El Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en una fotografía de archivo en diciembre del 2025.
El Gobierno insta a las cárceles a facilitar la tramitación de solicitudes de regularización de los presos extranjeros
Más del 30% de la población reclusa en España es extranjera y supera las 15.000 personas.
Más información: Radiografía de los 500.000 migrantes de la regularización: el 90% latinos y 8.500 rusos y nórdicos de la Costa del Sol
El Gobierno ha dado instrucciones a las cárceles para que faciliten la tramitación de solicitudes de regularización de los presos extranjeros después de que uno de los principales socios parlamentarios del PSOE, Más Madrid, reclamara activar este mecanismo.
La medida, sin embargo, no ha sido anunciada oficialmente. EL ESPAÑOL ha tenido constancia de ella a través de una comunicación interna de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y del escrito remitido por el sindicato Tu abandono me puede matar (TAMPM).
La orden figura en un documento interno relativo a la aplicación del Real Decreto 316/2026, aprobado el pasado 14 de abril.
El texto, firmado por el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente Cuenca, insta a los centros penitenciarios a identificar a los internos extranjeros que puedan acogerse a procesos de regularización y a colaborar activamente en su tramitación.
Aunque no introduce cambios normativos, la instrucción sí tiene consecuencias operativas: obliga a las prisiones a implicarse en la gestión administrativa de estas solicitudes y a reforzar la coordinación con oficinas de extranjería y delegaciones del Gobierno.
El objetivo es evitar que los internos queden en situación irregular tras cumplir condena, un escenario que dificultaría su reinserción, según argumenta el documento al que ha tenido acceso este diario.
La medida afecta a un colectivo significativo. Más del 30% de la población reclusa en España es extranjera y supera las 15.000 personas. La mayoría procede de Marruecos y Argelia.
![Una ilustración que representa a varios detenidos.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/09\/19\/actualidad\/1003743933087_258850820_320x180.jpg"])
El movimiento del Ejecutivo ha abierto un frente con los trabajadores penitenciarios.
El sindicato TAMPM denuncia que la Secretaría General actúa con "celeridad" cuando se trata de medidas que benefician a los internos, mientras mantiene un "silencio sistemático" ante las reivindicaciones de los funcionarios.
La organización evita cuestionar el contenido de la regularización, pero critica la falta de respuesta a propuestas orientadas a mejorar las condiciones laborales.
Entre ellas, la concentración horaria para reducir desplazamientos —en muchos casos de hasta 50 kilómetros— o la reforma del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para reconocer a los funcionarios como agentes de la autoridad, bloqueada desde hace más de siete años.
Exigencia de Más Madrid
En paralelo, la cuestión de la regularización de extranjeros privados de libertad ya estaba sobre la mesa del Consejo de Ministros aunque no ha sido un debate público.
El pasado 15 de abril, Más Madrid registró en el Congreso una batería de preguntas para exigir al Gobierno que garantice el acceso a estos procedimientos a los migrantes internados en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
La formación alertó de posibles disfunciones en la aplicación del Reglamento de Extranjería y denunció casos en los que personas con arraigo acreditado siguen sujetas a órdenes de expulsión sin poder acceder a vías de regularización, lo que —a su juicio— podría vulnerar principios como la seguridad jurídica o la proporcionalidad.
Con todo, la instrucción de Instituciones Penitenciarias —conocida ahora por vías internas y sindicales— sitúa al Gobierno en un nuevo equilibrio político: atender las exigencias de sus socios en materia migratoria mientras afronta el creciente malestar de los funcionarios de prisiones.
