Actualidad política, en directo | Óscar López descarta que el Gobierno vaya a rectificar la tributación del SMI en el IRPF

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha propuesto al Partido Popular durante la Comisión de Sanidad celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados que apoye el modelo de autojustificación o autobajas que contempla el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 para avanzar en la desburocratización de este nivel asistencial.

"Estaríamos encantados de que ustedes nos apoyaran con lo relacionado con la declaración responsable de la ausencia laboral de baja duración para enfermedades leves, como ya hemos comentado en alguna ocasión. Creo que ese es uno de los pocos elementos que tenemos para disminuir actuando en el ámbito de la demanda y, si ustedes nos van a apoyar en ese respecto, estaríamos encantadísimos, sin lugar a dudas", ha señalado.

Esta ha sido una de las medidas a las que ha apuntado Padilla en respuesta a la pregunta del diputado 'popular' Antonio Román, que ha cuestionado al secretario de Estado sobre las previsiones que tiene Sanidad de materializar alguna medida que permita a los especialistas en Atención Primaria sentir orgullo por su profesión.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha descartado rectificar la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) en el IRPF y ha rebajado los choques con Sumar, su socio de coalición. "Los acuerdos están alcanzados y el Gobierno ha tomado las decisiones", ha zanjado.

En declaraciones a los medios antes de asistir a la presentación de la biografía del activista y exdirigiente socialista Pedro Zerolo, que se ha celebrado este miércoles en el Instituto Cervantes, el ministro ha negado que le preocupe que se aireen las diferencias entre PSOE y Sumar, y ha mostrado su "orgullo" por que España suba el salario mínimo o las pensiones.

López ha contrapuesto la imagen que tiene España en el ámbito internacional, donde "hay reconocimiento de la buena marcha económica del país, el crecimiento del empleo o el avance de la justicia social", en contra del "fango interesado" que alimentan desde la oposición. Además, ha recordado que la subida del SMI no ha destruido empleo. "Siento orgullo", ha apostillado

Cuestionado por las diferencias con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el ministro ha negado choques con Sumar. "Algunos llevan siete años esperando que no funcionara un Gobierno de coalición progresista y sigue funcionando muy bien", ha enfatizado.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este miércoles que España y Marruecos trabajan para que no haya "vuelta atrás" después de que la víspera se produjera el primer paso de mercancías por la aduana de Ceuta, donde no había existido ninguna, y el segundo por la de Melilla, donde Rabat la cerró en 2018.

Desde Paris, donde participa en una reunión con varios homólogos europeos, Albares ha confirmado que ayer cruzó hacia territorio marroquí desde Melilla un nuevo camión con mercancías y "por primera vez en la historia un paso de mercancías desde Ceuta hacia Marruecos".

"Las aduanas tanto españolas como marroquíes siguen trabajando conjuntamente con total normalidad para que continúen los pasos de mercancías a través de las aduanas" en ambas ciudades autónomas y "para que sea así en adelante y sin ninguna vuelta atrás", ha puntualizado el ministro.

La apertura de las aduanas era uno de los puntos principales de la declaración conjunta suscrita por los dos países el 7 de abril de 2022 tras la reunión mantenida entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Mohamed VI con la que se puso fin a la crisis diplomática y se abrió una nueva etapa en la relación.

El Partido Popular ha acusado este miércoles al Gobierno de buscar que el catalán sea impartido como asignatura optativa para los alumnos españoles de las Escuelas Europeas como un "caballo de Troya" para lograr su reconocimiento como lengua oficial de la Unión Europea, ya que la oficialidad de las lenguas oficiales requiere una reforma del reglamento de lenguas de la Unión para la que de momento no hay unanimidad de los Veintisiete.

"Es un truco de trilero para ganar tiempo, porque sabe perfectamente que para que el catalán sea oficial en Bruselas, necesita una aprobación del Consejo y el apoyo completo del Parlamento que no va a conseguir", ha criticado al eurodiputada Alma Ezcurra, en una valoración a los medios.

La eurodiputada ha afeado que "todo lo que viene de Pedro Sánchez tenga siempre un doble fondo" e interpretado la petición de que el catalán se imparta como 'Otra Lengua Nacional' (ONL, por sus siglas en inglés) en las Escuelas Europeas como un "caballo de Troya" para dar "proyección e intentar colársela a sus socios y estafar a los españoles".

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que Vox es el "socio prioritario" del Partido Popular de cara a la aprobación de los presupuestos de 2025.

Mazón se muestra muy confiado, y cree que tanto PP como Vox serán "capaces" de sacarlos adelante "con el esfuerzo de todos".

En esta línea, el presidente de la Generalitat ha subrayado que ambos partidos políticos se encuentran "en un marco de diálogo".

El secretario autonómico de Hacienda del Gobierno valenciano, Eusebio Monzó, ha alertado de que la propuesta para el cálculo de la población ajustada que el Ministerio ha llevado a la reunión de este miércoles no garantiza a la Comunitat Valenciana mejorar su situación actual. 

En su lugar, según Monzó, genera diferencias de necesidades de gasto por habitante de hasta dieciséis puntos porcentuales frente a los once puntos que existen en la actualidad, e insta a la ministra de Hacienda a aclarar si su propuesta de reforma es compatible con la "financiación a la carta" para Cataluña.

"La propuesta que el Gobierno nos ha puesto sobre la mesa no beneficia en absoluto a la Comunitat Valenciana, porque es tan abierta que, en función de cómo se cierre, puede agrandar aún más las injustificables diferencias actuales y hundir todavía más a la Comunitat Valenciana", ha manifestado. 

La comisión parlamentaria de investigación sobre los atentados yihadistas perpetrados en Las Ramblas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) en 2017 que causaron 16 muertos citará al expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont el 18 de marzo y, una semana después, al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que cerrará las comparecencias.

El interrogatorio de los diputados a Rajoy será el último de los diez que tiene pendientes la comisión, a la que precisamente este jueves asistirá, con medidas de seguridad y engrilletado, Mohamed Houli Chemlal, uno de los dos terroristas supervivientes que fue condenado a 43 años de prisión.

Fuentes parlamentarias han indicado que restan cinco sesiones para terminar los trabajos de la comisión, que escuchará el 25 de febrero al director general de la Policía cuando se perpetraron los atentados, Germán Iglesias, y a su jefe superior en Cataluña entonces, Sebastián Trapote.

Ya en marzo, la comisión celebrará las últimas tres sesiones de comparecencias: el 11 de marzo acudirán el excomisario de Información de la Policía Enrique Barón y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, y el 18 será el turno, según la propuesta de la mesa de la comisión, de Puigdemont y Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno con Rajoy.

El expresidente acudirá el 25 de marzo a las 13.00 horas después de que responda a los diputados Enric Millo, el que fuera delegado del Ejecutivo en Cataluña hace ocho años.

Podemos ya ha abonado la fianza requerida por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja para personarse en la causa que investiga la gestión de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre.

Según ha explicado la formación política, el partido ya ha hecho efectivo el pago y la jueza ha aceptado su personación como acusación popular en la investigación por la dana.

Cabe recordar que las trágicas inundaciones dejaron 224 víctimas mortales y tres desaparecidos, que ya se pueden dar por fallecidos al haber transcurrido tres meses desde los hechos; además de daños materiales millonarios.

El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles, con los votos de los partidos del Gobierno y sus socios parlamentarios, la reprobación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que había sido promovida por el PP y que sólo ha encontrado el apoyo de Vox y de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

En concreto, el Grupo Popular buscaba la censura de la Cámara al máximo responsable del ministerio público por utilizar su cuenta personal de correo electrónico para recibir "datos protegidos" sobre Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Los 'populares' incluyeron esta reprobación en la moción consecuencia de la interpelación que la diputada Cayetana Álvarez de Toledo dirigió al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el pasado mes de diciembre, en el último Pleno de 2024.

Esta era la segunda vez que el PP intentaba que la Cámara Baja reprobara al fiscal general del Estado, una censura que sí salió adelante en el Senado, donde los 'populares' gozan de mayoría absoluta.

El grupo parlamentario del PP en Les Corts solicitará a la Agencia Valenciana Antifraude que dirige Eduardo Beut el expediente de investigación que afecta a tres ex altos cargos del Gobierno de Ximo Puig por haber cobrado el "plus de residencia" de forma "indebida". 

En concreto, la resolución del órgano señala a Rafael Climent, Enric Nomdedéu y Rosana Seguí, a quienes reclama la devolución de 140.000 euros cobrados, según Antifraude, en concepto de "indemnización por causa de cambio de residencia". 

Los tres exdirigentes habrían percibido estos complementos al acceder al cargo para sufragar los gastos que conlleva cambiar de domicilio habitual. Sin embargo, no justificaron "dicho cambio ni los gastos en los que se incurrió", expone el informe adelantado por EL ESPAÑOL.

Durante unas horas, las últimas del martes y las primeras del miércoles, el Congreso de los Diputados volvió a 2019. Regresó el debate sobre la energía atómica, el apagón nuclear y volvieron a rondar los mismos argumentos a favor y en contra que ya se escuchaban en España durante la puesta en marcha de los primeros reactores, a mediados de los años sesenta. También regresó la oposición a cerrarlos. 

El calendario escalonado de cierre de las centrales (principalmente, por razones geoestratégicas), firmado en los meses previos a la pandemia por Teresa Ribera y continuado ahora por Sara Aagesen, sigue teniendo plena vigencia en el Ministerio de Transición Ecológica y en la política general del Gobierno. Con una diferencia: cuando se firmó el plan, Junts no era un socio prioritario.

Los independentistas catalanes han brindado al Gobierno su primera derrota parlamentaria del nuevo periodo de sesiones y la segunda del año, tras el sonoro fracaso del decreto ómnibus a finales de enero. La votación, que no es vinculante, era una proposición no de ley (PNL) del PP que plantea extender la vida útil de las centrales más allá de 2035, como propone el plan actual.

Ahora sí. El Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles el llamado decreto ómnibus que había tumbado el pasado 22 de enero. El Ejecutivo ha logrado sacarlo adelante en esta ocasión, gracias al voto a favor de PP y Junts, partidos que lo rechazaron en la anterior votación.

El decreto ha sido aprobado con 315 votos a favor y sólo los 33 de Vox en contra. A pesar del respaldo de la Cámara Baja, se trata de una victoria muy descafeinada para Pedro Sánchez. Tanto, que es difícil llegar a considerarlo una victoria. El decreto votado este miércoles contiene sólo 29 de las 80 medidas que el Gobierno quería aprobar en enero.

Las presiones de Junts han obligado al Ejecutivo a rebajar drásticamente el número de medidas y retocar el decreto. Además, el PP no se mostraba dispuesto a salvar al Gobierno tras ser abandonado por sus socios de investidura, por lo que el Gobierno ha aprobado lo que ha podido, no lo que quería.

El exconseller Toni Comín ha denunciado este miércoles que ha habido "diversas incidencias" en las elecciones a la presidencia del Consejo de la República, tanto en la campaña como en el periodo de votación, y ha reclamado una auditoría.

El abogado Jordi Domingo ha vencido en las elecciones internas a la presidencia del Consejo de la República, en las que ha sido el candidato más votado con el 65,85% votos, por delante de Montserrat Duran, con el 22,7%, y de Comín, que ha quedado en tercer lugar con el 9,19% de sufragios.

En un comunicado, Comín ha asegurado que estas incidencias han afectado los derechos de los electores y la "neutralidad exigible a un proceso electoral".

La Dirección de Supervisión y Control de Datos del Consejo General del Poder Judicial ha acordado iniciar actuaciones previas tras la reclamación realizada por el fiscal general, Álvaro García Ortiz, por la puesta a disposicion de sus datos personales a las partes que intervienen en el procedimiento en el que se le investiga, precisamente, por revelación de datos reservados de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El organismo del CGPJ encargado de la protección de datos recibió el pasado viernes una queja por escrito del fiscal general en relación a la entrega a las partes de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el tráfico de llamadas del fiscal general en las fechas en las que se filtró a la prensa información sobre el expediente por fraude tributario abierto al empresario Alberto González Amador, novio de Díaz Ayuso.

El informe de la UCO incorporaba varios anexos an los que aparece el tráfico de llamadas del fiscal general y la identificación del titular de la línea telefónica a la que él llama o desde la que le llaman, junto con el dato de las direcciones particulares de todos ellos.

Figura, así, en esos anexos al informe de la UCO el domicilio de García Ortiz. Pero también el de los titulares de los números de teléfono a los que el fiscal general ha contactado o que le han contactado a él, incluido el de su propio jefe de escoltas.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha calificado la sentencia del Supremo que confirma la condena de cuarto años y medio de cárcel contra el expresidente del Parlament, Laura Borràs, como "un episodio más de la dinámica de rebeldía y fanatismo política en el que está instalada la Sala Segunda del Supremo".

"La Justicia se va consolidando como el Guantánamo de la Justicia europea", ha afirmado para denunciar que "estamos ante un caso de lawfare de manual".

Misma línea mantiene la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. "No hay justicia en España si eres independentista. La cúpula judicial española prevaricando y algunos todavía se callan", ha escrito en redes sociales. 

Por su parte, el presidente del Parlament, Josep Rull, cree que ha habido lawfare. "El enésimo capítulo de esta causa general donde el lawfare se convierte en una apisonadora de derechos y libertades, una herramienta para abatir la discrepancia política", ha afirmado. 

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles que Pedro Sánchez no quiera dar explicaciones de "absolutamente nada" y le ha pedido que "recapacite".

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que el presidente no haya comparecido en el juzgado para un acto de conciliación con Alberto González Amador, el novio de Ayuso, como paso previo a la interposición de una querella por llamarle "delincuente confeso". Además, Sánchez ha sido citado también en la Asamblea en la comisión que investiga el papel de su mujer en la Universidad Complutense de Madrid.

"Pedro Sánchez, que presume mucho de transparencia y de rendir cuentas y de dar explicaciones, realmente todos sabemos que de lo que alardea es de lo que carece. No suele dar cuenta de nada, no suele dar explicaciones de absolutamente nada y, por tanto, no nos sorprende que no acuda a la Asamblea de Madrid como no nos sorprende que no acuda al juzgado", ha afirmado el consejero.

Espera que Sánchez entienda que los españoles "necesitan explicaciones" de lo que está ocurriendo al tener al país en una situación "extremadamente grave", a la vez que ha vuelto a aludir a los acuerdos con independentistas y a la "subasta" que está realizando para mantenerse en La Moncloa.

PP, Vox y Podemos han criticado las políticas de vivienda puestas en marcha por el Gobierno, que ven equivocadas y que coinciden en que han provocado el efecto contrario del pretendido, mientras que la ministra ha insistido en demandar consenso para lograr una alianza de país con la que resolver el problema.

En el marco de tres interpelaciones presentadas en el Congreso por estas formaciones en materia de Vivienda, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha insistido en la necesidad de alcanzar un acuerdo, demandado por la sociedad, y avanzar en los puntos de acuerdo ya que el problema no se va a solucionar con crispación y confrontación y ha pedido al PP que se sume desde la sensatez.

Desde Podemos, Javier Sánchez Serna ha pedido al Gobierno que deje de "arrastrar los pies" y ponga coto a los rentistas y especuladores dando un giro de 180 grados a las políticas de vivienda si quieren contar con su apoyo para aprobar los presupuestos generales del Estado. "La vivienda es el problema que se puede llevar al Gobierno por delante", ha apuntado acusand al Ejecutivo de inacción y de estarse equivocando con sus medidas.

El diputado del PP Sergio Sayas ha indicado que hay un consenso unánime sobre el desastre de la gestión del Gobierno en materia de vivienda y ha agregado que su ley es un rotundo fracaso, sus propuestas una farsa, sus medidas humo y sus compromisos una mentira más, populismo y propaganda.

Ni Pedro Sánchez ni ningún representante de su defensa han acudido este miércoles al acto de conciliación con el empresario Alberto González Amador al que el presidente del Gobierno llamó "delincuente confeso" y que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Por ello, ante la intención de González Amador de presentar una demanda o una querella en su contra, Sánchez fue citado por un Juzgado de Madrid a este trámite previo. 

El político —como cualquier otro ciudadano— no estaba obligado a asistir en persona, podía asistir, en su representación, un abogado en su nombre. Pero ello tampoco ha ocurrido. Por tanto, como era previsible —hubiera asistido o no—, no ha habido acuerdo entre ambas partes. Por su parte, sí ha acudido al acto la abogada del empresario y una procuradora.

Sánchez estaba citado este miércoles a las 12:30 en el Juzgado de Primera Instancia número 98 de Madrid.

En este acto, la defensa de Sánchez, de haber asistido, podía aceptar las condiciones que le reclamaba el empresario, quien le pedía una indemnización de 100.000 euros. Ahora, ante la falta de acuerdo, González Amador tiene vía libre para solicitar dicha cantidad.

Sumar ha reivindicado que el PSOE tiene perdido el debate sobre la tributación del SMI en el IRPF y confían en que haya margen de negociación política para hallar una solución ingeniosa que permita corregir la decisión del Ministerio de Hacienda, cerrar el choque en la coalición y finalmente se deje exento de carga fiscal el SMI.

Así lo han trasladado diversas fuentes del socio minoritario, que diagnostican que en las filas socialistas son conscientes de que la medida, anunciada de forma unilateral y sorpresiva por Hacienda, no les ha salido bien. Incluso perciben que no convence a parte del socio mayoritario del Ejecutivo.

En este punto, han recalcado que la presión sobre el PSOE es muy elevada, dado que hacer tributar por primera vez el salario mínimo es impopular e impropio de un Gobierno progresista. Y a ello se une un frente parlamentario, con el anuncio de hasta tres proposiciones de ley para blindar que el SMI quede fuera del IRPF. En definitiva, ha quedado patente que la mayoría de la cámara se opone a los planes del departamento de María Jesús Montero.

Toni Comín pierde las elecciones a la presidencia del Consell de la República. Y lo hace con enorme estrépito. Solo lo ha votado el 9,19% de los asociados que han participado en los comicios.

El exconseller, señalado por desvío de fondos y acoso psicológico y sexual a un exasesor de Junts en el Parlamento Europeo, ha quedado tercero.

El abogado Jordi Domingo se ha proclamado vencedor al aunar el 65,86% de las papeletas. Así, sucederá a Carles Puigdemont en el máximo cargo de la entidad independentista afincada en Bruselas.