Después de un par de casos alejada de la República Imaginaria Catalana, me he vuelto a topar con un cliente interesado en Cataluña. Ha entrado en el despacho dispuesto a demandar a la Generalitat después de haber visto, literalmente, un anuncio en la portada del Marca.

En realidad, la primera noticia que tuve de esto fue en EL ESPAÑOL, donde ya se hablaba de cómo un bufete, Área Jurídica Global, preparaba una acción contra la Generalitat, en la que la consideraba “responsable civil” de las pérdidas ocasionadas y señalaba que había base suficiente por la existencia de una “administración negligente” del antiguo equipo de gobierno.

La acusación se basa en el encarcelamiento de los compinches de Puigdemont y en otro hecho muy evidente: que SegurCaixa Adeslas cancelara el 11 de octubre su póliza con el Parlament por la “gravísima agravación del riesgo producido por los acontecimientos ocurridos recientemente en Cataluña”. Se refería a la suspensión de la Ley de Transitoriedad por parte del Tribunal Supremo.

Más de un centenar de empresas estarían interesadas en reclamar el daño emergente, el dolo provocado por la inestabilidad generada en Cataluña. Desde gastos de notaría a indemnizaciones por despidos; encarecimiento de alquileres por el traslado de sede o contratos que se hayan cancelado fruto de la situación. ¿Has perdido una financiación porque tus inversores no querían estar a menos de trescientos kilómetros de Puigdemont? ¡Demanda a la Generalitat!

Mi cliente dice creer que tiene  muchas posibilidades de ganar si demanda. Afirma ser el representante en la región de una empresa israelí que ya había invertido una cantidad importante de dinero en la región. Pero tenía pensado expandir el negocio en Cataluña e invertir cientos de millones de euros. Ahora se ha echado para atrás. Cierra las oficinas que tenía abiertas y se traslada. Él se queda sin negocio, sin trabajo y sin dinero. Ahora ambos se plantean exigir responsabilidades. 

Contratos de seguro

El caso es que otros bufetes están ya en lo mismo. Coello de Portugal habla de que los particulares pueden reclamar a la Generalitat por la “responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración”, y considera que éstas quedarán cubiertas por los “diversos contratos de seguro”.

“Si usted ha tenido que trasladar su empresa y con ello no sólo ha tenido que pagar Notario y Registrador, sino que además tendrá que pagar indemnizaciones a los trabajadores por traslado; nuevos alquileres; cerrar alquileres que tenía concertados; pagar transportes; amortizar anticipadamente la maquinaria; comprar maquinaria nueva o cualquier otro gasto causado por las ilegalidades cometidas por la Generalidad, tiene derecho a ser resarcido de todo lo que usted ha gastado”, señala este bufete, refiriéndose también al “daño emergente”.

Sobre el “lucro cesante”, habla del derecho a “reclamar la pérdida de ingresos estables y recurrentes que pueda probar que ha dejado de tener, lo cual es más difícil de probar pero para nada imposible”.

Un chollo para los despachos

Está por ver el recorrido que tienen estas iniciativas, pero vamos camino de las 2.500 empresas obligadas a cambiar de sede social por culpa de Puigdemont.

¿Se ha convertido Cataluña en las nuevas preferentes de los despachos de abogados españoles? Está por ver si las cientos de consultas se transforman en miles de demandas. Pero de ser así, veremos que al enorme daño causado por Puigdemont y los suyos al conjunto de la sociedad española con sus actuaciones ilegales y unilaterales, pueden suponer una carga adicional para las instituciones que secuestraron. La carga económica.

Mucho me temo que pronto empezarán a llegar a mi despacho directivos de compañías aseguradoras para pedir consejo. Si las demandas prosperan tendrán que empezar a pagar las indemnizaciones; y eso no es algo que siente bien a la cuenta de resultados. ¿Cómo evitar el daño? 

Mi cliente me pregunta si debe reclamar. Visto su caso, en concreto, y el gran daño que sufrió, estaría loco si no lo hiciese.

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