El Gobierno mantiene un impuesto del 7% en la factura de la luz que el Congreso tumbó el pasado diciembre

Sin embargo, la presidenta de la comisión parlamentaria, la exministra socialista Cristina Narbona, ha suspendido los trabajos "de manera antirreglamentaria", según denuncia el PP.

En concreto, la suspensión de este impuesto supondrá un ahorro estimado de 400 millones para las familias españolas, según los cálculos de los populares. En el caso de las pymes, el ahorro será de 500 millones, y de otros 200 millones para grandes industrias.

Javier Lizón EFE

El acuerdo entre PP y Junts descafeína aún más la reforma fiscal de Sánchez y le 'cuela' tres enmiendas en el último minuto

El resto de países de la Unión Europea no tiene ninguna figura impositiva equivalente, "lo que hace que nuestra industria sea menos competitiva", advierte el PP.

La enmienda, pactada entre populares e independentistas catalanes, formaba parte de los acuerdos entre las dos formaciones que lograron recortar en más de 6.500 millones el enorme paquete de "subidas de impuestos" que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez al cierre de 2024.

En este caso, se aprobó durante el trámite de ponencia de la reforma de la Ley que regula el régimen de comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Pero la comisión parlamentaria no ha vuelto a reunirse, en un "evidente ejercicio de filibusterismo", tal como denuncian fuentes del Grupo Parlamentario Popular. Por eso, este jueves pasado, el PP registró un escrito, al que ha tenido acceso este periódico, instando a Narbona a la "convocatoria urgente" de la comisión, que estaba prevista para el jueves 12 de diciembre de 2024.

"Instrucciones del Gobierno"

El PP califica la actitud de la también exministra de Medio Ambiente, durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, de "arbitraria". El texto explica que Narbona es "incapaz de asumir sus responsabilidades para facilitar la conclusión de la tramitación en el Congreso del citado proyecto de ley con las incorporaciones aprobadas por la mayoría".

Los populares acusan a la ahora además presidenta del PSOE de haber "decidido seguir las instrucciones del Gobierno e impedir que el proyecto siga adelante".

Para el PP, esta maniobra sólo busca darle la vuelta a la votación, renegociando con Junts que deje de apoyar la eliminación del impuesto, ahora que el PSOE ha recuperado el favor de los de Carles Puigdemont. "Es evidente que el motivo de la suspensión antirreglamentaria del procedimiento", remarca el escrito, "sólo tiene una lectura política, que no es otra que ganar tiempo para revertir lo acordado".

La sesión del 9 de diciembre ya había sido polémica, por el intento de los diputados del PSOE y de Sumar de forzar la suspensión de la reunión "para intentar evitar otra clamorosa derrota parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez", tal como denuncia el PP en su escrito. La suspensión se logró abortar por la negativa de la mayoría del resto de grupos parlamentarios, a instancias del popular.

Relación PSOE-Junts

Durante los trabajos de la ponencia, los diputados del PP lograron incorporar al informe del Proyecto de Ley la citada enmienda, "con el fin de suspender el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica". Actualmente, este tributo está fijado en el 7% y, con la citada enmienda, "pasará a tipo 0".

La votación en ponencia se produjo en plena ruptura de Junts con el PSOE, después de que la Mesa del Congreso se negase a tramitar, por primera vez, la proposición no de ley de los de Puigdemont para instar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza.

Más allá de que Junts haya reiniciado sus "negociaciones sectoriales" con el PSOE después de tumbar el decreto ómnibus y renegociarlo, la enmienda para eliminar el impuesto a la producción eléctrica sigue viva.

Lo que ocurre es que la comisión está "congelada, como las decenas de leyes que Francina Armengol ha guardado en un cajón para que no se puedan debatir y votar", denuncia el PP, "por miedo a que quede claro que hay otra manera de legislar y que Sánchez está en el Gobierno, pero no puede gobernar".

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La entrada en vigor de esta ley, incluyendo la enmienda, permitiría bajar el precio de la factura eléctrica a las familias y a las empresas, "algo que el Grupo Popular viene demandado desde el mes de septiembre del año 2018", explican las fuentes consultadas.

Esa mayoría alternativa que lograron los populares con los apoyos de Junts y Vox "evidencia la debilidad extrema del Gobierno en el Parlamento y la ausencia de una mayoría sólida para legislar", insiste el escrito del PP. "El PSOE y Sumar, una vez más, intentan maniobrar con el fin de bloquear la convocatoria de la comisión e impedir que el informe que incorpora la enmienda prosiga adelante y vea la luz".

"Las reglas de la democracia"

De hecho, antes de la aprobación del informe de la ponencia, Narbona había anunciado la convocatoria de la comisión que debía aprobar el dictamen el 12 de diciembre. Pero, "lejos de cumplir con sus obligaciones" como presidenta, convocó "con carácter urgente a la Mesa de la comisión para anunciar la desconvocatoria 'sine die' de la reunión ya anunciada", a pesar de la protesta formal de los miembros de la Mesa pertenecientes al Grupo Popular.

La tramitación legislativa de un proyecto o proposición de ley es un procedimiento reglado, recogido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, "que obliga a todos", recuerda el PP. "Son las reglas de juego democrático, incluidas las aportaciones que puedan incorporar los grupos parlamentarios que no sean autores de la iniciativa", como es el caso.

Ésta es una iniciativa del Gobierno, en la que el PP había logrado una mayoría alternativa para colar una enmienda, que el PSOE ha bloqueado mediante una maniobra "ilegítima", que contraviene el derecho de participación "consagrado en el artículo 23 de la Constitución".

Las fuentes del PP lamentan que "no se esté respetando un principio democrático esencial" en el debate de posturas, "que pueden ser distintas". Según el PP, éste es uno más de los subterfugios "antidemocráticos" del Gobierno de Sánchez para tratar de "gobernar sin el concurso del Parlamento". En este caso, denuncian, "obstaculizando un procedimiento legislativo porque no le gusta lo que la mayoría parlamentaria ha decidido y necesita tiempo para negociar con sus socios habituales para hacerles cambiar de opinión".