De izq. a dcha.: Óscar López, Pedro Sánchez, Sara Aagesen, Fernando Grande Marlaska y Óscar Puente, este lunes en una jornada sobre Inteligencia Artificial en Madrid.

De izq. a dcha.: Óscar López, Pedro Sánchez, Sara Aagesen, Fernando Grande Marlaska y Óscar Puente, este lunes en una jornada sobre Inteligencia Artificial en Madrid. EFE

Política GOBIERNO

Moncloa desdeña las amenazas de PP y Junts y no ve riesgo para que se convalide el 'decreto ómnibus' de medidas sociales

El Gobierno cree que Feijóo y Puigdemont no dejarán caer las medidas del escudo social, aunque tumbarán el impuesto a las energéticas.

Más información:El Gobierno prevé una negociación compleja sobre la ley de la acusación popular y admite que será rebajada.

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Las amenazas de PP y Junts sobre su hipotético voto en contra, el miércoles, a la convalidación en el Congreso del llamado decreto ómnibus, no inquietan al Gobierno. Según fuentes de Moncloa, dan por hecho que ni uno ni otro bloquearán la norma, que incluye multitud de medidas sociales.

Considera el Ejecutivo que la importancia de las medidas que contiene el decreto para la extensión del llamado escudo social, hace que no deban afectarle ni la situación de suspensión del diálogo con Junts ni la labor de oposición del PP que, de hecho, apoyará en la misma sesión otro decreto del Gobierno sobre pensiones.

Este miércoles se votará ese decreto junto a otro para mantener el impuesto a las empresas energéticas y un tercero para reformar las pensiones. 

El Gobierno da por hecho que Junts, PNV, PP y Vox tumbarán el decreto de las energéticas y explica que su aprobación en el Consejo de Ministros fue "simbólica y testimonial" para satisfacer las exigencias de sus socios de izquierdas, es decir, Podemos, Bildu, ERC y BNG.

Ya entonces el Gobierno aseguró que su compromiso era "aprobar el decreto, no que entrara en vigor" o que se convalidara en el Congreso y, por tanto, considera que se trata de una "derrota controlada" de la norma y el fin del impuesto a las energéticas. Ni siquiera hay negociación con Junts y PNV. 

Ahora bien, no se recuerdan precedentes de decretos aprobados sólo con valor simbólico, dando por hecho que no serían convalidados.

El de las pensiones, que establece fórmulas para alargar la vida laboral en determinadas situaciones, responde a un pacto con sindicatos y empresarios, por lo que tendrá el voto del PP y, por eso, saldrá holgadamente la convalidación.

Respecto al decreto ómnibus, Moncloa explica que si el miércoles PP o Junts votaran en contra decaería la subida del 2,8% de las pensiones, en coincidencia con la inflación. Es decir, esos partidos provocarían la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas.

Además, el jueves se podría desahuciar ya a familias en situación de vulnerabilidad y cortarles el agua, la luz y el gas por impago.

Decaería también el bono social eléctrico, que supone un descuento del 50% para los consumidores vulnerables y del 65% para los vulnerables severos.

No habría descuentos del 50% en los abonos para el transporte de Cercanías (Rodalíes en Cataluña), ferrocarriles de media distancia y determinadas concesiones de autobús de larga distancia.

No se simplificarían tampoco los trámites para la construcción de vivienda social.

Por último, no se autorizaría a la Comunidad Valenciana a suscribir operaciones de endeudamiento de largo plazo para paliar los daños de la dana, ni se establecería una subvención de 4,5 millones a Ceuta para financiar la atención de los casi 1.000 menores extranjeros no acompañados (menas) bajo tutela de la ciudad autónoma, ni se prorrogarían varias medidas aprobadas para los afectados por el volcán de la isla de La Palma.

Por todo ello, Moncloa da por supuesto que Junts y, sobre todo, el PP, no impedirán que ese decreto sea convalidado para que siga en vigor.

De lo contrario, según explican estas fuentes, sería necesario rehacer todas estas medidas para volver a aprobar otro decreto con las mismas medidas, provocando mientras tanto un evidente problema social en personas vulnerables.

El PP objeta de ese artículo la cesión al PNV de un palacete en París que fue incautado por la dictadura y que hoy sirve de sede del Instituto Cervantes. La cesión está prevista en la ley de Memoria Democrática y Moncloa entiende que Alberto Núñez Feijóo no hará decaer el decreto por este asunto, por sus repercusiones sociales y por no bloquear su intento de acercamiento al PNV.