La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz.

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz. EFE Efe

Macroeconomía

La AIReF alerta de la subida de los intereses de la deuda hasta 2031 y reclama más control del gasto extra del Gobierno

Pide que no haya más gasto estructural, como la vivienda, sin su financiación.

El coste de la deuda se llevaría toda la recaudación del Impuesto de Sociedades.

Más información: La AIReF advierte que el nuevo Gobierno deberá hacer un ajuste de 20.000 millones en 2027 por el exceso de gasto.

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La AIReF alerta de que el pago de intereses de la Deuda Pública podría elevarse hasta el 3,2% del PIB en 2031 (unos 56.640 millones de euros) debido al menor crecimiento económico y la subida de tipos.

El organismo advierte que la deuda pública sólo se reducirá al 95,4% del PIB en los próximos cinco a%os, perdiendo margen de mejora progresivamente por la desaceleración del PIB.

Se se%ala la necesidad de controlar el gasto estructural en pensiones, defensa y vivienda, exigiendo que cualquier nueva medida cuente con su correspondientes plan de financiación a largo plazo.

AIReF urge a aprobar unos nuevos Presupuestos Generales para ordenar ingresos y gastos, criticando la gestión mediante créditos extraordinarios tras cuatro a%os sin cuentas públicas.

La AIReF proyecta que con tipos de interés más altos y una curva de rentabilidades soberanas al alza, el coste del servicio de la deuda crecerá entre 2028 y 2031, pasando del 2,5% del PIB actual a cerca del 3,2% en 2031.

Ya ocurrido: la AIReF estima que ese monto absorbería recursos equivalentes a toda la inversión del Estado o a la recaudación del Impuesto de Sociedades; posible: puede reducir el margen fiscal para nuevas infraestructuras y políticas públicas.

La AIReF pide controlar las medidas coyunturales y, sobre todo, los gastos estructurales como subvenciones a la vivienda y programas de defensa permanentes, que dejan obligaciones fiscales a largo plazo.

Menor crecimiento y empleo frenan el consumo y la recaudación, lo que puede limitar gasto social y obras públicas; además, más recursos para intereses reducen la disponibilidad presupuestaria para servicios.

Inés Olóndriz es la presidenta de la AIReF; propone aprobar unos Presupuestos generales tras cuatro años sin ellos para ordenar ingresos y gastos y evitar créditos extraordinarios decretados que impiden fiscalización.

Las proyecciones presupuestarias de la AIReF para los próximos cinco años marcan una serie de líneas rojas a vigilar para que las cuentas públicas no exijan ajustes más duros para cumplir con los límites fiscales impuestos por la UE y el Gobierno de turno.

Más allá de las desviaciones de este año y el que viene, desde el organismo advierten de una tendencia al alza en el pago de los intereses de la Deuda Pública entre 2028 y 2031, con el crecimiento del PIB a la baja, que pueden complicar mucho el margen que le quede al Estado para hacer inversiones en infraestructuras u otras políticas.

Lo que ahora es una deuda de casi el 100% del PIB, bajará en los próximos cinco años hasta un 95,4%, pero con menos margen de mejora a medida que avanzan los años, dado que se crecerá menos. Del 2,6% de este ejercicio y el 2,2% de 2027, se pasará en 2031 al 1,7% en 2031.

A medida que se crece menos y se genera menos empleo, el denominado "servicio de la Deuda", con los tipos al alza y los bonos a largo plazo más caros, puede pasar del 2,5% del PIB que supone ahora (43.250 millones de euros), a un 3,2%, unos 56.640 millones de euros.

Para hacernos una idea, esa cantidad en términos absolutos que vaticina la AIReF como pago de intereses, sería el equivalente en 2031 a toda la inversión del Estado o la recaudación completa del Impuesto de Sociedades que pagan las empresas por los beneficios obtenidos.

La subida de tipos ha elevado las estimaciones de la curva de rentabilidades "soberanas" que habrá que cubrir para obtener esa deuda en los mercados, que van de forma progresiva del 3% (a un año) al 4,6% (a 30 años). Eso supone que habrá que hacer emisiones de deuda más caras, sin que se deteriore la prima de riesgo española, que está ahora en una buena situación.

En la proyección a cinco años, los otros dos gastos estructurales que pueden agobiar las cuentas públicas españolas serían la inversión en Defensa y las "prestaciones personales" en el argot de la AIReF, que son fundamentalmente el gasto en pensiones de todo tipo.

En el caso de la industria de defensa, es evidente que va a exigir grandes cantidades de dinero público por encima del 2% del PIB actual, difíciles de evaluar por su leonina forma de financiación con dinero público y sus programas a muy largo plazo.

Y en el caso de las pensiones, hay que contar con el aumento de los ingresos que suponen ya para el Gobierno las cotizaciones sociales y los impuestos directos, sobre todo el IRPF. La senda de crecimiento para este año y el que viene se estima en el 6% (ha sido más del 8% en los dos últimos años sólo en recaudación tributaria).

En el caso de las pensiones, también se cuenta con el pago del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cotización adicional de las empresas de solidaridad, previstas en la reforma aprobada en la anterior legislatura.

Desde el organismo que fiscaliza las cuentas del Estado se prevén mejoras de ingresos el año que viene, sobre todo cuando se quiten las medidas de apoyo por la crisis energética de Oriente Medio. Pero el menor crecimiento y empleo frenarán el consumo y, a partir de 2028, habrá una moderación en el caso de los impuestos especiales y algunos indirectos que puede dejarse notar.

Sin gasto estructural

Con un escenario de incertidumbre como ese, a pesar de que España sea la economía que más crece de la zona euro y de la OCDE, los técnicos de la AIReF advierten que hay que evitar la generación de gastos estructurales, cuyo coste se queda para siempre en la economía.

Al menos no hacer planteamientos de ese tipo sin dejar determinada también cuál va a ser la forma de financiarlos a medio y largo plazo, sin poner en riesgo todo el sistema.

La desviación del gasto para este año se va a acercar a las nueve décimas de PIB (según la regla nacional de no sobrepasar el 4,7% de aumento). Y si se siguen políticas constantes como las que hay ahora (sin Presupuestos y con inestabilidad política para aprobar reformas en el Congreso), ese desequilibrio aumentará tres décimas por año hasta 2029.

En esa cuenta tienen impacto las medidas extraordinarias coyunturales para compensar los costes energéticos, desastres climáticos como las borrascas o la DANA o el coste de la invasión de Ceuta. Según la AIReF, esas medidas van a costar 15.586 millones en 2026, pero se eliminarán cuando las situaciones se estabilicen.

Son más peligrosas, a su juicio, las subvenciones y ayudas para la vivienda, de carácter estructural, cuyo coste se centrará en 2027. Supone unos 1.357 millones de euros, que habrá que pagar cada ejercicio con su correspondiente actualización. Sólo el año que viene eso va a ser la tercera parte de los 4.000 millones de impacto fiscal de todas las medidas aprobadas.

No se trata de no tomar las medidas que se consideren necesarias para garantizar el derecho a una vivienda digna que el Estado debe procurar a sus ciudadanos según la Constitución. Se trata de establecer de forma paralela cómo se financiará ese dinero en el largo plazo, de forma que no hipoteque el resto del gasto público, que ya va bastante apretado.

La presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, ha dejado claro que, en la situación actual, hay poco margen para hacer florituras con el gasto en infraestructuras o mantenimiento, por más que se necesiten. La solución es un nuevo Gobierno que sea capaz por fin de aprobar un Presupuesto, tras cuatro años sin ello.

Sólo así se podrán ordenar gastos e ingresos y fiscalizar que cada partida cumple con las reglas de gasto establecidas de año en año. Con créditos extraordinarios aprobados por decreto, como hasta ahora, es imposible hacer las cosas bien.