La Ejecutiva del PNV, con Andoni Ortuzar en el centro, frente a la sede del Instituto Cervantes en París.

La Ejecutiva del PNV, con Andoni Ortuzar en el centro, frente a la sede del Instituto Cervantes en París. PNV

Política MEMORIA DEMOCRÁTICA

Una entidad insta al Defensor del Pueblo a recurrir la cesión al PNV de la sede del Cervantes en París por inconstitucional

El Tribunal Supremo falló en 2003 que el PNV no podía reclamar la titularidad, pero la Ley de Memoria Democrática desactivó la sentencia. 

Más información: El PNV consigue quedarse con la sede del Cervantes en París gracias a un cambio a la carta en la Ley de Memoria Democrática

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La entidad Impulso Ciudadano pide al Defensor del Pueblo y a los partidos de la oposición en el Congreso que presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar la cesión al PNV del edificio que alberga actualmente la sede del Instituto Cervantes en París.

El Gobierno aprobó el pasado 24 de diciembre un real decreto en el que incluyó el cambio de titularidad del inmueble, ubicado en la avenida Marceau de la capital francesa, y que hasta entonces pertenecía a la Administración General del Estado. Tras la cesión, el Instituto Cervantes tendrá que pagar una "renta de mercado" por ocupar el lugar hasta 2030 y hasta que se encuentre una nueva sede. 

Su titularidad es una reivindicación histórica del PNV y, tal y como ya contó este diario, por fin se pudo hacer con él gracias a que la Ley de Memoria Democrática desactivó una sentencia del Tribunal Supremo de 2003 que rechazaba que el edificio tuviera que cederse a los nacionalistas vascos.

El real decreto aprobado en diciembre tendrá que ser ratificado el próximo 22 de enero en un Pleno del Congreso. En caso de que no decaiga y se apruebe definitivamente, desde Impulso Ciudadano apelan al Defensor del Pueblo y a la oposición que interpongan dicho recurso ante el Constitucional.

Según la entidad constitucionalista, no queda "acreditado" que el PNV fuera "en ningún momento" propietario del inmueble, que fue adquirido en 1936 para constituir la sede en el exilio durante la Guerra Civil del Gobierno del País Vasco. Consideran en un comunicado que la propiedad podría ser del propio Gobierno vasco, pero no del partido.

Impulso Ciudadano también considera que se está vulnerando el artículo de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución en relación con el pluralismo político (artículo 6) "al realizarse esta cuantiosa transferencia, equivalente a varios millones de euros, al PNV, que obtiene una exclusiva ventaja en su financiación respecto a los demás partidos políticos".

Desde la entidad también consideran que al recurrir a una "ley singular" para realizar la transferencia "se vulnera el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución)", dado que los ciudadanos no podrán recurrir por vía judicial este menoscabo a la Hacienda común".

"Al tratarse de un acto legislativo, sólo ciertos poderes públicos pueden impugnarlo directamente ante el Tribunal Constitucional", subraya Impulso Ciudadano en el comunicado.

El fallo del Supremo

La historia de este edificio en la avenida Marceau se remonta a 1936, cuando según el PNV el inmueble fue comprado en su nombre por un testaferro y con fondos recaudados en el extranjero. Tras la ocupación nazi de Francia, las autoridades alemanas se lo entregaron al régimen de Franco y, tras la liberación, el traspaso fue corroborado por varias sentencias.

Tras la aprobación de la Ley 43/1998 de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939, el PNV pidió la restitución del edificio. Sin embargo, los servicios jurídicos de la Moncloa lo denegaron en 2001 asegurando que nunca fue "incautado".

Por otro lado, el Consejo de Ministros resolvió también que el PNV no había podido acreditar su titularidad y vinculó al testaferro que lo tenía antes de la ocupación nazi con el Gobierno vasco, no con el PNV. Es decir, lo vinculaba al Estado, en vez de al partido político.

El PNV recurrió esta decisión del Consejo de Ministros, aunque con poca fortuna. El Tribunal Supremo falló en 2003 que, efectivamente, no cabía una restitución en virtud de la Ley 43/1998 porque el edificio no había sido incautado en función de la compensativa prevista en la norma.

Sin embargo, la Ley de Memoria Democrática desactivó todos los argumentos del Tribunal Supremo. Con ello, Pedro Sánchez cumplía su compromiso de restitución con el PNV, un compromiso que los nacionalistas ya habían arrancado a Mariano Rajoy y que Sánchez secundó para conseguir su apoyo en la moción de censura de 2018.

Desde Impulso Ciudadano consideran que "resulta especialmente lesivo" que las irregularidades que detectan provoquen "que un edificio que alberga una misión tan importante para España como es la difusión de nuestro acervo cultural y lingüístico en un gran país vecino se entregue precisamente a un partido de ideología independentista".