Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana.
Nula coordinación y metas poco realistas: por qué el personal de la empresa pública de vivienda prevé que el proyecto fracase
- Consideran que el proyecto, que viene directamente de Moncloa, podría descarrilar por las pocas bases que hay para su funcionamiento.
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Ante los importantes problemas que tienen los españoles para conseguir una casa (cuyo precio, de alquiler y de compra, no para de dispararse), el Gobierno ha decidido en los últimos años activar medidas para abordar el problema del acceso a la vivienda, con una estrategia que incluye la creación de una empresa pública estatal de vivienda, que se está ultimando.
Sin embargo, fuentes del personal público que está participando en la conformación de esta entidad alertan de que la nula coordinación con otras administraciones o ministerios y los objetivos poco concretos o realistas con los que se está fundamentando podrían hacerla descarrilar y fracasar en su meta de resolver la crisis habitacional.
De hecho, hay un importante descontento entre los trabajadores y profesionales que, a marchas forzadas, están dando forma al nuevo ente mediante la trasformación de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES).
Hace poco más de un mes que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, avisó de la creación de la empresa pública de vivienda durante el 41º Congreso Federal del PSOE en Sevilla. El anuncio cogió por sorpresa a todo el personal del Ministerio de Vivienda, con el que no se compartió la iniciativa para tratar su viabilidad previa.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, la idea proviene directamente de Moncloa y ha sido impuesta por Presidencia sin barajar o tratar, previamente, las fórmulas para su desarrollo.
El problema está en que están descuidándose muchos elementos en la gestión de la medida. Entre ellos, la coordinación con otras administraciones, tanto autonómicas o municipales, que ya tienen experiencia y presencia en el ámbito de la vivienda pública para tratar de buscar la complementariedad.
Esta misma coordinación tampoco se está dando con otros ministerios o elementos del estado. A estos se suma la escasez de datos propios que maneja el ministerio. El departamento todavía está dibujando el mapa de la vivienda en España y hacer la empresa pública sin tener un dibujo de la situación apunta a ser precipitado.
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Además, en el departamento todavía se ignora qué criterios se van a aplicar sobre Sareb y los recursos que va a aportar. Algo que, por cierto, también ocurre en el caso del banco malo, al que el Gobierno todavía no le ha comunicado papel alguno en la empresa pública de vivienda.
Por ahora, los pasos del Gobierno se han destinado a cambiar el Sepes para que pueda asumir, al menos en lo legal, el papel de la empresa pública de vivienda que busca Sánchez. Se ha reclasificado a la entidad al grupo 1 de entidades públicas empresariales, se han ampliado sus capacidades y se le han dado nuevas responsabilidades en el ámbito de vivienda asequible.
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Además, el Consejo de Ministros aprobó, en su última reunión de 2024, que los inmuebles integrados en el Patrimonio del Estado se integren en el Sepes para destinarlos al alquiler asequible.
Se trata de inmuebles que proceden del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied); de Adif; de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), de Muface y de Patrimonio Nacional, entre otros.
Pero siguen siendo muchos los interrogantes que quedan en el aire sobre la empresa pública de vivienda. Precisamente, el Gobierno prepara un acto el próximo 13 de enero para anunciar más medidas en el marco de vivienda. A lo mejor resuelve las dudas respecto a la entidad... o genera más.
Dudas en Sareb
La decisión de crear una empresa pública de vivienda está provocando importantes disrupciones en el funcionamiento de Sareb. Por ejemplo, las dudas que ha generado este movimiento en los inversores han llevado al banco malo a suspender la venta de su promotora de suelo, Árqura.
Según indican fuentes del sector, ahora mismo, respecto a esto, hay tres escenarios para Sareb. El primero es retomar la venta de la Árqura tal y como se había diseñado. El segundo, vender una parte de los suelos de la promotora y a la otra darle un uso social. Y, finalmente, el tercero: quedar a expensas de la futura empresa pública de vivienda y que Sareb y Áqura cedan viviendas y suelos.
Sin embargo, la tercera opción genera ciertas complicaciones. Regalar casas o suelos va contra el mandato que tiene Sareb: hacer una desinversión ordenada de sus activos para recuperar el máximo capital posible tras el rescate de cajas de ahorros quebradas por el pinchazo de burbuja inmobiliaria y financiera de hace 10 años. De hecho, la entidad tendría que disolverse en 2027, algo harto difícil con más de 29.000 millones de euros de deuda.
