Socios del Gobierno dan por liquidada la legislatura tras el rotundo portazo de Junts a Pedro Sánchez

Este miércoles, Pedro Sánchez se esforzaba por vender en Davos ante los inversores y algunos de los personajes más influyentes de la Tierra las bondades de España, su estabilidad política y su capacidad para hacer reformas. Mientras, a esa misma hora, la mayoría del Congreso rechazaba su decreto clave para mantener el llamado escudo social.

España entraba en una situación insólita de embrollo legal en la que decaen las medidas incluidas en ese decreto, y las pensiones perderán su subida hasta que no se subsane con otro, los transportes dejarán de estar subvencionados por el momento y se podrá desahuciar a personas vulnerables. Un embrollo legal y social sin precedente porque el Gobierno carece de los apoyos necesarios en el Congreso.

Gabriel Luengas Europa Press

El Congreso tumba el 'decreto ómnibus' del Gobierno con los votos de PP, Junts y Vox, y pone a Sánchez contra las cuerdas

El bloque que le invistió en noviembre de 2023 se rompió como nunca: Junts daba un sonoro portazo político al PSOE, el PNV arremetía contra los causantes del desastre, ERC daba por hecho el acuerdo entre los de Carles Puigdemont y los de Alberto Núñez Feijóo, y Podemos advertía de que, con lo ocurrido este miércoles, ni siquiera se sentarán a negociar los Presupuestos.

Miembros del Gobierno no ocultan su enfado con Puigdemont porque, según explican, tuvieron su visto bueno para aprobar en el Congreso el llamado decreto omnibús.

"Si el presidente del Gobierno ni siquiera es capaz de aprobar medidas sociales como la subida de pensiones o las ayudas al transporte, cómo va a poder aprobar unos Presupuestos o cualquier otra medida de calado", se preguntaban diferentes socios del Gobierno en los pasillos del Congreso.

Aseguran que no es realista pretender mantener la ficción de que la legislatura puede avanzar una vez que se ha producido el portazo de Junts, justo donde más duele, en las medidas sociales que, por otra parte, sirven para paliar los efectos de no tener unos Presupuestos en vigor y seguir prorrogando los de 2023. Hablan abiertamente de "elecciones" y de "legislatura imposible", salvo que Sánchez haga magia a la vuelta de Davos.

El PP tampoco quiso sostener el decreto para que no pareciera que sale al rescate del Gobierno cuando le fallan sus socios y se sumó al castigo al Ejecutivo.

El resultado es una enorme grieta en el bloque que apoya al Gobierno que algunos consideran irrecuperable.

Junts dice haber roto relaciones y su portavoz, Míriam Nogueras, lanzó desde la tribuna del Congreso durísimas descalificaciones contra el Gobierno, sin apariencia de que las visitas de Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero a Puigdemont en Bruselas y Suiza vayan a coser la herida.

Ayuda al PNV

De hecho, en los últimos días, Moncloa pidió ayuda al PNV para que convenciera a Junts de la necesidad de apoyar el decreto, pero el resultado de la gestión fue negativo.

Pese a ello, el Gobierno esperó un milagro hasta el mismo momento de la votación, dando como posible que Junts cambiara al final, como ya ha hecho en otras ocasiones, y apoyara el decreto. O, al menos, que se abstuvieran y permitieran la convalidación. Así lo esperaron y trabajaron con muestras de inquietud en el propio hemiciclo durante toda la mañana María Jesús Montero, Félix Bolaños y Santos Cerdán. 

La ausencia de Junts al principio y su renuncia a intervenir en el debate del primer decreto alentó esa mínima esperanza hasta que aparecieron los diputados de Junts y se escuchó la demoledora intervención de Nogueras.  "Lo que hoy tumbamos es su mentira, su chantaje y su piratería", dijo la portavoz independentista para despejar todas las dudas.

Esta vez no hubo milagro, para sorpresa de miembros del Gobierno que apostaban por la convalidación de las normas. Así lo transmitían estos días para tranquilizar a la tripulación, mientras la nave empezaba a hacer agua.

Además, los votos de Junts, PNV, PP y Vox hicieron caer también el decreto para mantener el impuesto a las empresas energéticas. En realidad, el Gobierno daba por hecho que esto ocurriría cuando aprobó el decreto sólo para satisfacer momentáneamente a sus socios de la izquierda. La realidad de una mayoría de derechas rompe también el bloque de apoyo al Gobierno sobre los impuestos.

El problema es que ese juego ha sido tan obvio que la líder de Podemos, Ione Belarra, le dijo al Gobierno desde la tribuna que al no haber impuesto para las energéticas no hay negociación de Presupuestos. Por lo tanto, es casi imposible que haya cuentas del Estado para este año.

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El Gobierno ha rechazado por el momento convocar un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar nuevos decretos que sostengan las medidas sociales que han decaído y lo deja para el ordinario del próximo martes. La idea es que PP y Junts "se cuezan en su propia salsa", es decir, que dé tiempo a que los ciudadanos perciban los efectos negativos del voto de estos partidos.

En coherencia con esa decisión, el argumentario del Ejecutivo se centra en culpar al PP del rechazo al decreto. Es decir, que los ciudadanos perciban que si bajan las pensiones y desaparecen las ayudas es por culpa del PP, que ha antepuesto el desgaste al Gobierno a la situación de los españoles.

Varios ministros aseguran estar hartos de la actuación de Junts y explican que su voto supone que Cataluña pierda 2.000 millones de euros, según los datos que difunden. Sin embargo, en público el Gobierno sólo arremete contra el PP y excluye de la crítica a Junts, como si creyera posible recuperar la relación.

También en privado empieza a correr el argumentario de la resistencia frente a las desproporcionadas exigencias de Junts.

En un rincón del análisis está también el abuso de decretos omnibús en el que el Gobierno incluye muchas medidas distintas, dando por hecho que ningún grupo podrá tumbarlos. Y eso que esta vez, según el Ejecutivo, es el decreto "menos cargado" de asuntos ajenos de los que ha presentado.

Ahora, el Consejo de Ministros tendrá que trocear esas medidas en distintos decretos, pero su problema es que no tiene garantía alguna de que podrán ser convalidados en el Congreso la segunda semana de febrero.