ilustración con el símbolo de Pegasus y el logo del CNI.
El juez pide interrogar al CEO de Pegasus ya que los datos de Francia no resuelven el 'hackeo' al móvil de Sánchez
Calama admite que el correo que infectó el móvil de Sánchez es el mismo con el que se espió a activistas saharauis contrarios a Marruecos, pero que es "imposible identificar al actor de la amenaza".
Más información: Agentes del CNI dicen que la presión política facilita "errores" como Pegasus o el crimen del desertor ruso.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que sigue el rastro de los posibles responsables del espionaje con el software Pegasus a los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha acordado solicitar más información a las autoridades francesas sobre la investigación que allí se lleva a cabo sobre el presunto espionaje a varios activistas prosaharauis.
El instructor ha acordado emitir una orden europea de investigación dirigida al vicepresidente de la División Económica y Financiera del Tribunal Judicial de París, encargado de la investigación por la infección llevada a cabo con el programa informático de origen israelí.
En su auto, Calama explica que los informes emitidos por el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ponen de manifiesto que el análisis de la información facilitada por las autoridades judiciales de Francia "no aporta ninguna novedad" sobre los datos que han podido ser extraídos de los teléfonos infectados.
Según el juez, el código dañino no deja registros de actividad en el sistema más allá de la cantidad de datos extraída y enviada a sus servidores de mando y control. Es, por tanto, "tanto, técnicamente imposible afirmar nada sobre la naturaleza de la información a la que hayan podido tener acceso los atacantes".
Asimismo, el juez expresa en su auto que el uso de software de tipo spyware comercial hace "prácticamente imposible la atribución e identificación del actor de la amenaza causante del ataque" por medios técnicos. Sí reconoce el magistrado la coincidencia de parte de la infraestructura utilizada y el uso de la dirección de correo linakeller2203@gmail.com para atacar los dispositivos objeto de estas actuaciones y los analizados por las autoridades francesas.
Tal y como publicó EL ESPAÑOL la presunta autoría marroquí venía siendo la principal hipótesis manejada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, una vez reabierta la causa el 23 de abril de 2024. Eso sí, esas fuentes lamentaban la "dificultad de demostrar la trazabilidad" que conduzca a la Inteligencia del reino de Mohamed VI. Pero sí constatan esa coincidencia, de la que es conocedor el juez Calama.
Concretamente, ese correo electrónico utilizado para infectar el móvil de Sánchez, Robles y Marlaska es el mismo cuyo rastro apareció en el espionaje a Claude Mangin, una activista francesa prosaharaui. También, a un diplomático del Frente Polisario, un periodista marroquí crítico con la monarquía de Mohamed VI que tuvo que huir a Francia y un alcalde del país galo.
Omicrono
El juez ha acordado emitir una orden europea de investigación con el fin de que Francia le proporcione una mayor cantidad de información sobre sus pesquisas en la instrucción del caso Pegasus en ese país. Calama quiere llevar a cambio "un intercambio más amplio de información" y así conocer el contenido que la mercantil NSO Group les facilitó sobre el control interno de dicho software.
También pretende obtener "un detalle más amplio" sobre las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas Informáticos (ANSSI).
De forma paralela, el magistrado ha emitido una nueva comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Israel en la que reitera la necesidad de contar con la información solicitada a NSO Group, empresa que ha desarrollado y comercializado el software Pegasus, y la declaración testifical de su chief executive order (CEO), con el fin de poder identificar a los autores de los hechos.
Con tales premisas, indica el auto, los informes del CNI concluyen que resulta imposible precisar relación alguna o vinculación de las infiltraciones a los teléfonos móviles objeto de la investigación judicial en Francia con la de los dispositivos móviles objeto de investigación en la presente causa.
En este punto, Calama considera que el avance de la investigación requiere llevar a cabo un intercambio más amplio de información con las autoridades francesas, y así conocer el contenido de la información que la mercantil NSO Group les facilitó sobre el proceso del control interno del software PEGASUS, y un detalle más completo sobre las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI).
Comisión rogatoria a Israel
Calama considera que resulta "imprescindible" la colaboración de las autoridades israelíes y los dueños de NSO Group para determinar la identidad de los autores de los hechos. Sería fundamental que Israel facilitase la información requerida a la mercantil que fabricó Pegasus y la declaración testifical de su CEO, quien se encuentra en territorio israelí.
El instructor indica que, en cumplimiento de los Convenios, Protocolos y Acuerdos vigentes en materia de asistencia penal, Israel debería dar cumplimiento a las diligencias interesadas o bien a exteriorizar las razones de su negativa.
Por último, en una providencia, el juez acuerda dar traslado a las autoridades judiciales de Francia de los informes emitidos por el Centro Criptológico Nacional-CNI para que, a la vista de su contenido puedan interesar, en su caso, una información complementaria.
