España tiene una larga tradición de adelantarse a medidas europeas, de servir de conejillo de indias o, simplemente, de querer marcar el nombre de nuestro país en las páginas de la particular historia del sector tecnológico. En nuestra memoria queda el ser pioneros en la adopción de la TDT (con las consiguientes reantenizaciones por no diseñarse con cabeza desde un inicio) o, más recientemente, la adopción de la ‘tasa Google’ sobre la que no existe un consenso claro en Europa.
Este impuesto, que grava la actividad de los gigantes digitales en el Viejo Continente (muy dados a prácticas fiscales de dudosa moralidad, como el "sandwich holandés" o el "doble irlandés"), no ha sido acogido de buen grado por las patronales del sector y por muchos economistas liberales, pero parece que España no está sola en este terreno pantanoso.
A la espera de que la Unión Europea se pronuncie de forma unánime -en lo que tendrán mucho que decir las presiones llegadas del otro lado del Atlántico, protagonizadas por el siempre imprevisible Donald Trump, así como el rol hasta ahora de canto de Alemania-, Francia comenzará a cobrar este impuesto a partir del 1 de enero, con la esperanza de recaudar más de 500 millones de euros en el primer curso.
En esta conexión por la fiscalidad justa que se ha establecido a través de los Pirineos, Francia y España se colocan así a la cabeza de la lucha contra la evasión fiscal que Google, Amazon, Apple, Facebook y compañía han establecido como norma en los últimos años. La propia OCDE lidera un esfuerzo mundial para cambiar la forma en que se establecen impuestos en las empresas digitales, conscientes de que no es pueden (o es extremadamente difícil) imponer tasas nacionales a actividades tan globales que las fronteras se difuminan tan extraordinariamente como lo hace nuestra propia conciencia.
Por ello, impuestos directos sobre la facturación de estas firmas (de modo que se eviten supuestos "pagos por servicios", "licencias" o "alquileres de los derechos de marca" a la matriz, con los que se rebaja la factura fiscal basada en beneficios) pueden ser la solución más inmediata para hacer algo de justicia y equiparar las reglas de juego a compañías europeas y norteamericanas.