1.440 familias con cenizas de otros muertos podrán reclamar 2.000 euros a los 'juntacadáveres'

Si usted enterró a un familiar en el Parque Cementerio de Málaga en los 90 y descubre ahora que pudo ser víctima del fraude de las falsas incineraciones, sepa que aún tiene tiempo para reclamar. Aunque los responsables de la trama de ‘juntacadáveres’ descubierta en Málaga en 1997 fueron juzgados y condenados en el año 2006, la Sección Primera de la Audiencia ha abierto ahora un plazo extraordinario, hasta el 6 de octubre de 2020, para que todos aquellos que contrataron los servicios de las seis funerarias implicadas puedan acudir a reclamar.

Eso sí, el daño moral fijado en la sentencia para aquellos cuyos familiares fueron incinerados de manera ilegal, para aquellos que recibieron cenizas que no tenían ninguna relación con sus familias, o para quienes descubrieron que pagaron por una cremación mientras sus seres queridos seguían en sus nichos, apenas llega a los 2.000 euros por persona. Ese es el precio que deberán pagar los condenados a cada persona que acredite que solicitó en los 90 los servicios de La Popular, La Soledad de Málaga, La Nueva, Funema o Funesur, y que no pueda acreditar que las cenizas que se le entregaron eran las correctas.

Cifras escalofriantes

Las cifras del caso Parcemasa, uno de los más sórdidos que han pasado por una sala de vistas, son escalofriantes. La sentencia acredita que las seis funerarias implicadas se beneficiaron de la cremación ilegal de al menos 2.500 restos, gracias a la complicidad de un empleado del Parque Cementerio de Málaga que les esperaba cada noche en las instalaciones para aprovechar los hornos crematorios en horario nocturno y sacarse así un sobresueldo. Una señal con los faros de un vehículo funerario servía al trabajador para ponerse en marcha. Nadie se percataba del trasiego nocturno de coches de difuntos, porque por aquel entonces la vigilancia en el camposanto era casi inexistente.

Las funerarias pagaban al operario 60 euros por cada incineración irregular, ya fuera para una o para varias personas juntas. Se ahorraban así los 600 euros que cobraba el cementerio malagueño en los horarios habituales, y las tarifas que se pagaban en otros camposantos como los de Marbella, Sevilla o Alicante.

Con la excusa de abaratar la incineración las funerarias lograban precisamente de los familiares el permiso para exhumar y trasladar los restos a otras ciudades, y elaboraban más tarde documentos ficticios que acreditaban que el fallecido había sido cremado a cientos de kilómetros de Málaga, cuando en realidad no era así.

Cada noche, después de una o dos horas quemando restos de madrugada, Yepes –así se llamaba el empleado-, rastrillaba y limpiaba el horno crematorio para aparentar que no se había usado, metía las cenizas en unas bolsas de plástico y las llevaba al día siguiente a las oficinas de las funerarias correspondientes. Allí, calculando a ojo la cantidad adecuada, las funerarias repartían las cenizas en urnas, las etiquetaban y llamaban a los familiares para recogerlas.

Destapado el caso en 1997

El caso fue destapado oficialmente en el año 1997, pero ya en 1995 uno de los afectados había alertado de que al recoger las cenizas de sus difuntos padres le habían entregado una urna con tres nombres. Al dar las quejas, el personal de la funeraria retiró el recipiente y regresó de inmediato con otro con las etiquetas correctas. ¿Cómo habrían separado las cenizas de los tres difuntos? El afectado nunca lo supo.

Tras descubrirse la trama y arrancar las investigaciones se practicaron registros en las funerarias de la polémica. En una de ellas, La Popular, la Policía encontró un escenario dantesco: decenas de urnas repletas de cenizas sin identificar, cajas con restos humanos etiquetadas con nombres de personas supuestamente incineradas, urnas vacías con etiquetas de otros tantos difuntos… Era la prueba de un modus operandi llevado a cabo durante años y que reportó a las funerarias unos beneficios cercanos a los seis millones de euros.

Tras el escándalo y la estupefacción inicial, salieron a la luz cientos de casos sorprendentes. Como el de un vecino de Málaga que descubrió que no eran de su padre las cenizas que había esparcido en el Jordán, tras un largo viaje, para cumplir con el último deseo de su progenitor. El número de afectados que acudía cada día al Grupo de Fraudes de la Policía Nacional iba en aumento.

Cualquiera hubiera creído que al destaparse la trama el trasiego ilegal de cadáveres había concluido. Sin embargo, cuatro años y medio después del escándalo, el 18 de marzo de 2002, unos agentes de la Guardia Civil que hacían un control de carreteras rutinario hicieron detenerse al conductor de un Honda en el vecino municipio de Carratraca. Eran las tres y media de la tarde, y Francisco Escudero, el automovilista, sudaba, enormemente sofocado. Al pedirle que abriera el maletero los agentes quedaron atónitos; no había droga, como pensaban, sino cuatro grandes bolsas negras de plástico que contenían sudarios con restos humanos esqueletizados.

Escudero había sido hasta 1999 empleado de la funeraria Funesur, una de las implicadas en la trama, y la Policía acudió de inmediato a su domicilio tras obtener la preceptiva autorización judicial. Allí, en un arcón de madera situado en el patio, Escudero guardaba tres sudarios que contenían restos humanos igualmente esqueletizados.

En total, al empleado le fueron intervenidos doce cráneos en el vehículo y diecinueve en su domicilio. Su mujer, que posteriormente se separó de él, había descubierto que los malos olores de la vivienda procedían de una suerte de fosa que ocultaba su marido. Le exigió que se deshiciera de aquello, y fue entonces cuando en una fatal casualidad su coche fue detenido en un control de carreteras.

Indemnizados con 2.200 euros

No se ha sabido si fue el único empleado de una de estas funerarias obligado a ocultar restos en su vivienda. Tampoco si los ‘excedentes’ manejados por los implicados en el momento de ser descubiertos han sido arrojados en alguna parcela o en un terreno abandonado de algún municipio de Málaga. Lo que sí se conoce son los nombres de los 1.440 fallecidos cuyos familiares afectados no han acudido a reclamar, y que han sido publicados en un edicto por la Audiencia en un último intento de localizarles.

En febrero de 2005 concluyó, tras seis meses, el juicio contra los ocho acusados de la estafa, que fueron condenados a penas menores. El Supremo se encargó, además, de que la mayoría quedasen absueltos del delito de falta de respeto a los difuntos que desde el inicio se les había imputado. Algunas de las aseguradoras que se sentaron también en el banquillo como responsables civiles subsidiarias quedaron igualmente absueltas. La Justicia ha ordenado, sin embargo, que todos los afectados sean indemnizados con 2.000 euros. Poco dinero para no descansar en paz.