Consejo de Ministros
España presenta sus deberes legislativos para 2025, protagonizados por la IA y la ciberseguridad
El Consejo de Ministros prevé impulsar este año 199 propuestas legislativas, de las cuales 16 son leyes orgánicas, 43 ordinarias y 140 reales decretos.
Más información: Críticas, suspicacias y una posible revisión en el aire: ¿Qué está pasando con la ley europea de inteligencia artificial?
Hace apenas unas semanas el Consejo de Ministros aprobó uno de los documentos más importantes de cada año: el Plan Anual Normativo, en el que se recopilan las iniciativas previstas para ser impulsadas a lo largo del presente ejercicio. En concreto, en el de 2025 se prevé la salida adelante de 199 propuestas legislativas, de las cuales 16 son leyes orgánicas, 43 leyes ordinarias y 140 reales decretos.
A ellas se suman otros 75 documentos relacionados con la transposición de las normas de la Unión Europea al ordenamiento jurídico nacional.
Entre todas ellas, destacan las relacionadas con el ámbito digital, que corresponden directamente al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, donde se incluyen cuatro leyes y cuatro reales decretos. Entre las primeras se enmarca la Ley para el Buen Uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, es decir, el documento que adaptará la legislación española al reglamento comunitario de IA, aprobado desde mediados del año anterior y con algunos de sus preceptos ya en vigor como las prácticas prohibidas.
El Ejecutivo ya dio luz verde al anteproyecto de ley el pasado mes de marzo y afirmó que este se tramitaría por la vía de urgencia, siguiendo los trámites preceptivos antes de volver al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva como proyecto de ley y envío a las Cortes para su aprobación. De momento, sigue en este camino y se considera una de las normas contenidas en el Plan Anual Normativo presentado por el Gobierno.
A ella se suma la Ley reguladora de determinados aspectos de supervisión en materia de dato, que establecerá el régimen sancionador aplicable al Reglamento sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización (Data Act) y al Reglamento de gobernanza de datos.
También, la Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, que impulsa junto a Hacienda y Economía, Comercio y Empresa y cuyo anteproyecto fue presentado por el Gobierno a finales de febrero. Esta norma adaptará la legislación española al Reglamento Europeo de Servicios Digitales y al Reglamento Europeo sobre la libertad de los medios de comunicación.
Completan las cuatro leyes la Ley de modificación parcial de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público en materia de responsabilidad patrimonial del estado legislador por daños derivados de la infracción del derecho de la unión.
Más normas en forma de reales decretos
En el caso de los Reales Decretos, hay que mencionar el Real Decreto sobre el régimen jurídico de la obligación de promoción de obra audiovisual europea y de la diversidad lingüística; el Real Decreto de desarrollo de la Ley General de Comunicación Audiovisual relativo a comunicaciones comerciales audiovisuales; el Real Decreto por el que se regula el modelo de gobernanza para la reutilización de los datos en la Administración General del Estado y sus organismos públicos; y el Real Decreto por el que se designa a la autoridad de vigilancia del mercado y autoridad notificante para los productos con elementos digitales y se establece el régimen sancionador aplicable al Reglamento de Ciberresiliencia.
Por otro lado, cabe mencionar la Ley de coordinación y gobernanza de la ciberseguridad, que supone la transposición de la Directiva de Seguridad de Red e Información 2 (NIS2) de Europa, que en el Plan Anual Normativo aparece impulsado por el Ministerio del Interior y respaldado por Defensa y Transformación Digital y de la Función Pública. El anteproyecto de esta norma fue aprobado a principios de año, tres meses más tarde de que se cumpliese el plazo marcado por las autoridades comunitarias.
Además, el Ministerio dirigido por Óscar López también participará como coproponente en otras normativas que, en teoría, verán la luz en los siguientes meses.
Los deberes del año anterior
Por poner un poco de contexto sobre la mesa, el año pasado las Cortes Generales (Congreso y Senado) aprobaron un total de 24 leyes, de las cuales 11 eran normativas que derivan de directivas o reglamentos comunitarios o se enmarcan en el paraguas regulatorio fijado por las instituciones europeas. De estas 11, cinco trasponen directamente directivas europeas al ordenamiento jurídico español o se adaptan o desarrollan aspectos de reglamentos de la UE; mientras, las otras seis contienen referencias o se basan en disposiciones europeas, pero no respondan directamente a un mandato de transposición.
Por su parte, el Consejo de Ministros respaldó otras 20 normativas que transponen directivas europeas, pero con rango de Real Decreto, por lo que no requirieron de un procedimiento parlamentario en las cortes. Además, en 2024, se han aprobado 84 reglamentos europeos que son de directa aplicación en los Estados miembros, por lo que ya forman parte del conjunto de leyes españolas.
Más allá de las aprobadas, a fecha de diciembre, también era llamativo el número de documentos que estaban pendientes de su transposición, a fecha de diciembre de 2024. En ese momento, quedaban 87 directivas europeas por integrar en el ecosistema nacional, de las cuales una treintena ya habían cumplido su plazo.
No obstante, entre ellas se citaban algunas como la mencionada adaptación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial o la transposición de la Directiva de Seguridad de Red e Información 2 (NIS 2), que sí que han comenzado su proceso de integración, pero que aún no lo han finalizado.
