terminó viviendo en el castizo barrio de Lavapiés.

Su historia es el relato de un luchador, de un superviviente. Ha logrado regularizar sus papeles y nacionalizarse español, es empresario en una cooperativa agroecológica que ha lanzado un restaurante agroecológico en Madrid y fue elegido por la junta de su distrito para ofrecer el pregón en las fiestas de Lavapiés, donde proclamó "sobrevivir no es delito". Verdaderamente ejemplar.

La venta de objetos robados en las calles (que es lo que conocemos como 'manta') es ilegal y muchas veces alimenta a mafias. Perjudica a las empresas, a los comercios que pagan sus impuestos, a quienes también tienen que sobrevivir pero cumpliendo la ley. La existencia de un sindicato de manteros es similar a la existencia de un sindicato de falsificadores. ¿Imaginan que se presenta en listas un falsificador?

El truco queda expuesto a la luz si nos preguntamos si Pablo Iglesias llevaría en listas a Mbayé si no fuera ex-mantero y tuviera tanto poder sobre los sin papeles. La respuesta es que no. Si 'solamente' fuera un inmigrante que ha logrado regularizar su situación y trabaja en un restaurante gestionado por una cooperativa de la que es socio, no iría de la mano de Pablo Iglesias.

Hay muchos inmigrantes en esa situación, que han sufrido mucho hasta ser, como Mbayé, un madrileño más, compartiendo las mismas normas que los demás ciudadanos. Cumplir la ley debería darte el privilegio de estar protegida por esa misma ley.

La estrategia de Pablo Iglesias es darle estopa para quemar a Vox, y de esta forma, perjudicar la victoria de Ayuso. Dudo mucho que quiera gobernar la Comunidad de Madrid. Sabe que es más fácil protestar que gestionar. Que se lo pregunten a las residencias de ancianos que estaban bajo su dirección durante la pandemia. 

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