Parque eólico en Galicia
Europa inicia un procedimiento de infracción contra España por no acelerar las autorizaciones de proyectos renovables
También ha instado a Bulgaria, Francia, Italia, Chipre, Países Bajos, Eslovaquia y Suecia a que transpongan la normativa europea.
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La Comisión Europea ha decidido enviar un dictamen motivado a España por no haber transpuesto a la legislación nacional las normas de la UE que aceleran los procedimientos de concesión de autorizaciones para proyectos de energías renovables.
En su paquete habitual de decisiones sobre infracciones, la Comisión Europea emprende acciones legales contra los Estados miembros por no cumplir con sus obligaciones en virtud del Derecho de la UE. También han sido instados otros siete países de la Unión Europea: Bulgaria, Francia, Italia, Chipre, Países Bajos, Eslovaquia y Suecia.
Así lo establece la Directiva (UE) 2023/2413, que modifica la Directiva sobre fuentes de energía renovables 2018/2001. En ella se establece nuevas normas para simplificar y acortar los procedimientos de concesión de autorizaciones tanto para los proyectos de energías renovables como para los proyectos de infraestructura que son necesarios para integrar la capacidad adicional en el sistema eléctrico.
Incluye plazos claros, según señala el comunicado de la CE, para los procedimientos de concesión de autorizaciones dirigidos a tecnologías o tipos de proyectos específicos.
Además, introduce la presunción de que los proyectos de energías renovables, el almacenamiento y la infraestructura de red conexa son de interés público superior.
También existe la obligación de que los Estados miembros diseñen "zonas de aceleración de las energías renovables" en las que los proyectos puedan beneficiarse de plazos más cortos para las autorizaciones, dado el bajo impacto medioambiental.
Antes del 1 de julio de 2024
El plazo para transponer estas disposiciones al Derecho nacional expiró el 1 de julio de 2024.
En septiembre de 2024, la Comisión envió cartas de emplazamiento a los veintiséis Estados miembros por no haber transpuesto plenamente la Directiva al Derecho nacional.
Tras examinar las respuestas de los ocho Estados miembros, la Comisión ha decidido enviar dictámenes motivados a España, Italia, Chipre, Eslovaquia y Suecia por no haber comunicado las medidas de transposición. También a Bulgaria, Francia y Países Bajos pero por no facilitar información suficientemente clara y precisa sobre la manera en que sus medidas de transposición transponen cada una de las disposiciones de la Directiva.
Los ocho Estados miembros disponen ahora de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. De no hacerlo, la Comisión podría optar por remitir los asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
