Por dentro, la sede de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) es muy similar a como uno la pudiera imaginar. Ahí hay bustos y retratos del dictador, rojigualdas preconstitucionales, monedas de la época franquista, una biblioteca con volúmenes añejos sobre la Historia de España... Por haber, hay hasta un cuadro pintado por Luis Carrero Blanco.

Tiene, eso sí, un aire mucho más moderno desde que la oficina se trasladó de Concha Espina a Edgar Neville el pasado mes de noviembre. Ahí ya disponen de ascensor, aire acondicionado, paredes acristaladas y hasta ordenadores de última gama con los que tres secretarias trabajan la estrategia de expansión en redes sociales -su última incursión, Telegram-. Renovarse o morir.

La posible muerte de la fundación es, precisamente, lo que preocupa al general Juan Chicharro, que acaba de volver de sus vacaciones en Palma de Mallorca con una noticia que le ha amargado el verano: el Consejo de Ministros ha aprobado la Ley de Memoria Democrática, que se propone ilegalizar la entidad que él preside. "No nos dejan tranquilos", se queja.

En las entrañas de la Fundación Francisco Franco, al borde de la ilegalización

Y es que el Gobierno ha introducido una cláusula en la norma -originalmente rechazada por el Consejo General del Poder Judicial por contener preceptos que podían violar la libertad de expresión- que facilitaría la ilegalización de la FNFF por entender que sus actividades "humillan a las víctimas".

Concretamente, la disposición adicional quinta de la ley regula como causa de extinción de fundaciones "la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo".

-¿Humilla la Fundación Francisco Franco a las víctimas?

-Eso es un insulto a la inteligencia. Nosotros no humillamos a ninguna víctima de ningún tipo porque las víctimas, víctimas son y ya tienen quien les juzgue arriba. Jamás hemos humillado a las víctimas. En ningún caso.

Chicharro, general retirado de Infantería de Marina, atiende a EL ESPAÑOL en su nuevo despacho. Desde ahí asegura que la fundación no sólo no humilla a las víctimas, sino que contribuye "al interés general": "¿Cómo no va a ser de interés general de los españoles el conocer parte de su Historia?".

¿Y cuál es esta Historia? Saber que "gracias a Franco España se libró de entrar en la Segunda Guerra Mundial", que "gracias a las mediaciones de Franco se salvaron decenas de miles de judíos de las cámaras de gas" o que el dictador consiguió "que una nación que estaba en la ruina, en la miseria y en la ignorancia se convirtiera en la octava potencia industrial del mundo". La entrevista empieza fuerte.

El general Juan Chicharro conversa con EL ESPAÑOL desde su despacho en la sede de la FNFF. Esteban Palazuelos

"Totalitaria y sectaria"

Estas declaraciones del general Chicharro entrarían muy probablemente en la consideración de "apología del franquismo" que tipifica la nueva Ley de Memoria Democrática, aunque la norma no define con precisión cuáles son los límites a la hora de expresarse acerca de este periodo histórico.

-¿Hacen ustedes apología del franquismo?

-Primero habría que saber qué es apología del franquismo. Si apología del franquismo es contar todo lo que he contado antes [se refiere a decir que Franco permitió que España no entrase en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo], pues sí, claro que hacemos apología del franquismo. Estamos en nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión. Así lo entendió el Poder Judicial y se lo advirtió al Gobierno. Entonces introdujeron el matiz de menosprecio y humillación a las víctimas, cosa que no hacemos. Todo lo contrario a lo que hace este Gobierno, que humilla constantemente a las víctimas de ETA cuando permite o alienta homenajes a etarras en su regreso a las Vascongadas.

Una libertad de expresión que, se podría contraargumentar, no existía durante el franquismo, pero el presidente de la fundación sostiene que era "otra época": "Franco murió en 1975 y ahora estamos en 2021, tenemos los mismos derechos que cualquier otro español".

El Ejecutivo de Pedro Sánchez también prevé introducir la antes llamada Memoria Histórica en la educación a través de "la formación de maestros y funcionarios", así como la "actualización de contenidos curriculares" para la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Formación Profesional y Bachillerato.

Es por todo esto que Chicharro califica la norma de "totalitaria", pues "pretende la imposición de la Historia por ley", y "sectaria", ya que "sólo reconoce a una parte de las víctimas": "Imponer un relato por ley es algo que sucede en Venezuela, Cuba, Corea del Norte o en la extinta Unión Soviética, que es donde les gustaría estar a muchos de éstos [miembros del Ejecutivo]".

"En una Guerra Civil, por desgracia, hay víctimas por los dos lados, y esta ley no contempla a quienes fueron asesinados por el Frente Popular, que estaba formado por los antecesores ideológicos del Gobierno actual. Ideológicos, que no de sangre", explica Chicharro, que abunda: "Muchos de quienes hoy nos acosan son nietos de franquistas".

-¿Como quiénes?

-El presidente de la Generalitat [Pere Aragonès] es nieto de un falangista, el señor Puigdemont es hijo de un carlista. Y de la lista de ministros actuales, y no actuales, hay montones de hijos y nietos de falangistas.

Vox, su esperanza

Pero volviendo a la Ley de Memoria Democrática, ésta debe pasar aún el filtro del Congreso de los Diputados y enfrentarse a un futurible recurso ante el Tribunal Constitucional. Esa es la única esperanza de la Fundación Francisco Franco para pervivir.

Aunque PP, Ciudadanos y Vox ya han anunciado su postura contraria a la norma, PSOE y Podemos gozan de una mayoría suficiente en el Parlamento -gracias a su confluencia con los nacionalistas- para sacarla adelante. Y ahí es donde un recurso ante el Constitucional se antoja vital. Para ello, Chicharro confía en la formación de Abascal. "Tengo fundadas esperanzas de que esta ley no va a llegar a ningún lado", afirma.

-¿Ha mantenido conversaciones con Vox?

-Sí, he mantenido conversaciones. Tengo la garantía y firmeza de que Vox va a entrar en la lucha parlamentaria y, llegado el caso, presentará recurso de inconstitucionalidad de esta ley. Pase lo que pase por las enmiendas parlamentarias, como el Gobierno seudocomunista tiene mayoría, acabará saliendo, pero ya veremos si pasa el tamiz constitucional.

-¿Y confía en el PP?

-A mí me gustaría que el Partido Popular se posicionara, aunque no tengo muchas esperanzas en lo que se refiere a esta fundación. Lo que está en juego no es la defensa de una fundación concreta, sino la defensa de la libertad de expresión de los españoles. Quiero creer que ahí entrará el PP.

- ¿Y ha hablado con algún miembro del Gobierno durante la redacción de la norma?

No. Sólo participamos cuando la señora Calvo [la ex vicepresidenta Carmen Calvo] mandó un cuestionario para que todo el mundo que quisiera expresara su opinión. Y nosotros largamos un sinfín de comentarios. Pero ningún contacto.

¿Y el archivo?

El principal activo de la fundación es el Archivo de Francisco Franco, que contiene unos 33.000 legajos que representan la práctica totalidad de la documentación que pasó por las manos del dictador: correspondencia con otros jefes de Estado, informes confidenciales, borradores de leyes con anotaciones manuscritas, etc.

"Es uno de los archivos más importantes de España: hay correspondencia personal de Franco con Hitler, Churchill, Mussolini, informes de los embajadores en Inglaterra, Estados Unidos o Alemania", explica Chicharro.

Una de las grandes incógnitas es qué sucedería con todos esos documentos en caso de que la fundación sea ilegalizada. "Si nos lo intentan sustraer sería un robo, porque se trata de un archivo privado", alega el general, que recuerda que tienen "un convenio con el Ministerio de Cultura en virtud del cual los contenidos del archivo pueden ser visitados por quien quiera".

-¿Han denegado alguna vez el acceso al archivo?

-Podríamos, pero jamás lo hemos hecho.

La Fundación Francisco Franco está regida por el Sistema Español de Archivos, según prevé el artículo 66 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Es, por tanto, un Archivo Privado de accesibilidad pública. En este sentido, tal y como recoge el artículo 105-B de la Constitución, cualquier ciudadano puede acceder a su contenido. "Nosotros nos encargamos de su mantenimiento", defiende Chicharro.

Esta documentación estuvo durante años en las manos de la familia del dictador y de la fundación, hasta que en 2003 llegaron a un acuerdo con el Gobierno de José María Aznar para la realización de copias microfilmadas que ahora se encuentran en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Cobraron 150.000 euros por la digitalización de las copias. "Es la única partida pública que hemos recibido; nos financiamos a través de los afiliados y benefactores", sostiene el presidente de la FNFF.

¿Al "exilio"?

Por todo lo expuesto, el presidente de la Fundación Francisco Franco se ha estado planteando por un tiempo el "exilio" a un "país libre" para evitar la "censura" de la Ley de Memoria Democrática. Así lo expresó en septiembre de 2020, desatando numerosos ofrecimientos inesperados. "Recibí proposiciones de Portugal, Estados Unidos y Rusía para acogernos", asegura.

-¿Sigue pensando en el "exilio"?

-Creo que no. Vamos a morir aquí con las botas puestas. No nos vamos a ir de España y mantendremos una resistencia. Nuestro derecho a la libertad de expresión no nos lo va a quitar nadie. Una ley puede no ser ilegal pero ser ilegítima. Yo no la pienso cumplir.

Juan Chicharro, presidente de la FNFF, ya no piensa en el "exilio" en caso de ilegalización. Esteban Palazuelos

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