Actualidad política, en directo | El fiscal general asegura que no dimite porque sería "una concesión a los delincuentes"

El debate de las mociones sobre vivienda de Podemos y Vox en el pleno del Congreso de los Diputados ha derivado este martes, una vez más, en una confrontación entre los grupos políticos, que se culpan unos a otros de que se haya convertido en el primer problema de los españoles.

A falta de la votación, que se producirá este miércoles, todo apunta a que las recetas de Podemos y Vox serán rechazadas por la mayoría de la Cámara, dividida entre los que piensan que la falta de oferta asequible se debe a los "rentistas" y "especuladores" y los que la atribuyen a las medidas "intervencionistas" del Gobierno de Pedro Sánchez.

La exministra y portavoz de Podemos Ione Belarra ha equiparado este martes la política de vivienda del PSOE con la del PP y ha acusado a ambos partidos de fomentar durante décadas la especulación y defender a los rentistas, "porque ellos mismos son rentistas, Sánchez y Feijoo son rentistas y forman parte de esa minoría privilegiada que está robando el salario a miles de trabajadores a través de los precios desorbitados del alquiler", ha afirmado.

En su moción, Podemos propone rebajar por ley los alquileres un 40 %, prohibir la compra de vivienda si no es para vivir en ella, ilegalizar a grupos como "Desokupa", convertir los contratos de alquiler en indefinidos e incorporar los alquileres de temporada y de habitaciones a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

El Gobierno central ha abierto un nuevo frente contra la Comunidad de Madrid. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha solicitado la apertura de una investigación sobre las condiciones del Centro de Primera Acogida de Casa de Campo, acusándole de vulnerar los "derechos fundamentales de las personas menores de edad, así como una falta de atención al principio del interés superior del menor".

Concretamente, Rego ha enviado una carta a la Fiscal de Sala de la Unidad de Menores de la Fiscalía General del Estado, Teresa Gisbert, en el que se expresa preocupación por la situación del centro y se insta a la aplicación de posibles medidas cautelares.

"Hemos solicitado a la Fiscalía de Menores que investigue las condiciones en las que se encuentran los niños y niñas en el centro de acogida de Casa de Campo", ha anunciado Rego a través de su cuenta de Telegram.

La proposición no de ley impulsada por Junts en el Congreso de los Diputados que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza será debatida en el Pleno del próximo martes, 25 de febrero.

Según han confirmado fuentes parlamentarias, la formación liderada por Carles Puigdemont ha decidido introducir su propuesta en la sesión de la semana que viene. La ha sustituido por una proposición no de ley sobre costas que entraba de manera automática en el Pleno del día 25 por cupo y antigüedad en el registro.

Pese a no ser vinculante, la iniciativa de Junts sobre la cuestión de confianza ha sido objeto de un tira y afloja entre este partido y el Gobierno, contrario en principio a su tramitación.

El pasado día 4 la Mesa del Congreso admitió a trámite la proposición no de ley y, a cambio, los siete diputados de Junts apoyaron en el pleno el decreto del Gobierno para salvar medidas del decreto ómnibus como la revalorización de las pensiones.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado en el Senado que, aunque dimitir "sería más cómodo" desde el punto de vista personal, no va a hacerlo porque estaría "haciendo una concesión a los delincuentes" y colocaría a la institución en una "situación de debilidad".

"El fiscal general ni huye ni se esconde", ha dejado claro García Ortiz en respuesta a las críticasrecibidas por las portavoces del PP y de Vox en la comisión de Justicia del Senado, en la que comparece este miércoles para dar cuenta de la Memoria de la institución.

Ante la reiterada pregunta de por qué no dimite, el fiscal general ha querido dejar claro que esa sería la decisión más cómoda, desde el punto de vista personal y familiar, pero con ello "estaría haciendo una concesión a los delincuentes" que verían una debilidad en la institución, cuando "la Fiscalía debe mostrarse fuerte, muy fuerte".

Cuestionado por su decisión de no contestar a las preguntas del juez del Tribunal Supremo que le investiga por presunta filtración de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el fiscal general ha señalado que "no es ninguna afrenta a nadie", sino una decisión amparada por un derecho constitucional que pertenece a todos los ciudadanos.

El fiscal general ha reclamado el respeto a la presunción de inocencia después de que algunos senadores como la de Vox le acusaran de haber borrado mensajes de su teléfono cuando se le abrio una investigación por la filtración de datos del novio de Ayuso.

También ha reiterado que tenía derecho y obligación de borrar los chats y correos de sus dispositivos para proteger los datos de los que es "custodio". "Por lo tanto, borro tanto porque es mi derecho a disponer de mi intimidad (...) como porque cumplo las previsiones legales para proteger mis datos y los datos de los que soy custodio", ha explicado.

Así, ha insistido en que borra "regularmente" los datos contenidos en su teléfono móvil, al tiempo que ha aclarado que su cuenta personal de correo electrónico no la borró al calor del inicio de las pesquisas en su contra, el pasado octubre, sino "el 27 o el 28 de diciembre" ante "el acoso" que asegura haber vivido después de que se revelaran sus datos personales.

"Es demasiado fácil meterse con el fiscal general". Así ha respodido en su turno de réplica, Ávaro García Ortiz a las críticas personales y profesionales, "algunas muy duras" ha dicho, lanzadas por los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión de Justicia en el Senado.

"Yo no me puedo defender porque no puedo salir al campo político, independientemete de mi imputación, porque perdería la condición de mi cargo que es la neutralidad". ha subrayado.

Además de esta neutralidad, ha subrayado que si a ello se le añade estar inmerso en un proceso penal, pues se complica aún más "explicar lo que no puede explicar".

La senadora de Vox,  Paloma Gómez, ha pedido también la dimisión de Álvaro García Ortiz. La senadora ha insistido en preguntar al fiscal general por qué sigue "amarrándose a su cargo". "¿A quién está protegiendo usted?, ¿qué email o WhatsApp quería que no se supiesen?, ¿qué contenido tenían?", le ha increpado.

Gómez ha calificado dicho borrado de "bastante torpe" y ha asegurado que García Ortiz actuó con nervios al "formatear el móvil dos veces" después de conocer su imputación en el Supremo. "Con todo este asunto, usted ya tiene la vida y el prestigio totalmente destrozado. ¿Realmente le merece la pena?", le ha preguntado.

Al hilo, la senadora de Vox le ha preguntado también si está "al lado de la verdad o al lado de la fábrica de fangos de Moncloa". Con todo, ha señalado que el "debate" en este caso es el de "saber si se trata de alguien malo o alguien torpe". "Sinceramente creo que se junta la maldad con la torpeza", ha apuntado, para luego incidir en que debería de "haber dimitido hace mucho tiempo".

La portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Senado Pepa Pardo ha cargado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que ha calificado como una "anomalía democrática". Así ha denunciado que es sólo es el primer fiscal general imputado de la democracia por "haber difundido datos personales de un particular y no por desmentir un bulo" con un sólo objetivo, la "destrucción del rival político".

La senadora popular ha recordado además que ha sido el primer fiscal en ser declarado no idóneo para el cargo por el CGPJ así como su reacción "furibunda" ante esta decisión cargando contra el Poder Judicial al que acusó de ser un 'tribunal de honor'.

"Usted no es el fiscal general del Estado, sino el fiscal general de Sánchez", ha reprochado Pardo, quien citando al presidente del Gobierno ha repetido su célebre declaración "¿De quién depende la Fiscalía", desatando los aplausos de sus compañeros de filas en la Comisión de Justicia.

"Por salud democrática, usted debería haber dimitido hace mucho", ha sentenciado, reprochando además que borrara mensajes de su teléfono el día en que se abrió la investigación contra él. 

El concejal de Junts en el ayuntamiento de Ripoll (Girona), Ferran Raigon, ha negado este martes que hayan roto "ningún pacto" con otros grupos de la oposición al descartar la posibilidad de impulsar una moción de censura contra la alcaldesa del municipio, Sílvia Orriols (Aliança Catalana).

"De pacto suscrito no había ninguno. No se ha roto ningún pacto. Ha habido conversaciones. Hemos tomado una decisión y estamos convencidos de este cambio. Un cambio que si debe ser, será en 2027 y en las urnas, no en los despachos", ha recalcado en rueda de prensa junto con el resto de concejales del partido en Ripoll y el secretario general de Junts, Jordi Turull.

Según Raigon, la decisión de descartar la moción de censura es conjunta entre el grupo municipal y la dirección del partido, negando así que se haya tomado "desde Barcelona".

Hasta ahora la intervención del fiscal general del Estado, cuya salida ha sido demandada por un tercio de la cúpula de la institución tras su declaración en el Tribunal Supremo, se ha limitado a defender la imparcialidad del Ministerio Público, además de desgranar la Memoria de la institución en 2023.

Sin embargo, no hay duda de que, tras su primera intervención, los senadores pondrán el foco en su imputación en el Supremo por presunta revelación de secretos sobre la causa judicial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, un procedimiento en el que él mismo ha denunciado recientemente la filtración de datos personales suyos y de terceros.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha subrayado que "el Ministerio Fiscal, los hombres y las mujeres que lo integran, siempre estarán, siempre contribuirán con su trabajo y dedicación, a la garantía y la protección de los derechos de todas las personas, sin distinción y desde el respeto al ordenamiento jurídico".

"La ciudadanía debe conocer que el Ministerio Fiscal ha actuado, actúa y actuará, porque así debe hacerlo, de forma imparcial y sometido únicamente al imperio de la ley", ha manifestado, al tiempo que ha asegurado ser consciente de que los españoles esperan de la Fiscalía "un trabajo serio y responsable".

Ha incidido en que la ciudadanía espera también un "esfuerzo colectivo que exige una justicia garantista, efectiva, eficaz, pronta e igual para todos y todas, no la justicia de los salones de los palacios, sino la que demanda una sociedad democrática y plena en el ejercicio de sus derechos".

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reivindicado este martes en el Senado, en su primera comparecencia en las Cortes Generales tras su imputación en el Tribunal Supremo (TS), que "las noticias o la información que tergiversan la realidad son un auténtico problema para la democracia".

Así se ha pronunciado en el marco de la Comisión de Justicia del Senado, a la que ha asistido para presentar la Memoria anual de la Fiscalía referida a 2023.

García Ortiz ha aprovechado su intervención, antes de desglosar los datos de la Memoria anual, para señalar que las nuevas formas de comunicación, las vías de acceso a la información y la gestión de los datos "han aumentado exponencialmente los peligros a los que una sociedad puede verse sometida si los mecanismos de control no se gestionan adecuadamente".

El fiscal general ha incidido en que dichos peligros pueden "poner en riesgo nuestras democracias, tal y como ha reconocido el Parlamento Europeo". En este punto, ha hecho referencia al Eurobarómetro, que apunta que el 81% de los ciudadanos de la Unión Europea está de acuerdo en que "las noticias o la información que tergiversan la realidad son un auténtico problema para la democracia".

Con todo, ha asegurado que "frente a determinados discursos que pretenden socavar nuestras instituciones" y "nuestra propia convivencia", el sistema "resiste". "Nuestro Estado Social y Democrático de Derecho resiste", ha recalcado.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este martes en Bruselas que el Gobierno está todavía "dentro de plazo" para acceder a 23.900 millones de euros del plan de recuperación y resiliencia.

"Todavía estamos dentro de plazo en relación a cumplimiento del quinto pago", ha destacado Cuerpo en la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE, el Ecofin.

El principal requisito para el desembolso de este quinto tramo ampliado es la reforma fiscal, que debe incluir la subida del impuesto sobre el diésel, una medida que carece de apoyos suficientes para salir adelante en el Congreso de los Diputados.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comparece este martes por vez primera en sede parlamentaria desde que el pasado octubre el Tribunal Supremo abriera una causa contra él por un delito de revelación de secretos, en relación a la causa por fraude fiscal contra la pareja de Isabel Diaz Ayuso.

García Ortiz está citado a las 16:00 horas en la Comisión de Justicia del Senado para dar cuenta de la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2023, un trámite que estaba pendiente desde hacía meses, si bien el orden del día recoge un epígrafe para que informe "de su gestión al frente de la Fiscalía".

Más allá de presentar la Memoria, la comparecencia se prevé tensa habida cuenta de que el PP ha pedido varias veces su dimisión tras ser imputado por el juez Ángel Hurtado, por lo que es previsible que aborde directamente la causa abierta contra él en el Supremo.

Todo esto se produce con el telón de fondo de su investigación por el juez Hurtado quien, precisamente, este lunes ha impulsado nuevas diligencias para indagar en los móviles de García Ortiz y tras conocerse, según un informe de la UCO, que borró los mensajes de su móvil el día que el magistrado abrió la causa penal.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este martes una nueva ley de fiscalidad agraria para luchar contra el "abandono de las explotaciones agrarias por el incremento de los impuestos y los costes en general".

El líder de la oposición ha anunciado este proyecto tras una visita la empresa agrícola García Aranda S.L., ubicada en Librilla (Murcia), y después de haber mantenido una reunión con miembros del sector agroalimentario de la Región. Así, esta propuesta de ley consta de cinco medidas orientadas a "aliviar los costes de la agricultura en España".

La primera medida consiste en "ampliar el umbral de ingresos de agricultores y ganaderos para que puedan seguir tributando por el sistema de módulos", explica Núñez Feijóo. "No podemos penalizar con más asfixia fiscal el incremento de los costes producido por la inflación".

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho que su formación está a la espera de escuchar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Parlamento para posicionarse sobre un posible aumento en gasto militar.

A su llegada al pleno del Congreso, Rufián no ha precisado su posición ante una posible propuesta del Gobierno para aumentar el gasto en defensa ni sobre un hipotético envío de tropas a Ucrania, pero ha demandado "más eficiencia" en el presupuesto militar.

Así, ha dicho que su formación espera las explicaciones de Sánchez en el Congreso sobre su participación en la reunión de líderes europeos para abordar el conflicto en Ucrania celebrada el lunes en París.

Además, ha pedido una posición "firme y común" de la UE que "plante cara" a las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y ha dejado claro que ERC es antifascista "desde hace más de 90 años" y no tiene intención de cambiar de opinión al respecto.

La Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la propuesta de Podemos de ilegalizar las empresas de "desokupación" y tipificar su actividad como delito de odio, con la abstención del PSOE, que ha asegurado que ya está tomando medidas para "acabar con esos colectivos nazis y paramilitares".

Durante el debate, la exministra y portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha sostenido que estas empresas son "organizaciones parapoliciales fascistas violentas" y que su existencia legal es un "problema democrático gravísimo".

El PP ha replicado que con el Código Penal en la mano se les podría imponer 27 años de prisión, mientras que con la propuesta de Podemos "serían solamente cuatro años por delito de odio". "Con ustedes los delincuentes tienen un chollo", le ha dicho el diputado del PP Daniel Pérez Osma a Belarra.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha afirmado que su formación apuesta por una autonomía estratégica de la UE en materia de seguridad, pero rechaza que se haga a costa de más gasto militar que contribuya al belicismo.

En su lugar, ha desgranado que para la formación "no se trata de gastar más", sino de "gestionar mejor" y ser "eficientes" en materia de inversión en defensa.

"Europa tiene que apostar por la seguridad y no por el belicismo. Necesita una política de seguridad y defensa propias, necesita una posición de autonomía estratégica (...) Eso no se hace con más gasto militar, se hace siendo eficientes", ha enfatizado.

En rueda de prensa en el Congreso, Martínez Barbero ha desgranado que lo esencial par Europa es no depender de "quien gobierna en la Casa Blanca", algo que "no está relacionado con el incremento o no del gasto militar, sino con la eficiencia del gasto militar". "Es lo que nosotras queremos hablar en el ámbito del Gobierno", ha agregado.

"Valladolid está a un paso", ha proclamado este martes el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, desde el patio de la Real Casa de Correos, en un acto único y sin precedentes: la presentación de la Semana Santa de Valladolid y su pregón inaugural en una región vecina; fuera de sus grandes iglesias y alejada de la imaginería que, en dos meses, inundará las calles vallisoletanas.

Sin incienso, tambores o clarines, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han hecho de maestros de ceremonias en este acto que ha sido un homenaje a la penitencia de las siete palabras y el espíritu cofrade desde el kilómetro cero de España. 

La presidenta, acostumbrada a aprovechar estos eventos para reivindicar las raíces cristianas de la cultura española, ha reivindicado la Semana Santa como una parte esencial del "alma de España". "La civilización no se entiende sin el cristianismo", ha destacado la líder de los populares madrileños ante una decena de cofrades y autoridades. 

"España se siente orgullosa de su herencia y convive con ella pasando el entusiasmo de generación en generación", ha subrayado la jefa del Ejecutivo autonómico, quien, además, ha destacado que "celebración de la Semana Santa es un acto de libertad; libertad de expresión, de conciencia y creación artística".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informará a los grupos parlamentarios cuando el Consejo Europeo adopte una decisión sobre la guerra de Ucrania y la posibilidad de enviar tropas.

"Cuando se tomen decisiones de calado se informará como se ha venido haciendo puntualmente a todos los grupos parlamentarios", ha señalado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en una jornada en la que Rusia y EEUU se reúnen sin Ucrania ni Europa para abordar la guerra.

Una respuesta que ha dado la ministra al ser preguntada por si Sánchez tenía pensado dar cuenta de manera personal a Alberto Núñez Feijóo de lo que se habló en París al tratarse de una cuestión internacional muy importante.

Alegría ha insistido en que la cita en la capital francesa fue una reunión informal, igual que la que mantuvo hace un par de semanas en Bruselas: "Cuando haya decisiones formalizadas, por supuesto, se informará a todos los grupos parlamentarios, como se ha venido haciendo de una manera además habitual".