
Pedro Sánchez visita en Bétera (Valencia) las unidades del Ejército desplegadas por la dana, este jueves.
Sánchez pone la otra mejilla y responde a los insultos de Junts con nuevas ofertas para intentar salvar la legislatura
Los enfrentamientos cruzados entre los socios parlamentarios del Gobierno agravan las dificultades para sacar adelante las iniciativas.
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La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se refirió de forma crítica este jueves a los partidos que tumbaron el decreto omnibús como "el PP y otros grupos de la oposición". Es decir, que considera que Junts está ya en la oposición, o considera que es mejor no mencionar de forma crítica al partido de Carles Puigdemont porque aún ve opciones de recomponer las relaciones.
Fuentes socialistas explican que ahora se trata de intentar recomponer relaciones con Junts y, por eso, la orden interna en el Gobierno y en el partido es evitar confrontar con sus socios de investidura.
El objetivo es no aflorar el inmenso malestar del PSOE por la forma en la que Puigdemont decidió propinar una sonora bofetada política al Ejecutivo en esa votación, con una durísima intervención además de Míriam Nogueras.
Por eso, Moncloa intenta pasar por encima de la afrenta, pero quiere que Junts sea consciente estos días del daño político que le hace votar con PP y Vox al rechazar medidas del escudo social que perjudican a muchos ciudadanos, y que sufra cierto desgaste
La idea es volver a activar las vías de contacto con un Junts más debilitado para intentar recomponer la relación. Confía el Gobierno además en la movilización social y sindical contra PP y Junts por su voto en el Congreso.
Sánchez ha decidido que lo más urgente es esperar y quiere dar unos días para utilizar políticamente lo que considera utilización política por parte del PP y Junts del decreto al rechazarlo. Eso sí, el Gobierno admite que tendrá que rectificar y trocear el decreto en las distintas medidas que contiene y abordar una difícil negociación para asegurarse luego la convalidación en el Congreso, porque una nueva derrota sería el fin.
"Que se cuezan en su salsa", aseguran en el Gobierno para explicar que no haya un Consejo de Ministros extraordinario que subsane cuanto antes los efectos de la votación y el embrollo jurídico creado. Pero hasta Sumar ha querido que se sepa que está en contra de esperar, que debe solucionarse cuanto antes en una reunión extraordinaria de los ministros.
También Carles Puigdemont pidió ayer que haya ya un Consejo de Ministros extraordinario para trocear las medidas y aprobarlas evitando el decreto omnibús, pero los demás socios de izquierdas también presionan para que haya una solución rápida, sin esperar como pretende Sánchez, y con el decreto completo, tal cual se presentó, sin trocearlo.
"Les hemos oído gritar mucho, excitarse mucho. Pero en estos momentos todavía no les hemos visto tomar ninguna decisión. (...) ¿Por qué? Porque los jubilados y los usuarios les importan un rábano. Sólo son herramientas al servicio del desgaste del otro, no buscan soluciones, aunque las tienen perfectamente al alcance de la mano. Practican lo que cuando peor (por la oposición) mejor (para el Gobierno, no para la gente)", aseguró el líder de Junts en la red X.
Pese a todo, Sánchez quiere recomponer la relación con Junts. Algo así como poner la otra mejilla, entre otras cosas porque si no lo hiciera la legislatura estaría acabada y sería imposible sacar adelante iniciativa alguna. Más aún por cuanto la votación del miércoles muestra también los enfrentamientos cruzados, casi de todos contra todos, en lo que fue el bloque de investidura, según admite el Gobierno con pesar.
El objetivo es avanzar en la legislatura, aunque haya que olvidarse de los Presupuestos, pero con una mínima garantía de vías de diálogo para aprobar algunas iniciativas necesarias en el Congreso. Que Junts se siga sintiendo necesario y con cierto nivel de protagonismo, porque sus siete diputados son imprescindibles, aunque en ocasiones pueda votar con el PP asuntos ideológicos, como los referidos a impuestos o a política social.
Varios decretos a la vista
Lo primero será negociar con todos los socios, incluido Junts, la recomposición del escudo social, reuniendo los vidrios rotos del decreto ómnibus y juntándolos en varios decretos. Hay dificultades, como hacer que los de Puigdemont acepten las medidas referidas al freno de los desahucios. Y ello pese a que fuentes del Gobierno insisten en que Junts dio su visto bueno al decreto omnibús antes de que fuera aprobado en Consejo de Ministros.
Ya hace un año que el Gobierno aceptó la controvertida cesión de las competencias de inmigración a Cataluña para salvar con el voto de Junts un decreto similar al que decayó el miércoles. Ahora el problema se ha agravado porque ese y otros compromisos no se han cumplido y Junts asegura que ya no se fía del Gobierno. Sostiene que lo que se pacta en Suiza o Bruselas se frena luego en Madrid cuando hay que llevarlo a tierra y ponerlo en una ley.
En el caso de la inmigración, porque el Gobierno considera imposible acceder a exigencias de Junts, como la competencia para establecer cupos de migrantes, para controlar fronteras en puertos y aeropuertos, y hasta conceder visados. El Gobierno asegura que incluso Bruselas no lo permitiría. Es decir, que lo que José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán aceptan fuera de España, los ministros lo rebajan hasta hacer imposibles los acuerdos.
De hecho, Jordi Turull, el secretario general de Junts, retó este jueves a Sánchez a "cesar" al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si bloquea el traspaso integral de competencias en inmigración a Cataluña. "Deben escoger: o el acuerdo o un ministro", señaló en una entrevista en TV3.
Pese a todo, Moncloa da por hecho que habrá que recuperar en breve los contactos directos con Puigdemont en algún lugar de Europa y con mediador salvadoreño. Y esperar a que la relación fluya de nuevo, aunque nunca vuelva a ser igual por las heridas acumuladas.
En esa estrategia de evitar la confrontación con Junts queda pendiente para el PSOE decidir en la Mesa del Congreso sobre la proposición no de ley que insta al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza. Tras aplazar dos veces la decisión, los socialistas mantienen su decisión de no aceptar esa votación y bloquearla en la Mesa, con el convencimiento de que Puigdemont no va a cortar del todo y que "el castigo" al Gobierno por eso ha sido ya la votación del decreto.
Críticas cruzadas
Todo ello en un clima pésimo para el Gobierno en lo que en algún momento fue un bloque de investidura. Hoy casi todos mantienen batallas con otros.
Por ejemplo, el PNV no logró que Junts reconsiderara su voto el miércoles como le pidió el Gobierno y critican duramente en privado a los de Puigdemont.
A su vez, los partidos de la izquierda (Podemos, ERC y Bildu) arremeten contra Junts y PNV por haber hecho caer el impuesto a las energéticas.
ERC repite de forma machacona el augurio de que Junts acabará pactando con el PP y que ahora está en fase de viaje hacia esa dirección. Y así sucesivamente.
Sólo queda una cierta unidad de acción entre ERC y Bildu pero, a su vez, critican a Podemos por la forma en la que juega sus cartas en las negociaciones con el Gobierno.
Con esos mimbres no es fácil apostar que habrá Presupuestos antes de verano. Sólo la leyenda de Pedro Sánchez hace que algunos apuesten por la presentación de las cuentas. Y cada vez más ministros se suman a la tesis de dejar el intento para otoño, mirando a 2026, como avanzó EL ESPAÑOL.