El ministro para la Transformación Digital, Óscar López.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López. euro

Tecnología

El Gobierno de Sánchez exige a la UE un blindaje para contratos públicos con Huawei si se veta a los suministradores chinos

El Consejo Europeo presenta su borrador de la nueva ley de ciberseguridad.

Más información: El Parlamento Europeo presentará en septiembre su plan para vetar a Huawei con la oposición del PSOE español

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España exige al Consejo Europeo eximir los contratos públicos ya vigentes de las prohibiciones a proveedores tecnológicos de alto riesgo dentro de la nueva ley de ciberseguridad.

El Gobierno busca blindar adjudicaciones con la firma china Huawei en infraestructuras clave como la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, Adif o las escuchas de la Guardia Civil.

Nuestro país concentra una cuarta parte de las alegaciones a la norma europea para intentar limitar y suavizar los vetos Bruselas a empresas de países ajenos a la OTAN.

Los críticos advierten de que la postura española podría generar brechas de seguridad en la Unión Europea al permitir que estos proveedores sigan integrados en redes estratégicas.

Porque quiere proteger acuerdos vigentes en sectores estratégicos (Guardia Civil, Adif, Agencia Tributaria, Seguridad Social) y evitar la ruptura inmediata de suministros y servicios mientras se identifica a los proveedores de alto riesgo.

España propone que el veto afecte solo a contratos iniciados después de una fecha determinada y que prórrogas o pedidos en acuerdos marco no se consideren nuevos contratos, además de excluir contratos anteriores del veto.

Contratos incluyen servidores OceanStor para las escuchas del SITEL por 12,3 millones, suministro de repuestos para la red de Adif y un contrato de 160,9 millones de la Seguridad Social para soporte y mantenimiento de bases de datos.

Los críticos advierten que permitir la continuidad contractual abriría una brecha de seguridad en la UE, al mantener a estos proveedores en infraestructuras críticas y permitir incorporación de tecnología o repuestos durante el periodo del contrato.

España quiere evitar la designación por países, exigir pruebas de daños ya ocurridos, introducir caducidad en la designación y ampliar o flexibilizar plazos y excepciones (ciclo de vida, inversiones, contratos), lo que dilataría la retirada efectiva.

El Gobierno de España ha exigido al Consejo Europeo que se respeten los contratos públicos en vigor con proveedores de alto riesgo incluso después de que hayan sido vetados por la Unión Europea.

De esta manera, España quiere proteger sus acuerdos con empresas chinas, especialmente con Huawei, en sectores estratégicos como la custodia de las escuchas telefónicas de la Guardia Civil, la digitalización de la red de Adif, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.

El Consejo Europeo ha publicado su documento final con su propuesta y las alegaciones de todos los Estados miembros en el marco de la actualización de la ley de ciberseguridad, Cibersecurity Act 2.

El texto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia confirma lo que ya había venido publicando este diario: España es responsable de una cuarta parte de las enmiendas que en su mayoría intentan limitar y suavizar el alcance de los vetos.

La Unión Europea busca con esta actualización (CSA 2) hacer obligatorio el veto a los determinados "proveedores de alto riesgo", en especial a los países los ajenos a la OTAN como China, para expulsarlos de sus infraestructuras estratégicas.

La norma ya no solo se centra en el 5G sino que en todas las redes físicas como cables submarinos, cloud, o la fibra óptica. Además incluye las cadenas de suministro, la defensa y todas las infraestructuras críticas.

El documento del Consejo Europeo (que representa a los gobiernos de los Estados miembros) se debe sumar al del Parlamento Europeo y al de la Comisión para unificar un texto durante el año 2027.

Pero España no lo está poniendo fácil. El Gobierno de Pedro Sánchez (a través del Ministerio de Transformación Digital de Óscar Puente) vuelve a demostrar en este documento que su objetivo es proteger su relación política y comercial con China.

Por ello, exigen una serie de cambios al documento que intenta torpedear el espíritu de la norma. Y el caso de los contratos públicos es una de las claves de esta defensa que España hace de su relación con China y con sus empresas.

La redacción de la norma indica que la contratación pública relacionada con las cadenas de suministro de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) "no debe utilizarse para beneficiar a proveedores que pongan en peligro la seguridad de las infraestructuras críticas de la UE".

"Por consiguiente, los proveedores de alto riesgo identificados en virtud del presente reglamento no podrán participar en procedimientos de contratación pública relativos al suministro de estos componentes, o elementos que los incluyan en sectores estratégicos identificados como clave".

En este punto España ha agregado a la redacción (una sugerencia que no necesariamente se incluirá en la redacción final) que esta disposición se aplique a los proveedores incluidos en la lista (de proveedores de alto riesgo), pero "a los procedimientos de contratación pública iniciados con posterioridad a la fecha en él especificada".

Agregan además que las prórrogas de contratos existentes y los nuevos pedidos realizados en el marco de acuerdos marco con posterioridad a dicha fecha "se considerarán nuevos contratos".

En otra parte de la redacción, España es aún más clara e indica que el veto "se aplicará a los procedimientos de contratación pública iniciados y a los compromisos de financiación contraídos después de esa fecha y no afectará a los contratos o acuerdos celebrados con anterioridad".

En la práctica esto supone que España busca una red de seguridad para mantener en vigor todos los contratos hasta que se determinen los proveedores de alto riesgo, un proceso que puede tardar varios meses a partir de que se dicte la nueva norma.

Precisamente el espíritu de la CSA 2 no es solo vetar los nuevos contratos sino que eliminar completamente a estos proveedores de las cadenas de suministro, lo que supone desmontar sus actuales redes e infraestructuras y sacarles de la red.

De hecho, la Comisión Europea estableció un plazo de 36 meses para expulsar de las redes a los proveedores de alto riesgo una vez que se determine su existencia, un periodo que el Parlamento propone que se reduzca a 20 meses.

Los críticos con esta postura advierten que la petición de España abriría una verdadera brecha de seguridad en el conjunto de la UE ya que permitiría que estos proveedores siguieran en la red y tuviesen la posibilidad de incorporar tecnología en infraestructuras críticas (como piezas de repuesto) mientras dure el contrato.

Esta petición de España está muy meditada ya que nuestro país (junto con Alemania) es uno de los que más expuesto está a contratos públicos con Huawei.

Contratos de Huawei

En verano del año pasado se conoció que España renovó a Huawei por un montante de 12,3 millones de euros, el suministro de servidores de gran capacidad (OceanStor) para gestionar el almacenamiento de las escuchas telefónicas del sistema de interceptación judicial (SITEL).

En nochebuena del año pasado Adif adjudicó a Huawei el suministro de piezas de repuesto para equipamiento en la red de datos de Adif. Con un valor máximo presupuestado de 484.000 euros (con impuestos) y una duración de dos años se renovaba un contrato ya adjudicado años antes.

En junio de este año, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) licitó por 160,9 millones de euros a Huawei el soporte, la operación y el mantenimiento de sus bases de datos a los sistemas de almacenamiento del nodo tecnológico del que dependen los datos laborales y de pensiones de millones de ciudadanos españoles.

Del mismo modo, la Agencia Tributaria dispone de dos cabinas de almacenamiento del modelo Huawei OceanStor Dorado 8000, adquiridas en 2021 conforme al Acuerdo Marco 13/2018 del Sistema Estatal de Contratación Centralizada.

Proveedores de alto riesgo

Pero el bloqueo del Gobierno español a la Cibersecurity Act 2 no solo incluye los contratos públicos, también busca proteger intereses comerciales nacionales y complicar los procedimientos regulatorios vigentes.

Sus propuestas buscan eliminar la designación de terceros países como alto riesgo (y focalizar el veto solo en empresas concretas), exigir pruebas concretas de daños ya ocurridos en lugar de prevenir riesgos en el caso del veto a estos suministradores.

Adicionalmente, España intenta añadir una fecha de caducidad a la designación de países, lo que reabrirá el debate periódicamente con el riesgo de posibles cambios de políticas.

También propone limitar el alcance de las restricciones a activos directos en lugar de cadenas de suministro completas e incorporar factores como el ciclo de vida y las inversiones internacionales para flexibilizar los plazos de retirada de proveedores considerados de alto riesgo.

Lista de activos críticos

Es así como, España intenta añadir como variables de designación el comercio y de inversiones, así como las obligaciones internacionales del Estado miembro con ese tercer país.

Esto podría dar lugar a situaciones en las que un tercer país constituya un riesgo, pero no sea designado debido a las grandes inversiones de la UE. Este diario ha publicado que España está acelerando para atraer mayores inversiones chinas en todos los sectores productivos.

El Gobierno también intenta hacer de la lista de activos críticos un objetivo en constante cambio, de modo que su designación vuelva a abrirse en 24 meses, posponiendo así la retirada progresiva potencialmente por otros 24 meses adicionales.

España intenta diluir la regla que impide instalar nuevo equipamiento de proveedores de alto riesgo introduciendo múltiples excepciones y casos particulares, como el ciclo de vida, los contratos existentes o las piezas de repuesto.