Ayer el Gobierno presentaba su propuesta fiscal, en la que hay "contribuciones" ya anunciadas, como los nuevos gravámenes a las eléctricas y a los bancos, pero también novedades fiscales. En principio, el saldo de las diversas medidas es positivo para Hacienda, según las previsiones, en algo más de 3.000 millones de euros en dos años. Ahora bien, si nos centramos en las novedades de lo que se anunció ayer, en realidad estaríamos hablando de una pequeña rebaja “selectiva”, centrada en las rentas bajas del IRPF, parcialmente compensada con la subida a las rentas altas.

En cualquier caso, es importante tener en cuenta dos cuestiones previas: la primera de ellas es que estamos hablando de cuantías que se pueden pagar. Si se hacen propuestas fiscales insostenibles, entonces, como comentábamos hace unos días respecto de Gran Bretaña, el resultado es pavoroso.

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La segunda cuestión es que, si hablamos de tributos directos, subir impuestos es anti-inflacionario, y bajarlos, aunque sea para compensar la inflación, se traduce en más demanda y consumo de los beneficiarios y, por tanto, tristemente en inflación. También es cierto que las rentas más bajas tienen una mayor propensión a consumir, lo que significa que reducirles los impuestos no se suele traducir en ahorro, y sí en consumo. Puede no ser justo, y probablemente no lo sea, pero una reducción de impuestos a rentas bajas, por el mismo importe, es más inflacionista que a las rentas altas.

La medida más destacada de ayer es la rebaja fiscal a los contribuyentes que obtengan rendimientos del trabajo de hasta 21.000 euros. El 80% de la recaudación del IRPF proviene de los rendimientos del trabajo, salarios y pensiones. Además, el salario más habitual en España está rondando esta cifra. Por eso, previsiblemente habrá varios millones de contribuyentes que se beneficiarán de esta rebaja. Pero, son sólo una parte de los más de 21 millones de declarantes del IRPF, además de varios millones más que tributan efectivamente en este impuesto, pero no presentan declaración.

A diferencia de rebajar el primer tramo de la tarifa del IRPF, que afectaría a todos los contribuyentes, aquí se ha optado por ampliar el tramo decreciente de la reducción por rendimientos del trabajo en el IRPF. Todos los contribuyentes, incluso los de más renta, todos, pasan por el primer tramo del IRPF.

Por esa razón, todos los contribuyentes ven reducida su carga fiscal si se rebaja el primer tramo. Incluso, los contribuyentes de más renta se benefician más de una rebaja del tramo, en términos absolutos, que aquellos contribuyentes de menor renta que, si se quedan a mitad de tramo, pueden tener una rebaja menor. Pero, por otra parte, una rebaja en el primer tramo es una rebaja insignificante para los mayores contribuyentes del impuesto.

Por eso, en 2018, en el acuerdo presupuestario entre el PP y Ciudadanos, ya se optó por elevar este tramo decreciente de la reducción por rendimientos del trabajo. Curiosamente, esta rebaja fiscal, la más desconocida de la historia de España, luego fue aplicada por el gobierno del PSOE, como explico en mi libro ¿Hacienda somos todos? (Debate 2022).

Ahora se ha optado por la misma solución, que tengo que reconocer que plantea problemas técnicos que expuse en el I Encuentro de Fiscalidad de EsadeEcPol. Pero, también es verdad que esta rebaja fiscal permite reducir la cuña fiscal, la diferencia entre lo que el coste que supone un empleado para la empresa, y lo que el trabajador cobra efectivamente. Esta reducción de la cuña fiscal es positiva, no sólo para la justicia fiscal y social, sino también fomenta la creación de empleo en los segmentos menos favorecidos.

La clave de esta mini-rebaja fiscal es que los contribuyentes que no obtengan rendimientos del trabajo, o que los que obtengan sean superiores a 21.000 euros no se ven beneficiados en absoluto. Pero lo cierto es que las rentas más bajas están siendo más castigadas por la inflación, precisamente porque emplean un mayor porcentaje de su renta en el consumo y, además, lo hacen en mayor medida en los elementos que más han subido de precio, la energía y los alimentos.

Siendo cierto que muchos considerarán que la rebaja fiscal se queda corta, también es verdad que una rebaja fiscal a los contribuyentes de menores rentas sometidas al IRPF es más necesaria que en 2018 (y fui uno de los impulsores de la reforma de 2018), simplemente porque los aumentos salariales no son reales como entonces, sino que vienen a compensar, y probablemente no de forma completa, la inflación.

Esta reducción de la cuña fiscal es positiva, no sólo para la justicia fiscal y social, sino también fomenta la creación de empleo en los segmentos menos favorecidos

Por otra parte, la propuesta fiscal de ayer también contiene una pequeña rebaja del Impuesto de Sociedades de las pymes, y también de la tributación del rendimiento de los autónomos, tanto en el régimen de módulos como en estimación directa.

Para compensar esta rebaja hay varios elementos: por una parte, un aumento de la tributación de las rentas más elevadas de capital, que recaudará mucho menos, y por otra, un aumento de la tributación de los grupos consolidados, es decir, de las empresas más grandes, en la que habrá que ver con detalle la letra pequeña. Y, también, el nuevo impuesto a las grandes fortunas.

Aquí también habrá que ver la letra pequeña, pero destaca la cuestión de que la cuota del Impuesto de Patrimonio que se pague en la correspondiente comunidad autónoma será deducible de este impuesto. Esto elimina la doble imposición, pero supone, en la práctica, que la recaudación de este impuesto se realizará fundamentalmente de los contribuyentes residentes en Madrid, y ahora en Andalucía.

Con independencia de posiciones ideológicas, este tipo de cuestiones, como la de la fiscalidad patrimonial, sería preferible abordarlas en una reforma fiscal global, y preferiblemente, dentro del marco de la financiación autonómica y de qué tributos se ceden a las comunidades autónomas y con qué grado de autonomía.

Esta es, a grandes rasgos, la propuesta fiscal del Gobierno, que ahora deberá tramitarse en el Congreso, con lo que probablemente habrá cambios, tanto por la negociación parlamentaria, como seguramente para intentar adaptarse a un entorno enormemente turbulento como el que nos enfrentamos.

*** Francisco de la Torre es economista e inspector de Hacienda.

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