El próximo nombramiento de Meritxell Batet y Manuel Cruz como presidentes del Congreso y del Senado traerá aparejado un hecho casi inédito en democracia. Por primera vez desde la aprobación de la Constitución de 1978, y con la única excepción de Landelino Lavilla entre los años 1979 y 1982, el presidente de la Generalidad no será el catalán con la más alta representación institucional del Estado.

La explicación es sencilla. Con su nombramiento como presidentes del Congreso y del Senado, los catalanes Batet y Cruz se convertirán en la tercera y la cuarta autoridad del Estado tras el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Quim Torra, por su lado, y como presidente de Cataluña, continuará figurando en el puesto undécimo en el orden de precedencias del Estado. Como cualquier otro presidente regional español. 

Es imposible que Pedro Sánchez no haya tenido en cuenta este hecho. En 1996, Jordi Pujol se negó a que Joan Rigol, presidente de Unió Democràtica, el segundo partido de la coalición CiU, fuera nombrado presidente del Senado. La excusa de cara a los medios fue que Pujol no quería transmitir la imagen de que se había cerrado algún tipo de acuerdo con el PP. Extraoficialmente, la explicación era otra. Pujol, ideólogo de un nacionalismo catalán extraordinariamente celoso de sus símbolos, no quería perder la condición de primera autoridad catalana del Estado.

En realidad, y según el Ordenamiento General de Precedencias del Estado vigente desde 1983, un simple ministro está por encima del presidente de una comunidad autónoma. Lo que quiere decir que ya ha habido antes catalanes protocolariamente superiores al presidente de la Generalidad. Carme Chacón, Celestino Corbacho, Josep Piqué, Narcís Serra o Julia García Valdecasas, entre muchos otros. Pero su orden de precedencia era muy inferior (décimo) al de un presidente de las Cámaras del Estado (tercero y cuarto). 

'Operación Dos Tazas'

La decisión del presidente del Gobierno ya ha sido bautizada de forma extraoficial por algunos comentaristas políticos como la Operación Dos Tazas. Según esta interpretación de los hechos, el nombramiento de Batet y Cruz como presidentes de las Cámaras Alta y Baja sería una venganza de Pedro Sánchez por el veto de los partidos separatistas en el Parlamento autonómico catalán a Miquel Iceta. 

En realidad, el perfil de ambos candidatos, también pertenecientes al PSC, es muy similar al de Iceta. Como el líder del PSC, también Batet y Cruz son federalistas y partidarios de una reforma constitucional que otorgue mayor autonomía a Cataluña. Una postura no precisamente excéntrica en el PSC de la última década. 

Batet, de hecho, llegó a romper en 2013 junto a otros doce diputados del PSC la disciplina socialista en el Congreso de los Diputados para votar a favor de la celebración de un referéndum de autodeterminación para Cataluña. Tras el consiguiente revuelo, Alfonso Guerra dijo que el PSC era un partido más dispuesto a "asumir la disciplina nacionalista" que la del PSOE y llegó a aventurar una posible ruptura del PSOE y el PSC. 

Batet fue multada por triplicado tras la votación. Posteriormente, y en fechas mucho más recientes, la futura presidenta del Congreso se ha mostrado favorable a la liberación de los líderes del procés que actualmente están siendo juzgados en el Tribunal Supremo por rebelión, sedición y malversación de fondos. Un hecho que Cayetana Álvarez de Toledo (PP) le reprochó durante un reciente debate electoral en TV3 y que provocó uno de los momentos más tensos de la campaña.

Durante ese mismo debate, y presionada por Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas (Ciudadanos), la ministra de Política Territorial en funciones se negó también a rechazar la posibilidad de un indulto para los presos. 

El nombramiento de Batet y Cruz encierra una paradoja. Aunque ha sido interpretado como un misil en la línea de flotación del separatismo, no deja de ser una concesión al marco ideológico del nacionalismo. Ese que dice que existe un conflicto territorial e identitario en Cataluña –como también en el País Vasco, en Baleares y en la Comunidad Valenciana– y que el Estado español está obligado a solucionarlo en la dirección deseada por los partidos separatistas, aunque sin llegar a su petición de máximos. Es decir, a la celebración de un referéndum de autodeterminación para Cataluña. 

Pero, sobre todo, supone la entrega de todo el poder simbólico de las Cortes Generales al PSC. De momento, las distintas federaciones territoriales del PSOE no han pronunciado ninguna queja al respecto y es poco probable que lo hagan a apenas una semana de la celebración de unas elecciones europeas, autonómicas y municipales. Pero la sensación de que el PSC no muestra la misma lealtad al Estado, a la Constitución y al principio de igualdad de todos los ciudadanos españoles que el resto de federaciones territoriales del PSOE ya ha aflorado en anteriores ocasiones en el partido. Y no sería raro que lo volviera a hacer en el futuro.

OPA hostil al electorado moderado nacionalista

El anuncio de Pedro Sánchez, enmarcado en esa política de gestos inaugurada por José Luis Rodríguez Zapatero con el nombramiento de una Carme Chacón embarazada de siete meses como ministra de Defensa, tiene una interpretación más, precisamente relativa a las elecciones del 26 de mayo.

Porque los nombramientos de Batet y Cruz pretenden además consolidar la imagen de un PSOE supuestamente sensible a las reclamaciones moderadas del nacionalismo catalán. Esas que no contemplan la posibilidad de un referéndum de autodeterminación, y aún menos la de una declaración de independencia unilateral, pero sí una reforma constitucional en sentido federalizante, un régimen fiscal similar al vasco o el otorgamiento de un Poder Judicial propio para Cataluña.

En otras palabras. El anuncio del futuro nombramiento de Batet y Cruz es una OPA hostil al electorado moderado de JxCAT, ERC y los comunes de Ada Colau de cara a las elecciones del próximo domingo.

Con los partidos separatistas atrapados en el círculo vicioso de las expectativas irreales generadas entre su propio electorado, el movimiento de Pedro Sánchez amenaza con desactivar el argumento victimista habitual del nacionalismo catalán de que el Estado español desprecia a los catalanes. El silencio de Gabriel Rufián y Joan Tardà tras el anuncio, junto al de otros diputados catalanes del Congreso de los Diputados, no ha pasado desapercibido entre los partidos constitucionalistas.