
La CNMC reclama ya a las eléctricas toda la información del apagón, incluida la que no dieron a Red Eléctrica
El organismo tiene potestad para obligar a empresas y administraciones a entregar sus datos bajo riesgo de sanciones e incluso de ser inspeccionados.
Más información: Corredor ignora las críticas de Sara Aagesen por la mala planificación del apagón y va al choque frontal con las eléctricas.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya se ha puesto manos a la obra con el apagón.
Ya ha cursado requerimientos de información a las empresas eléctricas para reconstruir el evento con precisión y llegar a sus propias conclusiones, más allá de los informes del Gobierno, Red Eléctrica y el que este lunes presentará la patronal del sector AELEC.
La práctica habitual es abrir un expediente informativo en fase de investigación, con un plus sobre el resto de los informes: todas las entidades a las que reclame datos están obligadas por ley a aportarlos, hasta el punto de que una negativa podrá acarrear sanciones e incluso podría permitir a Competencias realizar inspecciones.
Esa es una de las claves que aportan valor añadido al trabajo del equipo de Cani Fernández, que aglutinará toda la información que Beatriz Corredor reclamó sin éxito a las eléctricas, según se lamentó ella misma al presentar el informe de Red Eléctrica.
Fuentes conocedoras del proceso aseguran que ya se han empezado a recibir datos, tanto de las empresas como de las administraciones competentes, tras un periodo inicial -antes de que se presentaran los dos anteriores documentos- en el que se sufría algún tipo de retraso.
El informe de la CNMC es el más esperado entre todos los implicados en el 'cero total' que sufrió España el 28 de abril, porque servirá para contrastar con las conclusiones previas del Gobierno y Red Eléctrica.
Documentos en los que se acusa directamente a las compañías de no haber aplicado bien el procedimiento operativo que debería haber evitado el apagón. Especialmente en el que firma el operador del sistema.
Desde el ámbito jurídico, las conclusiones de la CNMC servirán para darle contenido punible al proceso, frente al riesgo de que se declaren causas de fuerza mayor una vez descartado el ciberataque.
La número dos de Red Eléctrica, Concha Sánchez, y responsable del control de sistema, aunque estaba fuera durante los hechos, aseguró la semana pasada que si la central a la que se requirió que aportase energía síncrona para estabilizar la tensión hubiera actuado como se esperaba, el apagón se habría evitado.
Fuentes jurídicas aseguran que esa acusación, que se mantiene en el informe previo, debe ser ahora escudriñada por la CNMC, cuyo expediente servirá además para imponer las sanciones administrativas correspondientes a cada parte que se considere responsable.
Fuentes conocedoras de la investigación aseguran que las tres centrales de generación a las que REE apunta en su informe por no aportar su capacidad de control de la tensión fueron la nuclear de Almaraz y las térmicas de Aceca y Arcos de la Frontera.
Nuevo procedimiento
La propia CNMC acaba de aprobar la renovación del procedimiento clave antiapagones, el llamado PO 7.4, si bien expertos consultados aseguran que con la normativa vigente en el momento del apagón era suficiente para poder haberlo evitado.
Desde el sector se entiende que culpar al retraso en la renovación del PO 7.4 del apagón es, más que otra cosa, "un intento de favorecer a REE y a las grandes eléctricas, porque reduce la relevancia de la falta de programación síncrona y los incumplimientos de las centrales que tenían que aportar control de tensión".
Como la propia presidenta de la CNMC recordó en el Congreso, el análisis de sus técnicos irá más allá de los dos realizados hasta ahora, dado que tiene la obligación de evaluar también los daños colaterales que se pudieron producir en sectores muy sensibles a la falta de energía, como la industria intensiva o el comercio de proximidad, entre otros.
Una vez realizado el informe se podrán empezar a abrir procesos civiles en cascada por todos los perjudicados, cuya resolución se antoja muy duradera, pero que pueden dar lugar a demandas colectivas y abrir un frente legal amplio y complicado.