El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante el Ecofin de este martes en Bruselas

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante el Ecofin de este martes en Bruselas Unión Europea

Macroeconomía

Cuerpo espera aprobar el 'impuestazo' al diésel "lo antes posible" para no perder fondos Next Generation

La subida del gravamen tendría que aprobarse antes del 21 de marzo, salvo que el Gobierno pida una prórroga.

Más información: Bruselas vincula la llegada del quinto pago de los Next Gen a que el Gobierno apruebe el 'impuestazo' al diésel

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El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha dicho este martes que confía en tener aprobado el 'impuestazo' al diésel "lo antes posible" para no perder dinero del quinto pago de fondos Next Generation. Precisamente, los ministros de Finanzas de los 27 (Ecofin) han aprobado la modificación del plan de recuperación de España que incluye la subida del diésel como parte de la reforma fiscal exigida por la UE a cambio del quinto pago, que asciende a 23.900 millones de euros entre subvenciones y préstamos blandos.

Tras la luz verde del Ecofin a los cambios en el plan español, se inicia el plazo de dos meses del que dispone Bruselas para examinar si el Gobierno de Pedro Sánchez ha cumplido todos los requisitos exigidos a cambio del quinto pago. Eso significa que el Ejecutivo tiene de tiempo hasta el 21 de marzo para aprobar la subida del diésel, salvo que decida pedir una prórroga. De lo contrario, se arriesga a perder una parte importante de los subsidios, ya que la Comisión considera la reforma fiscal como un componente esencial del plan español.

"Avanzamos para tenerlo aprobado lo antes posible", ha asegurado Cuerpo al término de la reunión del Ecofin en Bruselas. "Todavía estamos a tiempo", sostiene el ministro de Economía, que no ha dado ningún detalle sobre los plazos que maneja el Gobierno ni sobre cómo piensa reunir los apoyos necesarios para sacar adelante esta polémica medida.

Lo cierto es que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no cuenta ahora mismo con votos suficientes para sacar adelante la subida del diésel. En particular, Podemos se opone al 'impuestazo' con el argumento de que "lo van a pagar fundamentalmente las familias trabajadoras". Y lo condiciona a que se apruebe también un gravamen extraordinario permanente a las empresas energéticas. Una medida que a su vez rechazan los socios de derechas de Sánchez, PNV y Junts.

Tanto el 'impuestazo' al diésel como el gravamen a las energéticas estaban incluidos en la reforma fiscal diseñada por Hacienda, pero fueron tumbados por el Congreso en noviembre.

En su última reunión de 2024, el Gobierno de Sánchez aprobó un nuevo decreto para el establecimiento del gravamen a las energéticas para 2025, aun sabiendo que no se convalidará en el Congreso por el 'no' de PNV y Junts. Al fin y al cabo, esta figura tributaria no es una condición de Bruselas para los fondos Next Gen, según ha desvelado el propio Cuerpo.

Sin embargo, la vicepresidenta Montero ha retrasado sine die un decreto similar con el 'impuestazo' al diésel por miedo a que sus socios lo tumben, porque esto sí tendría consecuencias: la pérdida de una parte importante (que debe cuantificar Bruselas) de las subvenciones del quinto pago de fondos Next Gen.

El 'impuestazo' que había diseñado la vicepresidenta Montero -y que rechaza Podemos (también se da por descontado el 'no' del PP y de Vox)- supondría un aumento de este combustible del entorno de los 10 céntimos. Este pasaría de 0,379 euros el litro a 0,47269 euros. Si se hace un cálculo rápido, para un depósito medio de 50 litros supone pagar unos cinco euros más.

Ahora bien, esta medida tiene dos excepciones: el gasóleo profesional, que no se verá afectado, y otra más, si el precio del gasóleo sube por encima de los dos euros por litro, el impuesto se reduciría a 0,422 euros. En total, el Gobierno de Sánchez aspira a recaudar entre 1.000 y 1.300 millones de euros. El nuevo impuesto al diésel afectará a 13,10 millones de turismos y casi 6.000 motocicletas. Todo ello sin contar con camiones, furgonetas o autobuses.