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. Tomás Serrano

Política GOBIERNO

Los jueces estrechan el cerco a Moncloa: citan a cargos de Sánchez en el Gobierno y en el PSOE y a la asesora de su mujer

Las dos resoluciones de este martes se suman a la del Supremo en enero, cuando implicó al fiscal general en el delito contra el novio de Ayuso.

Más información: El juez investiga el patrimonio de Ábalos y de su hijo y cita como testigo al jefe de gabinete de María Jesús Montero

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Las resoluciones judiciales han aguado la puesta de largo del Gobierno con la reducción de la jornada laboral, uno de los grandes objetivos de la legislatura y ley estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Este martes, al mismo tiempo que el Consejo de Ministros le daba luz verde, dos jueces distintos en dos procesos separados han estrechado el cerco judicial sobre la Moncloa. A la tarde llegó otro más.

En el Gobierno están especialmente preocupados por los avances de la cuádruple ofensiva judicial con la que han entrado en 2025: la del caso Koldo, la de Begoña Gómez, la del hermano de Pedo Sánchez y la que cerca al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El martes por la mañana, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente acordó requerir a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la mayor brevedad posible, un informe sobre la situación económico patrimonial del exministro José Luis Ábalos y de su hijo Víctor. Las empresas de este último, según sostienen socios de la trama, serían uno de los lugares donde ocultar el dinero desviado.

También ha citado como testigo al director de gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, quien departió directamente con Aldama el aplazamiento de una deuda que su empresa tenía con Hacienda. 

Además de designar a la UCO como policía judicial para actuar en la causa, el juez cita de nuevo a Ábalos para el 18 de febrero, ya con el estatus propio de investigado en la causa especial tras la concesión del suplicatorio en el Congreso.

También el martes por la mañana un segundo juez, el instructor que investiga las actividades de Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, otorgó la condición de investigada a Cristina Álvarez, asistente personal y amiga de la mujer del presidente del Gobierno. Álvarez fue la encargada de escribir los correos a Reale Seguros para pedir que siguieran financiando la cátedra de su jefa en la Universidad Complutense. 

Cuando declaró la primera vez como testigo, Álvarez indicó que Begoña Gómez es su amiga, a la que conoce desde hace 20 años, por lo que fue seleccionada para ser su asistente en Moncloa en junio de 2018. Preguntada sobre el mail enviado a Reale, dijo que la esposa de Pedro Sánchez le pidió "un favor" y ella lo cumplió.

Es la cuarta vez que el juez Peinado decide imputar a una persona que antes ha declarado como testigo durante la causa. Ya lo hizo con el empresario Carlos Barrabés; con el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache; y con Juan José Güemes, directivo de Instituto de Empresa (IE) y exconsejero autonómico del PP en Madrid.

Entrada la tarde apareció una tercera pata con la que no contaban en Moncloa: la resolución de la magistrada Beatriz Biedma, que investiga al hermano de Pedro Sánchez, apuntando a nuevos supuestos enchufes en la Diputación de Badajoz para beneficiar al susodicho, David Sánchez.

"No solamente se le habría creado el puesto a su medida [a David Sánchez] y se habrían ido modificando sus funciones según sus peticiones, sino que, además, se habría contratado a personas de su confianza para auxiliarle en el desempeño de las mismas", resume la juez.

El cuarto caso

La instrucción llevada a cabo por el juez del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado, es el que más toca la línea de flotación del Gobierno. No por la citación de García Ortiz a finales de enero, que era tan esperada como lógica, sino por el contenido del auto con el que justificaba su decisión.

En aquel texto, adelantado por EL ESPAÑOL, el juez decía ver "apuntalados" los indicios de que el fiscal general "dirigió" la filtración a los medios del correo electrónico comprometedor para el empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Además, describe el trayecto del email con "salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia de Gobierno".

Es decir, que el magistrado entiende que en la filtración participaron por igual las dos instituciones.

La conclusión que extrae el Gobierno es que el juez Hurtado seguirá actuando contra Álvaro García y contra Pilar Sánchez Acera, que era jefa de Gabinete de Óscar López (entonces, jefe de Gabinete del presidente del Gobierno). También contra el anterior secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, a quien apuntaba la UCO como partícipe en las gestiones para filtrar el correo. 

Óscar López es hoy la apuesta de Sánchez para reconquistar la Comunidad de Madrid y, por tanto, la oposición a Isabel Díaz Ayuso.

Si se cumplen los temores del Gobierno, Pedro Sánchez tendría un nuevo problema grave por el reguero de estrechos colaboradores en Moncloa que, presuntamente, seguirán siendo acusados por el Tribunal Supremo. Eso explicaría que el presidente del Gobierno respalde sin fisuras al fiscal general porque, en definitiva, el futuro de ambos está ligado.