El PP denuncia al fiscal general ante la Comisión Europea por "desvío del Estado de derecho" en el caso de la pareja de Ayuso

Y eliminar "dos veces" sus mensajes de WhatsApp y de correo electrónico el mismo día en que fue imputado por el Tribunal Supremo, un "evidente caso de obstrucción a la Justicia".

Así lo denuncian los populares en un escrito, al que ha tenido acceso este diario [consúltelo aquí en PDF], remitido al comisario de Justicia en la víspera de que el fiscal comparezca ante el Senado para dar cuenta de su conducta en este caso. En el documento, el PP demanda a Bruselas que "utilice los mecanismos a su alcance para proteger los valores fundamentales de la Unión".

El texto también alerta de que "la credibilidad de la UE está en juego". García Ortiz podría haber "vulnerado el principio de independencia judicial" consagrado en el artículo 19 del Tratado de la UE, el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y la propia jurisprudencia del TJUE, "al negarse a dimitir".

Pero la denuncia recuerda que la conducta del fiscal general, "imputado penalmente por revelar secretos para perjudicar a la oposición política" del Gobierno de Pedro Sánchez, "también compromete directamente la percepción de independencia del Ministerio Fiscal y mina la confianza de la sociedad en el sistema".

Por eso, se le advierte al comisario Michael McGrath, que es "aún más grave" que el Gobierno, "con el presidente al frente", esté contribuyendo a la "protección" del fiscal imputado "y ataque sistemáticamente la labor de los jueces" para ello.

La denuncia viene firmada por Dolors Montserrat, jefa de la Delegación del Partido Popular en la Eurocámara y vicepresidenta del Grupo del PP Europeo.

En ella, además, se le recuerda a la Comisión que "el pasado diciembre" ya se le instó a que pidiera explicaciones el Estado español por otro caso de posible "apartamiento del Estado de derecho", precisamente "porque los ataques a los jueces desde el Gobierno dañan la democracia" y debilitan las instituciones de la UE y su credibilidad.

El TC y Sánchez, acusados

Es más, el documento pone en conocimiento del Ejecutivo comunitario otra demanda presentada pro el PP, en este caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), hace apenas una semana. En ese caso, la acción judicial fue contra el Tribunal Constitucional (TC) por saltarse a la Justicia europea al avalar las reformas de Sánchez en el CGPJ.

Los populares pidieron a la Corte de Estrasburgo que examine si el TC vulneró el derecho a un proceso justo cuando se negó, "sin motivación", a plantear una cuestión prejudicial al TJUE sobre los cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial que arrebataron "competencias constitucionales" al CGPJ "a conveniencia del Gobierno".

El PP quiere que la Comisión evalúe el posible "retroceso democrático" en la España de Pedro Sánchez, también en el Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, al que tachan de "muy cercano al Gobierno".

La denuncia basa tal aseveración en que desde que el jurista preside esa institución "el Ejecutivo no ha perdido ninguno de los casos más ideológicos revisados ​​por el Tribunal, ni siquiera si ha sido necesario excluir expeditivamente a algún magistrado".

La Unión, recuerda el escrito, "se basa en valores como la Justicia y el Estado de derecho". Y si un tribunal actúa de forma arbitraria, se pone en riesgo la legalidad europea.

"La independencia del poder judicial implica la ausencia de presiones externas, incluidas las políticas", advierte el PP en su denuncia. Y por eso considera que el TC "podría haber vulnerado" el derecho "a un proceso justo y equitativo" de los populares, como recurrentes, tal y como establece el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos".

Aunque aún hay una tercera denuncia en el escrito del PP a la Comisión Europea. Porque los populares atribuyen toda la responsabilidad a que estas instituciones están colonizadas por el Poder Ejecutivo, al mando de Sánchez. 

"Detrás de todo ello está el hecho ineludible", afirma el documento, de que "procedimientos parlamentarios acelerados que limitan el debate público y parlamentario", por voluntad del Gobierno, están "afectando" al corazón del Estado de derecho.

Las tres acusaciones, en todo caso, exigen la reacción de Bruselas, "en un momento geoestratégico de máxima importancia para Europa".

El PP advierte de que los populismos ya están "destruyendo la imagen de nuestras instituciones" y es responsabilidad de Bruselas evitarlo. Y eso, advierten, sólo se puede hacer "demostrando que nadie está por encima de la ley": ni los políticos, ni el TC ni el fiscal general. 

Reunidos en diciembre

"Señor comisario", advierte el PP en su escrito, "no es tanto que un miembro de las más altas instituciones del Estado en el ejercicio de su cargo sea sospechoso" de revelar secretos de la pareja de Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Sino que el fiscal general, garante de la ley, "borró masivamente" sus comunicaciones, "no una, sino dos veces".

Para los populares, esta acción, certificada por un informe de la UCO de la Guardia Civil que obra en el sumario, "podría constituir ocultación o destrucción de pruebas", dos delitos recogidos en los artículos 413 y 451 del Código Penal español, "y demuestra una conducta constitutiva de obstrucción a la Justicia".

El comisario de Justicia, Michael McGrath, entre Dolors Montserrat y Javier Zarzalejos, en Estrasburgo. EPP

Montserrat, portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, reclama al comisario McGrath, que estudie la imputación del fiscal general del Estado como una "desviación del Estado de derecho en España".

Y señala en la misiva que  hay un "clamor" de las asociaciones de fiscales "que le piden su dimisión inmediata"por estar comprometiendo "la percepción de independencia" del Ministerio Fiscal y "minando la confianza de la sociedad en el sistema".

Fuentes del PP recuerdan a este periódico que, desde la llegada al cargo de McGrath, la líder popular "le ha mantenido plenamente informado de la grave situación de España". En diciembre pasado, el comisario de Justicia se reunió con Montserrat, que le demandó la intervención de la Comisión Europea en la evaluación de "la infame Ley de Amnistía" con la que Sánchez "compró su investidura".

Pero las preocupaciones de entonces se han agravado, aseguran las fuentes, y ahora "la Comisión debe emplear los mecanismos a su disposición", porque "un Poder Judicial independiente es esencial para asegurar que quienes cometan actos de corrupción sean llevados ante la Justicia, sin importar lo influyentes que puedan ser", advierte la denuncia del PP.