El 23 de julio de 2020 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó en el palacio de la Moncloa 'España Digital 2025', la esperada nueva agenda digital del país con la que el Ejecutivo marcaba la senda a seguir para dar un impulso al proceso de transformación digital de España. Un reto que se había convertido en urgente tras la pandemia de la covid-19, que abre un periodo en la que la digitalización es una de las palancas de la recuperación y la transformación del país.

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En el acto de presentación, Sánchez se hizo rodear de varios ministros (Nadia Calviño, Isabel Celaá, Reyes Maroto o Pedro Duque) y contó con la participación Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior; Pilar López, directora general entonces de Microsoft España; José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España; María Ferreras, vicepresidenta para Europa, Oriente Medio y África de Netflix; y José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.

Una puesta en escena que ya reivindicaba la apuesta por la colaboración público privada incluida en el plan y que ponía de relieve la importancia de esta agenda, tanto por la movilización económica prevista (140.000 millones de euros de inversiones públicas y privadas en cinco años) como por el peso que posteriormente adquiriría en el diseño del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. 

De hecho, el programa de recuperación español es el que más fondos destina a la digitalización de todos los presentados por los distintos países europeos (un 29,58% del total de 70.000 millones recogidos para el periodo 2021-2023), superando así ampliamente el objetivo del 20% marcado reglamentariamente por la Comisión Europea (CE). 

España ya tenía por tanto su hoja de ruta para dar un salto en su proceso de digitalización y evitar así perder el tren de la revolución digital como perdió el de la revolución industrial. Un plan que fue acogido con satisfacción por el sector y que contenía propuestas y objetivos claros, pero cuyo reto residía, como es habitual, en su implementación.

En estos doce meses hemos visto como se han empezado a desarrollar las 50 medidas incluidas en la agenda y que se articulan en torno a diez ejes estratégicos, que incluyen aspectos como la conectividad, la ciberseguridad, las competencias digitales, la digitalización de pymes y las Administraciones públicas, la economía del dato y la inteligencia artificial (IA), los contenidos audiovisuales y los derechos digitales.

Todo este desarrollo ha estado liderado por la vicepresidenta (actualmente primera) del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y sus dos secretarios de Estado para esta materia, Carme Artigas (Digitalización e Inteligencia Artificial) y Roberto Sánchez (Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales).

Nadia Calviño en DigitalES Summit

El peso que la digitalización ha ganado en la agenda política del Gobierno se ha hecho evidente en estos meses. De hecho, Calviño señalaba en un acto reciente que en su agenda cada vez hay más eventos relacionados con la segunda pata de su ministerio, la de transformación digital, y se están presentado cada vez más medidas y proyectos en este ámbito.

Por ejemplo, solo este mes de julio se han presentado la ley de startups, la carta de derechos digitales, el Fondo Next Tech y el papel de España en Gaia-X; se ha anunciado el nombramiento del primer CDO del Gobierno, Alberto Palomo Lozano, y se ha celebrado la subasta de espectro en la banda de 700 MHz, clave para el desarrollo del 5G.  

Seis grandes planes nacionales

A finales de 2020, el Gobierno empezó a presentar sus primeros grandes planes en materia de transformación digital, empezando por el Plan para la conectividad y las infraestructuras digitales de la sociedad, la economía y los territorios y la Estrategia de Impulso al desarrollo de la tecnología 5G, en los que se prevé una inversión pública conjunta de 4.320 millones de euros.

Inmediatamente después el Ejecutivo lanzó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), que contempla unas inversiones públicas de 600 millones de euros en el periodo 2021-2023.  El objetivo es situar a España a la cabeza en investigación y uso de la IA, pero todo ello teniendo en cuenta que debe ser una tecnología "inclusiva, sostenible y que ponga a la ciudadanía en el centro".

A finales de enero de 2021, llegaron los otros tres planes claves para el desarrollo de la agenda digital, entre ellos el Plan de Digitalización de pymes, que cuenta con una inversión de 4.656 millones de euros. Su objetivo es apoyar el crecimiento, la competitividad e internacionalización de 1,5 millones de pequeñas y medianas empresas, autónomos y micropymes, mediante el impulso de su transformación digital.

Los otros dos planes presentados fueron el Plan de Digitalización de las Administraciones públicas 2021-2025, que cuenta con un presupuesto de 2.600 millones de euros, y el Plan Nacional de Competencias Digitales en el que las inversiones ascienden a 3.750 millones de euros.

Colaboración con el sector privado

Un mensaje que ha transmitido el Gobierno siempre que ha tratado el tema de la transformación digital ha sido el de la necesidad de que sea un proceso en el que sector público y privado vayan de la mano y remen juntos, ya que ambas partes pondrán mucho dinero sobre la mesa para lograr que la agenda digital y el plan de recuperación se implemente con éxito. 

De hecho, una de las primeras medidas que se adoptaron que estaban incluidas en la agenda digital fue la creación del Consejo Consultivo para la Transformación Digital, que tiene carácter público-privado y busca facilitar el diálogo y participación de los distintos agentes económicos y sociales.

Asimismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha puesto en marcha hasta la fecha nueve procesos de Manifestaciones de Interés, de los 24 llevados a cabo por el Gobierno, con los que busca que el diseño de políticas y programas públicos parta de información precisa y directa proporcionada por las empresas y los actores sociales.

Entre los temas consultados, se encuentran la identificación de proyectos asociados a la conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue 5G; proyectos innovadores y solventes en el despliegue de las tecnologías 5G y 6G; y proyectos para la integración de la IA en las cadenas de valor. En el caso de las pymes, se ha consultado sobre el fortalecimiento de sus capacidades de ciberseguridad y el Programa Digital Toolkit. 

Otros asuntos sobre los que se han lanzado manifestaciones de interés son el Spain Audiovisual HUB, la constitución del HUB español de GAIA-X, los costes de actuaciones de un programa de ayudas para la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios o la participación en el potencial Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI) de Infraestructuras y Servicios en la Nube

Además, de estas Manifestaciones de Interés, se han celebrado numerosas consultas públicas sobre distintas leyes, como la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley de Ciberseguridad 5G o la Ley de Startups (aún abierta), o sobre medidas como la subasta en la banda de 700 MHz, el cuadro nacional de frecuencias, las zonas elegibles en plan de extensión de banda ancha o la carta de derechos digitales.

Cambios en las leyes y carta de derechos digitales

Estas consultas obedecen en gran parte a cambios legislativos que son necesarios para dar más seguridad al proceso de transformación digital de España. A la vuelta del verano, el Gobierno tiene previsto aprobar la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que debe completar la transposición del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas; la ley de ciberseguridad 5G o la nueva ley audiovisual. 

Pero si había una ley que el sector digital estaba esperando esa era la Ley de Startups, que llegó a primeros de este mes de julio casi tres años después de que se anunciara su creación. En consulta pública actualmente para que el sector indique qué aspectos son mejorables del texto propuesto, la Ley recoge incentivos fiscales para estas compañías emergentes, así como medidas para atraer el talento. 

Otra de las medidas estrella que ha llegado apenas unos días antes de celebrarse el primer aniversario de la agenda España Digital 2025 ha sido la Carta de Derechos Digitales, que busca adaptar los actuales derechos fundamentales, recogidos en la Constitución Española, a la era digital y que fue presentada también por el propio Pedro Sánchez en la Moncloa.

Esta Carta responde a otro de los objetivos fundamentales de la agenda digital española y que no se cansan de repetir los miembros del Gobierno en sus intervenciones: el proceso de digitalización se debe abordar con el ciudadano en el centro del mismo y con un enfoque humanista en el que prime el respecto de los valores y los derechos de las personas. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras ratificar la Carta de Derechos Digitales, junto a las ministras de Economía, Ciencia y Justicia y Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e IA.

Estas son las medidas más relevante del primero año de España Digital 2025, pero no las únicas, ya que en estos meses hemos conocido iniciativas más concretas como el programa de Misiones de I+D en Inteligencia Artificial para financiar proyectos de empresas en esta tecnología en sectores estratégicos, el nombramiento del CDO, el nuevo plan UNICO para la extensión de la banda ancha o el Fondo Next Tech, que prevé invertir 4.000 millones de empresas para ayudar a las empresas innovadoras en su fase de calado.

Los próximos doce meses de la nueva agenda digital española prometen ser igual o más movidos que este primer año de vida del documento, debido en parte a la llegada de los primeros fondos europeos y a la necesidad de seguir desarrollando las medidas recogidas en estas 90 páginas que decidirán si España lograr ser un país líder en todos los aspectos que rodean a la digitalización.