Última hora política, en directo | Más Madrid exige al Gobierno retirar de inmediato a la embajadora en Israel tras el ataque a diplomáticos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha admitido que "hay fuerza suficiente para aislar completamente a Israel" y ha pedido "dar más pasos" para aplicar otras sanciones y "llegar hasta el final".

Díaz ha insistido en actuar con Israel de la misma manera que con otros países que "vulneran la legalidad internacional". Además, ha vuelto a definir a Israel como "un Estado genocida" y ha tachado al primer ministro, Benjamín Netanyahu y a "más cargos" de su Ejecutivo como "criminales de guerra".

Durante una entrevista en el informativo '24 horas' de RNE, Díaz ha calificado de "valiente" la actuación del Gobierno respecto a su posición en defensa del "reconocimiento del Estado palestino" y "de la legalidad internacional".

"Creo que es absolutamente frustrante ver como ante toda la comunidad internacional Israel está violentando todas las costuras del derecho internacional", ha agregado la ministra, quien ha avisado también que es "una señal de impotencia brutal" si no se hace nada ante las advertencias de la ONU: "14.000 niños y niñas se pueden morir por hambre".

El Senado ha despedido a dos informáticos (un hombre y una mujer) por acceder a los ordenadores de varios senadores. También les denunciará ante la Fiscalía. Así lo trasladan a EL ESPAÑOL fuentes de la Cámara Alta, que confirman que así se ha resuelto el expediente contra ambos empleados públicos.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reunirá el domingo, 25 de mayo, al llamado Grupo de Madrid, que integran los países europeos y árabes que promueven la solución de dos Estados como vía para superar este conflicto en Oriente Medio y lograr un alto el fuego en Gaza.

Con esta reunión, España impulsa el diálogo "para poner fin a la catástrofe humanitaria" en la franja y avanzar hacia la solución política del conflicto con dos Estados, Israel y Palestina, "viviendo uno junto a otro en paz y en seguridad", según ha señalado el Ministerio este miércoles a través de un comunicado.

El objetivo es "seguir movilizando a la comunidad internacional" para acabar con los ataques israelíes en Gaza e impulsar un alto el fuego inmediato que permita la liberación inmediata de los rehenes aún en manos de Hamás y la entrada de ayuda humanitaria en la zona.

Después de su aprobación en el Congreso, la ley propuesta por el PSOE para disolver asociaciones franquistas avanza en el Senado tras la votación este miércoles del informe de ponencia, que ha incorporado al texto las enmiendas presentadas por el PP y que previsiblemente saldrán adelante luego en el pleno.

El PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, ha añadido a la ley procedente del Congreso sus seis enmiendas durante la reunión de la ponencia celebrada este miércoles en la Cámara Alta.

Las enmiendas del PP consideran que el texto llegado del Congreso es inconstitucional y plantean cambios profundos, como por ejemplo dejar de lado la reforma de la ley de asociaciones que plantea el PSOE y reformar en su lugar el Código Penal para introducir un nuevo supuesto penal de asociación ilícita.

La ley original del PSOE pretende reformar la ley orgánica reguladora del derecho de asociación para incluir como causa de disolución la apología del franquismo, adaptando así esta normativa a la ley de memoria democrática.

La diputada Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, ha reclamado al Ministerio de Asuntos Exteriores la retirada de inmediato a la embajadora en Israel Ana Salomon, después de que soldados israelíes hayan abierto fuego durante una visita a Cisjordania de diplomáticos, entre los que había un español.

Al respecto, ha pedido al Gobierno que adopte una posición "firme" frente a la ofensiva militar del Estado de Israel sobre la Franja de Gaza y Cisjordania.

Por ello, ha demandado al ministerio que dirige José Manuel Albares retirar a la embajadora "en señal de rechazo a las graves violaciones" del derecho internacional humanitario "cometidas por el Estado israelí". De hecho, Sidi ha registrado este mismo martes una pregunta parlamentaria dirigida al Ejecutivo en este sentido.

Para Más Madrid, la reciente agresión armada contra una delegación diplomática internacional en el campo de refugiados de Yenín "ha encendido todas las alarmas". "Disparar contra representantes internacionales es una línea roja inaceptable", ha ahondado.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado al responsable de la embajada de Israel en Madrid, Dan Poraz, tras el ataque israelí de este miércoles contra una delegación de diplomáticos europeos, americanos, árabes y asiáticos -entre ellos un español- en la Cisjordania ocupada.

Albares ha asegurado que le pedirá "claridad y responsabilidades" ante lo que ha calificado como un ataque "intolerable" por parte del Ejército de Israel.

Poraz, encargado de negocios en la embajada de Israel en España, sustituye desde mayo de 2024 a la que era la embajadora hebrea en el país: Rodica Radian-Gordon fue llamada a consultas después de que Pedro Sánchez anunciara que reconocería al Estado palestino. Desde entonces, no hay figura de embajador israelí en Madrid.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha mostrado convencido de que las filtraciones de conversaciones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro José Luis Ábalos, "no pueden venir" de agentes de la Guardia Civil. 

"Yo estoy convencido de que esas filtraciones no pueden venir de ningún miembro de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones, porque sería delictivo y sería faltar a la objetividad y a la neutralidad", ha expuesto en su comparecencia en el Congreso.

Lo ha dicho en respuesta al diputado de EH Bildu Oskar Matute, que ha afeado que los informes de la UCO de la Guardia Civil, a la que ha tildado de "UCO patriótica", en comparación con la llamada policía patriótica de la etapa del PP.

Marlaska ha mostrado su confianza hacia los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que investigan bajo la dirección de jueces y fiscales. "Mi confianza con la Guardia Civil y con todas sus unidades es absoluta, del 100%", ha indicado.

El diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha afirmado que España "debe solicitar a la ONU poder intervenir militarmente y ayudar a los palestinos" para frenar el "genocidio" de Israel.

Sus palabras, publicadas en su perfil de X, llegan después de que una delegación diplomática haya sido objeto de disparos por parte de soldados israelíes en una visita a Cisjordania. "Debemos ejercer la responsabilidad de proteger como ocurrió en Libia", ha apuntado Ibáñez.

Por otra parte, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha reaccionado también a estos disparos contra este grupo de diplomáticos para espetar, respecto a Israel, que "son los nazis del siglo XXI".

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha denunciado que "Israel ya ni disimula" y que "disparar contra una delegación de diplomáticos es una violación del derecho internacional muy grave": "¿Qué más tiene que pasar? Lo que acaba de ocurrir tiene que tener consecuencias inmediatas", ha apostillado.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado este miércoles que la actuación policial en la ciudad de Valencia por la que pide explicaciones al Gobierno de España el presidente de Colombia, Gustavo Petro, estuvo motivada por "una agresión que se estaba produciendo por arma blanca".

Petro publicó en su cuenta de X un vídeo en el que varios agentes usan sus porras contra algunas personas y lo acompaña con el texto: "Aquí la policía española ataca a cinco inmigrantes colombianos. Espero del Gobierno español una explicación".

El presidente colombiano se refiere a una operación llevada a cabo el pasado sábado en Valéncia en la que la Policía Nacional detuvo el a cinco personas, dos mujeres y tres hombres, de entre 25 y 53 años, dos de ellos como presuntos autores de un delito de amenazas con arma blanca y los otros tres por un delito de atentado a agente de la autoridad, en plena calle.

Según la versión policial, cuatro agentes resultaron heridos con diversos traumatismos y se intervino un cuchillo de 20 centímetros.

Bernabé ha señalado que "se produjo una actuación policial por una agresión que se estaba produciendo con un arma blanca", tal y como ya describió la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana el pasado lunes en un comunicado remitido a los medios.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado una partida de 35 millones de euros para "acompañar" a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas tensionadas en el marco de la Ley de Vivienda, una herramienta creada para intentar poner límite al precio de los alquileres en las grandes ciudades. 

Así lo ha comunidado este miércoles junto al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en el acto inaugural del salón Construmat, que se celebra hasta el jueves en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Así, se ha dirigido a Illa: "Cuentas con nuestra ayuda, con nuestra ayuda extraordinaria, por la tarea que tenemos por delante que hemos constatado que existe y que queremos solventar cuando antes", ha dicho en relación al problema de acceso a la vivienda.

Vox ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que le permita personarse como acusación popular en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La petición de Vox llega en un momento en el que la instrucción encara la recta final. Será el instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, quien acepte o deniegue la solicitud.

Las pesquisas se han centrado en la presunta filtración de la existencia de una investigación contra González Amador por presuntos delitos fiscales y del email enviado al fiscal del caso donde la defensa se ofrecía a reconocerlos a cambio de pactar.

En el caso figuran la acusación particular ejercida por González Amador y las acusaciones populares de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Manos Limpias, Hazte Oír y el Foro Libertad y Alternativa.

El magistrado de la Sala Penal del Supremo Julián Sánchez Melgar ha acordado este miércoles incoar diligencias previas para investigar al eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, y al empresario de criptomonedas Álvaro Romillo por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos políticos, delito electoral y delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Según confesó el propio Romillo, habría entregado a Pérez 100.000 euros para sufragar la campaña de la plataforma política de Pérez, Se Acabó la Fiesta” (SALF). Está agrupación electoral concurrió a las elecciones europeas del 9-J del 2024.

En el mismo auto, el juez Sánchez Melgar requiere a Luis Pérez para que en el plazo de cinco días manifieste si de manera voluntaria y antes de que pueda solicitarse al Parlamento Europeo la correspondiente autorización para proceder contra él, está dispuesto a comparecer ante el instructor. A la vista de lo que manifieste, el juez acordará lo que proceda.

En cuanto al PSOE, su personación como acusación popular en esta causa queda supeditada a que formule querella e interponga una fianza de 15.000 euros.

La jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha decidido dejar a la Abogacía del Estado y ha optado por contratar como abogado al que fuera fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos para defenderla en la causa donde el Tribunal Supremo la investiga junto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunta revelación de secretos.

Así consta en una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde se da cuenta de que Campos será ahora quien ejerza la dirección letrada de la defensa de Rodríguez. Fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias precisan que será quien la defienda en sustitución de la Abogacía del Estado.

Rodríguez es, junto a García Ortiz, la única imputada en la causa que dirige el magistrado del TS Ángel Hurtado por la presunta filtración contra Alberto González Amador, el novio de Ayuso.

Desde un principio, ambos han estado representados por la Abogacía del Estado, si bien Rodríguez ha decidido cambiar de cara a lo que fuentes jurídicas señalan ya como la recta final de las pesquisas. García Ortiz, en cambio, continúa defendido por los Servicios Jurídicos del Estado.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este miércoles que Israel cese sus actividades militares contra los civiles en Gaza y facilite la entrada de ayuda humanitaria.

En declaraciones a los medios tras participar en un acto celebrado en el Ateneo de Madrid y tras ser preguntado si el PP apoyaría que la UE replantee el acuerdo comercial con Israel, Feijóo ha dicho que su partido no ha cambiado de opinión sobre el conflicto de Oriente Medio.

"El principal enemigo del pueblo palestino es la organización terrorista Hamás y, dicho esto, es evidente que el Gobierno israelí debe de cesar sus actividades militares en contra de la población civil y facilitar la entrada de ayuda humanitaria", ha afirmado.

No hay que olvidar, ha insistido, en que "el principal problema y la causa de este conflicto es la organización terrorista Hamás", que "utiliza al pueblo palestino de escudo para conseguir sus fines".

Feijóo ha agregado que Israel tiene que parar sus actividades militares, distinguir el terrorismo de la población civil palestina y facilitar la ayuda humanitaria.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves su postura respecto a Israel y ha criticado la posición del Gobierno de Pedro Sánchez en este aspecto en materia internacional.

Ha asegurado que Sánchez hace política exterior selectiva y basada en cálculos políticos más que en principios. Lo ha hecho tras el Consejo de Gobierno celebrado de forma extraordinaria en el embalse de El Atazar, y en un momento en que el debate sobre las relaciones con Israel también ha generado fricciones internas en el Partido Popular.

Las palabras de Ayuso llegan después de que Borja Sémper se haya mostrado dispuesto a que el partido se plantee una revisión de las relaciones con Israel tras la última ofensiva militar en Gaza. Frente a esa posibilidad, Ayuso ha marcado distancia y ha centrado sus críticas en la supuesta incoherencia del Ejecutivo central.

“Me llama la atención que se señale a Israel mientras se mantienen relaciones con países que impiden que las mujeres participen en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos. Y todos aquí callados”, ha reprochado, poniendo el foco en regímenes que restringen derechos fundamentales y que, sin embargo, no reciben el mismo nivel de reproche desde el Gobierno de Sánchez.

La presidenta madrileña ha recordado que España sigue comprando armamento a Israel y que los lazos diplomáticos y comerciales no se han interrumpido, pese a las críticas que ahora se airean públicamente. “El Gobierno sigue comprando armas y manteniendo relaciones hasta que todo se hace visible”, ha señalado, cuestionando lo que percibe como una respuesta oportunista.

Ayuso también ha hecho alusión a la artista israelí que recientemente ha representado a su país en Eurovisión y que, en sus palabras, “está viva de milagro”. Ha lamentado las reacciones que ha generado su presencia y ha advertido sobre un clima de intolerancia creciente hacia cualquier expresión cultural israelí: “Se ponen bravos con ella”, ha dicho.

Por último, ha ironizado sobre la capacidad de influencia del presidente del Gobierno en la opinión pública: “Sánchez dijo por aquí, y toda España fue por allá”, ha resumido en relación al televoto de España que dio 12 puntos a Israel.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reclamado aplicar sanciones contra el "Estado genocida" de Israel, que está perpetrando una "matanza" en Gaza ante toda la comunidad internacional.

Por otro lado, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha cuestionado la lentitud de la Unión Europea para revisar el Acuerdo de Asociación con Israel, mientras que su homóloga en la cartera de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha demandado la ruptura de relaciones diplomáticas con el Gobierno hebreo.

En declaraciones a los medios antes de participar en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, Díaz ha subrayado que el Congreso admitió a trámite una proposición de ley para el embargo de compraventa de material militar con Israel y ha demandado que esta iniciativa se tramite por vía de urgencia.

La también ministra de Trabajo ha denunciado que Israel es ahora un "Estado genocida" que está "masacrando" a la población palestina en Gaza, desde la vulneración de la legalidad internacional. Es más, ha acusado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de sumir a 14.000 niños palestinos en riesgo de hambre.

Por tanto, ha sostenido que la comunidad internacional no está haciendo "lo suficiente" y, por tanto, exige que se le apliquen sanciones como se hizo con Rusia cuando invadió Ucrania, pues en materia de defensa de los derechos humanos no puede haber "relativismo".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este miércoles lo que considera una ofensiva personal orquestada desde La Moncloa contra ella. En una comparecencia posterior al Consejo de Gobierno celebrado de forma extraordinaria en el embalse de El Atazar, Ayuso ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaría impulsando una “persecución psicopática” contra ella. Actitud que respondería, a su juicio, al momento judicial que atraviesa el entorno más cercano del jefe del Ejecutivo.

Tras mencionar a la esposa o al hermano del presidente, Ayuso ha hecho alusión a la investigación abierta contra su entorno y ha vinculado esos ataques personales hacia ella con el tono empleado por el presidente en su intervención de esta mañana en el Congreso de los Diputados.

En sus palabras, el nerviosismo que percibe en Sánchez estaría relacionado con la situación de su mujer, así como con la de otros miembros relevantes del Partido Socialista, entre ellos su número dos en el Gobierno y el partido, el número tres de la formación y el fiscal general del Estado. Frente a esas circunstancias, Ayuso ha querido recalcar que ella no está siendo investigada.

La presidenta madrileña ha planteado que esta supuesta persecución tendría como objetivo desviar la atención sobre los problemas judiciales del entorno presidencial. Según su interpretación, Sánchez estaría intentando trasladar la presión a quienes considera adversarios políticos, en lugar de “asumir responsabilidades” en su propio ámbito personal y político. Esta estrategia, ha sugerido, se estaría ejecutando a través de descalificaciones personales e insinuaciones constantes.

Ayuso ha llegado a comparar el estilo del presidente del Gobierno con el del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Según ha señalado, ambos comparten un tono “nervioso” y “fuera de sí” cuando se dirigen a sus opositores, lo que a su juicio refleja una situación de debilidad.

Sumar, ERC, Podemos, Bildu y el BNG han pedido este miércoles a la Mesa del Congreso la tramitación urgente de la proposición de ley para el embargo de armas a Israel.

La iniciativa, impulsada por Sumar, ERC y Podemos, fue tomada en consideración por la Cámara este martes con el apoyo de estas formaciones, el PSOE y Junts.

La propuesta pretende reformar la ley de 2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso e introducir la figura del embargo para la venta, compra o intercambio de armas con países que vulneran gravemente el derecho internacional humanitario. 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles en el Congreso que ordenó "parar" de manera "inmediata" el contrato de munición con una empresa israelí ocho días después de que la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil lo licitara.

"Les diré que el 29 de octubre de 2024 (se licitó el 21) ordené de manera inmediata parar la tramitación del expediente y estudiar la mejor vía para su rescisión", ha subrayado el ministro ante el Pleno del Congreso, donde comparece a petición del Grupo Mixto, ERC y EH Bildu para explicar el "incumplimiento" del compromiso de no comprar material militar a Israel por el genocidio en Gaza.

Grande-Marlaska ha recalcado que durante seis meses su departamento exploró "todas las vías legales posibles para anular la adjudicación", pero al no encontrar ninguna que implicase un perjuicio patrimonial para la Administración consultaron a la Abogacía General del Estado, cuya recomendación fue formalizarlo.

El ministro ha admitido que este asunto "ha generado un problema" y que se produjo por "desajustes o errores puntuales" que no le ha importado "reconocer y asumir en primera persona".