Se trata de uno de los mayores proyectos urbanísticos de Madrid en los últimos años, y la polémica puede envolver su inauguración antes de que acabe el 2019. Hablamos de la rehabilitación y reapertura como hotel y centro comercial del Edificio España, en la Plaza de España de la capital. Una iniciativa que servirá como excusa para reformar también todo el entorno, dejando paso así a una nueva forma de urbanización del vecindario acorde a las necesidades del Madrid del Siglo XXI. 

Pero todo podría ir al traste si, como parece, el enfrentamiento entre Riu (actual propietaria del edificio) y Baraka (antigua propietaria y, según dice, propietaria ahora de los locales comerciales) acaba enquistándose en los tribunales. La semana pasada hubo una vista para que la juez decidiera si adopta medidas cautelares para inscribir en el registro de la propiedad una salvedad que indique que existe un conflicto por aclarar quién es el dueño de la zona comercial. 

Será clave lo que ocurra en ese juicio, porque si no se aclara quién ostenta la propiedad de esos 15.000 metros cuadrados, podría ponerse en riesgo buena parte del proyecto. Y es que la idea inicial puesta en marcha por Riu, pasa por atraer a esos espacios las flagships de algunas de las principales marcas de moda internacional. Pero, ¿quién firmaría un contrato si no tienen claro con quién van a tener que lidiar en el día a día? 

De momento la comercialización de los espacios está en manos de Corpfin Capital, que también tiene previsto inscribir a su nombre los locales. Tanto es así que ya piensa en sacar una Socimi al mercado con ellos. Habrá que esperar a ver qué dice la jueza, pero si el conflicto se enquista, podríamos estar ante una batalla legal de años que podría hacer que muchos inversores se replantearan su inversión en Madrid. 

ING España ha presentado unos resultados excepcionales. Sin embargo, de nada servirá sacar pecho de ellos si la entidad no aclara qué ocurre con el empresario Pérez Dolset y sus denuncias por blanqueo de capitales en torno al grupo Zed. 

El consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, aseguraba la semana pasada no tener constancia de ninguna denuncia presentada por el empresario. Le acusaba, además, de "jugar con otras armas" distintas a las del banco. Sin embargo, cuando todo parecía aclarado, el empresario ha enviado a EL ESPAÑOL copias de un justificante de entrega de una denuncia en el Sepblac; y de un escrito de sus abogados a la fiscalía holandesa. 

Es evidente que estamos ante una guerra abierta que debe solventarse y aclararse. Si ING posee alguna información, debe comunicarlo al mercado (como reclama este lunes Pérez Dolset), pero si no es así, quizá la entidad debería plantearse adoptar medidas que pongan fin a estos dimes y diretes que sólo perjudican la imagen del banco.