
El comisario de Justicia, Michael McGrath, entre Dolors Montserrat y Javier Zarzalejos, el pasado martes en Estrasburgo.
El nuevo comisario de Justicia de la UE retoma el examen de la Ley de Amnistía en la que el PP ve "retroceso democrático"
El irlandés McGrath se estrena en Estrasburgo reuniéndose con Montserrat y Zarzalejos para abordar el Estado de derecho en la España de Sánchez.
Más información: Perelló rechaza ante Bolaños los "ataques personales a jueces" y defiende que el actual sistema de selección ya es "democrático".
Una de las tareas más urgentes del nuevo comisario de Justicia de la Unión Europea, el irlandés Michael McGrath, es el "enorme expediente" sobre España que le dejó en herencia su antecesor, el belga Didier Reynders. El Partido Popular Europeo, liderado por el alemán Manfred Weber, percutió con dureza a la anterior Comisión Europea denunciando un "retroceso democrático manifiesto" en la España de Pedro Sánchez, sobre todo a raíz de la Ley de Amnistía.
Recién estrenado en el cargo el pasado 1 de diciembre, McGrath no ha dejado pasar el tiempo para "tomar nota" e "interesarse" por la situación en nuestro país. Y este pasado martes atendió la solicitud de Dolors Montserrat, vicepresidenta de los populares europeos en el Parlamento Europeo, de mantener una reunión de trabajo.
A la cita, acudió la líder de la delegación española del PP junto a Javier Zarzalejos. El político vasco es presidente de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE) de la Eurocámara.
Ambos tenían la misión no sólo de refrescarle el compromiso adquirido por Reynders, sino abundar ante McGrath en los motivos por los que su predecesor se confesó en varias ocasiones "profundamente preocupado" por España.
Así, en general. Porque no fueron pocas las ocasiones en las que el excomisario viajó a España, recibió a eurodiputados de nuestro país o se reunió con miembros del Gobierno de Sánchez a raíz de eventos "que habrían provocado una reacción mucho más expeditiva" de no tratarse de España.
"Ser la cuarta economía del euro, uno de los grandes de la Unión, está operando en contra de la defensa del Estado de derecho en España", explica una fuente de Bruselas. Con Hungría o con Polonia, y mucho menos con Rumanía, la Comisión tuvo menos cautelas.
"Las comisiones parlamentarias que acordó Sánchez con los partidos independentistas, para examinar la labor de jueces y magistrados por supuesto lawfare", es decir, por utilizar el Poder Judicial contra actores políticos por presuntos intereses espurios, "escandalizaron a Europa", añade esta fuente de las instituciones.
Y fueron causa del agrio enfrentamiento personal de Weber con Sánchez en el pleno de diciembre de 2023, en Estrasburgo.
Montserrat, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, y Zarzalejos, se reunieron este martes con el nuevo comisario de Justicia en la ciudad francesa, aprovechando el primer pleno del Europarlamento este año.
La cita se prolongó durante 45 minutos, el doble de lo normal con un miembro de la Comisión, "lo que da cuenta de la cantidad de asuntos abordados, y del interés de McGrath", explica un portavoz popular.
La reunión se celebraba como respuesta a la carta enviada por la también exministra española el pasado mes de diciembre, cuando McGrath accedió al cargo y en la que le pidió prestar "especial atención" a los casos de corrupción que "están erosionando el Estado de derecho en nuestro país", como la imputación "histórica" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos.
La misiva fue acompañada por dos anexos. El primero, con un análisis sobre los últimos informes sobre el Estado de derecho en España. Y el segundo, sobre los "favores" del fiscal general al Gobierno de Sánchez.
McGrath es el encargado de coordinar los trabajos de consulta e investigación para la próxima publicación del Informe sobre el Estado de derecho, previsiblemente el próximo julio. En sus anteriores cinco ediciones, Reynders amonestó severamente a nuestro país por las deficiencias, por ejemplo, en la "falta de apariencia de independencia" de la Fiscalía.
Parálisis en Bruselas
La última edición, la de 2024, se hubo de demorar hasta última hora, a la espera de que Reynders terminara el trabajo de "facilitación" del acuerdo para la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El bloqueo de más de cinco años había provocado las más duras amonestaciones de Bruselas al Reino de España, a causa de la negativa del Gobierno Sánchez a cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ.
Reynders exigía que se desbloqueara la renovación de un órgano con el mandato cumplido desde 2018 y que "inmediatamente" se procediera a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que, "al menos, la mitad de los miembros, los vocales jueces" fueran elegidos por "sus pares, sin injerencia política de ningún tipo", ni del Ejecutivo ni del Legislativo.
El pacto entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, se hizo esperar tanto, hasta mediados de junio, que España se arriesgó a ser de nuevo suspendida e, incluso, sometida a un procedimiento de sanción. Así lo confirmaron fuentes de la Comisión a este periódico en aquellas fechas.
Pero Reynders también se comprometió a "escrutar intensamente" la Ley de Amnistía, ante la que llegó a expresarse "preocupado", no tanto por sus efectos como por "Las motivaciones políticas" que la habían inspirado. Es decir, por el intercambio de votos en una investidura por impunidad judicial de los políticos beneficiarios de la norma.
En todo caso, el excomisario siempre expresó que no completaría "el análisis de la Ley de Amnistía" hasta que ésta no estuviese publicada, en previsión de cualquier cambio, y por prudencia institucional.
La norma acabó entrando en vigor en mayo, en plena campaña electoral para las europeas del 9-J. Y desde entonces, hasta el 1 de diciembre, no hubo una nueva Comisión a la que pedirle cuentas desde el PP Europeo.
La presidenta en Bruselas vuelve a ser la popular alemana Ursula von der Leyen, quien hubo de comprometerse a un mayor empeño en la defensa del Estado de derecho en España para asegurarse el apoyo, no sólo del PP español, sino de Weber su propio líder (y rival) en el PPE.
Ataques a jueces y prensa
Montserrat y Zarzalejos le expresaron a McGrath la inquietud y la polarización social en España, además de todas estas circunstancias, una vez en vigor la "infame Ley de Amnistía", consolidada ya la "eliminación del delito de sedición" y, sobre todo, la "rebaja de las penas de los delitos de corrupción".
Todas estas medidas, recordaron al comisario, "han sido adoptadas exclusivamente para beneficiar a sus socios en el Congreso de los Diputados y que declararon unilateralmente la independencia de Cataluña en 2017".
Desde que Reynders dejó el cargo -ya había suspendido sus funciones desde febrero para concentrarse en su campaña para ser elegido secretario general del Consejo de Europa-, además, estalló el llamado caso Koldo, en el que está imputado el ex mano derecha de Sánchez, José Luis Ábalos.
Por otro lado, un juez imputó por varios delitos a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno; otro mantiene investigado a su hermano, y un tercero hace lo propio con el ya citado fiscal general.
En estos meses, el Gobierno, le remarcaron al comisario, ha iniciado "una presión y un acoso al Poder Judicial y a los medios de comunicación", sobre el que también le llamaron la atención. Y recientemente, Montserrat remitió una pregunta parlamentaria a la Comisión por "la injerencia del Gobierno en Telefónica".
Montserrat y Zarzalejos detallaron también al comisario McGrath todas las reformas judiciales impulsadas por el Gobierno y el PSOE, para "limitar la acusación popular a partidos políticos y asociaciones" y evitar así estas investigaciones judiciales. Decisiones que, le remarcaron, atentan "contra la independencia judicial en España".
Finalmente, durante la reunión le refirieron también la "ocupación partidista de varias instituciones en nuestro país como RTVE, el CIS, la agencia Efe, o la misma Fiscalía General del Estado".