
María Jesús Montero y Óscar López.
Por qué el rechazo de Hacienda a indexar los precios de los contratos públicos al IPC abocaría al final de Muface
La medida, activa desde 2015 cuando la aprobó Cristóbal Montoro, impide que los contratos plurianuales se adapten a los incrementos de costes que sufren las empresas.
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Más de un millón de funcionarios están en vilo en las últimas semanas. El futuro de la asistencia sanitaria de Muface sigue en el aire. El Gobierno busca fórmulas para convencer a Asisa y a otras aseguradoras de que participen en nuevo concierto de la mutualidad, pero la oferta económica está lejos de lo que piden las empresas.
Los problemas financieros de Muface no son nuevos. Se trata de un sistema perennemente infrafinanciado, según las aseguradoras. Pero el problema ha ido a peor en los últimos años, ante unos incrementos constantes de costes en la asistencia sanitaria que las aseguradoras no han podido repercutir en los contratos por la negativa del Ministerio de Hacienda.
El departamento de Maria Jesús Montero se niega a cambiar la legislación y que los precios de los contratos públicos se actualicen, anualmente, de acuerdo con los incrementos de los precios y de los sueldos. Se trata de un problema que viene de lejos y que es discusión habitual en el seno del Consejo de Ministros, sobre todo en los últimos años de inflación y subidas salariales.
Se trata de una medida que constituyó en 2015, de la mano de Cristóbal Montoro, con la Ley de Desindexación de la Economía Española, que se aprobó en 2015 y se incorporó a la Ley de Contratos del Sector Público en 2017.
Esta legislación impide que se revisen los costes en los contratos suscritos entre las Administraciones públicas y estas empresas durante toda su vigencia. Una condiciones que, salvo excepciones, se han mantenido en los años de la pandemia de Covid y de los precios de las materias primas disparadas por la guerra en Ucrania.
Esta es una de las razones que llevado a Muface un callejón, por ahora, sin salida. Pese a que Muface ha abierto la puerta a que una futura licitación sí compense a las compañías ante crisis sanitarias o de precios, las subidas de costes o de salarios regulares seguirían sin ser atendidas.
Esto no es un problema sólo para Muface. La patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT reclaman que las subidas de precios y salarios impliquen la actualización de los contratos públicos. Es una de las causas por la que las licitaciones desiertas se han disparado en los últimos años.
Ha habido, y hay, numerosos enfrentamientos a colación por esta cuestión entre los ministerios. O más bien: entre el Ministerio de Hacienda, apoyado por Economía, y sus homólogos. Sobre todo con los departamentos responsables de cuestiones laborales, sociales, de dependencia o sanitarias. Independientemente de la bandera política que porten.
El puño cerrado de Hacienda tiene su razón de ser. Permitir que los precios de los contratos públicos se indexen con la inflación o los salarios llevará a crecimientos imprevistos del gasto estatal que repercutirían en el déficit y la deuda de las Administraciones de forma descontrolada.
Pérdidas
En este escenario, el Gobierno está buscando cómo convencer a las aseguradoras para que presten atención sanitaria a los funcionarios de Muface hasta 2027. Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, ha propuesto a las entidades una vía para que puedan reclamar las pérdidas asumidas en el último convenio y de cara también a la nueva licitación. Por el momento, se desconoce qué mecanismo utilizará para ello.
De acuerdo con los datos que maneja el sector asegurador, las tres compañías que todavía hoy prestan atención sanitaria a los mutualistas (SegurCaixa Adeslas, DKV y Asisa) ya asumen pérdidas conjuntas por valor de 470 millones de euros. Esta cifra corresponde al último concierto (2022-2024) y podría ser aún mayor.
La razón de que se pueda ver incrementada es que las aseguradoras deberán prestar atención a los mutualistas hasta el 1 de abril (o hasta junio en el caso de pacientes graves). Tras quedar desierto el primer concierto, el Gobierno se vio obligado a ampliar el periodo de atención mientras se resuelve la segunda licitación.
Un nuevo convenio para el que ha ofrecido un incremento del 33,5% de las primas para tres años. Sin embargo, no ha cumplido con las reclamaciones de las aseguradoras y tanto SegurCaixa Adeslas como DKV ya han anunciado que no participarán. Por su parte, Asisa está analizando los pliegos y hace cálculos para determinar si puede asumir Muface en solitario.
Entre las razones de las compañías que han decidido abandonar la mutualidad están precisamente las pérdidas que nuevamente tendrían que asumir de presentarse a esta licitación.
En el caso de SegurCaixa Adeslas, ha generado pérdidas por valor de 250 millones de euros con el último concierto. Por su parte, DKV las cifra en 70 millones de euros. Unas cantidades que volverían a repetirse o incluso se superarían (en el caso de DKV, que prevé que puedan llegar hasta los 100 millones) si aceptan las condiciones económicas que ha ofrecido el Gobierno.