Este lunes, José Folgado, presidente de Red Eléctrica Española (REE), cumple 73 años y todo indica que piensa seguir condicionando su sucesión sin ambages. De hecho, cambió hace unos años los estatutos del gestor eléctrico para garantizarse tranquilamente la jefatura más allá de los 70 años, una decisión que ensombrece la administración de una empresa controlada por el Estado con la sospecha de la autoperpetuación.

El caso de Red Eléctrica en el mundo empresarial es singular. Es una firma reiteradamente criticada por la presencia de políticos en su consejo de administración. Folgado lo es. Su antecesor también venía de la política: Luis Atienza, exministro de Agricultura y Pesca con Felipe González. El último en llegar al consejo ha sido Arsenio Fernández de Mesa, hasta hace unos meses director general de la Guardia Civil.

La compañía, en la que el ente público Sociedad Estatal de Participaciones Industriales tiene un 20% que le otorga el control, va a aprobar este año un 'protocolo de sucesión'. Se trata de algo habitual en las grandes empresas, sobre todo en las cotizadas: saber cuáles son los pasos a dar a la hora de relevar a sus máximos directivos para evitar el vacío de poder. Pero en el caso de una compañía en manos del Estado, no existe ese peligro, y el protocolo no es más que un reglamento interno para ordenar la lucha política por el control de la misma. Ya que la despolitización parece imposible, al menos al gestor de la red eléctrica se le deberían aplicar los criterios de idoneidad más exigentes posibles.

Cuando el pasado verano, los acreedores financieros y accionistas de referencia de Isolux (con CaixaBank y el Santander, a la cabeza) quitaron de enmedio a su presidente, Luis Delso, y pusieron en su lugar a Nemesio Fernández Cuesta, parecía que la situación crítica del grupo de ingeniería podría enderezarse. A la vista está que no. En realidad le hicieron un favor a Delso, que dejó la empresa hecha unos zorros con deudas impagables, al retirarlo de la primera línea.

Es cierto que Fernández Cuesta evitó la entrada en preconcurso de acreedores en julio de 2016, pero no le ha quedado otra que acabar con los libros en el juzgado. La decisión del Santander de poner tierra de por medio ha sido clave.  En las últimas semanas, la entidad presidida por Ana Botín dejaba clara su postura en este tema. No ha querido verse envuelta en otro caso como el de Abengoa, y decidió traspasar, a precio de saldo, parte de la deuda y acciones a Goldman Sachs, aunque mantenga una exposición de unos 275 millones en la empresa de ingeniería de un total de 400 millones que tenía.

Luis Delso, que llegó a Isolux como gestor 'estrella' en 1994 fichado por Banesto -entonces bajo la presidencia de Alfredo Sáenz con la entidad ya bajo la órbita del Santander-, se quedó con el control de la empresa tras un proceso de saneamiento. Una década después, en 2004, dio el salto adelante al fusionarse con Corsán Corviam. Su legado, sin embargo, han sido más de 4.000 millones de euros de deuda y aunque el plan de rescate diseñado por los bancos, que se quedaron con un 54% de Isolux tras refinanciar un pasivo de 2.100 millones de euros, fue generoso, no ha bastado para solucionar el desaguisado.