A partir de ahí, utilizando el símbolo por excelencia de cualquier crecimiento, podemos recurrir a todas las metáforas habidas y por haber en torno al sector agroalimentario, pilar fundamental de estos territorios.

En cada una de estas provincias y, por extensión, en cada una de las comunidades autónomas a las que representan, cualquier atisbo de crecimiento de la industria agroalimentaria es directamente proporcional al crecimiento socioeconómico de la región.

Pero, irremediablemente, cualquier posibilidad de que este crecimiento siga siendo un hecho depende de que también se produzca un crecimiento en cuanto al uso de nuevas tecnologías y de ese espíritu innovador que ya lo inunda todo.

Esa flecha ascendente imaginaria, pues, es el reflejo del proyecto que están tramando estas ocho provincias a través de sus ocho diputaciones. El plan se llama 'Smart Agro'.

Es la Diputación de Córdoba, a través de su delegación de Programas Europeos y Administración Electrónica, quien ha asumido el impulso de la redacción del proyecto, siguiendo una metodología basada en la innovación abierta e inteligencia colectiva y, en la que convoca la participación de expertos de entidades públicas y privadas con objeto de conformar un proyecto susceptible de convertirse en PERTE.

A la hora de definir a los participantes en la iniciativa, la institución andaluza se ha fijado en las provincias españolas más representativas del sector, según explican fuentes provinciales.

Objetivos y retos

El objetivo global que les ha trasladado es "favorecer la transformación digital del sector agroalimentario en su conjunto, teniendo en cuenta a toda su cadena de valor y todos los agentes que necesitan avanzar en la mejora de su productividad para mejorar su competitividad", tal y como explican desde la Diputación de Teruel, la última en sumarse.

Pero claro, todo objetivo tiene obstáculos que superar. Y el de estas provincias, en muchos casos, es el de la falta de conectividad.

Para ello, desde esta alianza se pretende, a su vez, "lograr una cobertura de telecomunicaciones plena y facilitar el acceso a las competencias digitales, favoreciendo la innovación en la mejora de la cooperación activa del ecosistema productivo y emprendedor".

Algunas de las provincias y autonomías implicadas, tal y como ha ido informando D+I en los últimos meses, no esconden que tienen un problema en relación con su deficiente conectividad en determinadas zonas.

Así, por ejemplo, Castilla-La Mancha está realizando esfuerzos para mejorar esta cuestión, con un ambicioso plan de 40 millones de euros para conectar pueblos y pedanías con fibra óptica. Según datos aportados por la propia institución autonómica, a día de hoy uno de cada tres polígonos industriales en la región no dispone de fibra.

En Teruel también hay ejemplos de cuánto hay que mejorar. Sin ir más lejos, tal y como publicó este periódico, municipios como Alcañiz pueden presumir de tener un gran premio del mundial de motociclismo pero, en cambio, se encuentran calificados como zona gris, ya que la fibra óptica no llega a todos los hogares.

1.445 pueblos implicados

En definitiva, una brecha que estos territorios deben salvar para poder afrontar con garantías los proyectos inteligentes que emanen de iniciativas como las de 'Smart Agro'.

El proyecto Smart Agro afectará de forma directa a más de 1.445 municipios que suman una población de 3.524169 habitantes.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha señalado que, con este acuerdo, "estamos poniendo en marcha una experiencia piloto y única en nuestro país con la que queremos promover medidas que transformen la cadena de valor del sector agroalimentario y que alcancen a todos y cada uno de los agricultores o autónomos de este sector".

El carácter estratégico del proyecto se justifica en impactos como una mejora en la calidad de la producción, siendo más eficiente y sostenible a través de herramientas inteligentes, la mejora del valor de los productos agrícolas garantizando la trazabilidad, la calidad y la transparencia, o una mejor venta a través de soluciones de comercio y marketing digital.

Además, la aplicación de todas estas medidas supone la alineación del sector agrario con las nuevas políticas europeas en materia de sostenibilidad, cambio climático y economía circular.

Por parte de la Diputación de Teruel, el diputado de Presidencia y Relaciones Institucionales, Antonio Amador, explica que "se trata de un proyecto muy interesante en el que, sin duda, la provincia de Teruel tiene que estar".

Colaboración y mapa de agentes

Según indica, "el sector agroalimentario es uno de los más importantes aquí, genera riqueza y nos define como territorio, demostrando además día a día una alta capacidad de innovación. Tenemos mucho que aportar".

Para el diputado de Presidencia, este tipo de acuerdos interinstitucionales suponen una fórmula muy adecuada "no solo para hacernos más visibles entre el conjunto de proyectos que van a optar a los fondos europeos de resiliencia, sino para abrir un foro en el que poner en común nuestras experiencias en este sentido".

Amador ha destacado las líneas de colaboración existentes ya con las empresas agroalimentarias a través de las Denominaciones de Origen y las indicaciones protegidas, así como otras apuestas por la formación de emprendedores y por la promoción de los productos.

 "El primer objetivo -revelan desde Teruel- es identificar un mapa de agentes que puedan contribuir a la iniciativa desde distintas ópticas".

Por cierto, además de las ocho diputaciones citadas, forman parte del proyecto la Universidad de Córdoba, la de Salamanca y el CEIA3 (Universidad de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén) y una treintena de entidades del sector de los territorios adheridos entre los que se encuentran la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), Indra Minsait, Covap, Telefónica, Covirán o BBK-Cajasur.