Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

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Madrid recurrirá ante el Tribunal Supremo el currículo educativo del Gobierno

Díaz Ayuso considera que "conlleva una gran carga ideológica" y "deja de lado" aspectos que la Comunidad de Madrid considera "esenciales".

5 junio, 2022 20:39

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Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, recurrirá este próximo lunes ante el Tribunal Supremo el currículo educativo elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez por considerar que "conlleva una gran carga ideológica" y "deja de lado" aspectos que la Comunidad de Madrid considera "esenciales".

Así lo han trasladado fuentes del Gobierno regional que han reiterado que el currículo en la etapa de Bachillerato es "especialmente daniño", al ser la "más importante", ya que da acceso a los estudios superiores y universitarios.

Este próximo lunes la presidenta regional dará más información sobre este recurso. El pasado día 1 de junio, Enrique Ossorio, el portavoz del Gobierno madrileño, anunció -como había avanzando la presidenta regional- que se revisarán libros de texto y se  solicitará la retirada de los que considere que contienen "material sectario".

Al haber renovado el Gobierno de España el Bachillerato, el próximo curso será más flexible, opcional y abierto. Y es que estas modificaciones permitirán pasar de 1º a 2º con dos suspensos y obtener el título con una pendiente.

Igualmente, se recupera Historia de la Filosofía de 2º y, también en 2º, Historia de España comenzará en el año 1812, en vez de en la Prehistoria, como ocurre ahora.

Así, el nuevo currículo se organizará en materias comunes, de modalidad y optativas (suman más de cuarenta asignaturas). Se implantará para 1º de Bachillerato en el curso 2022-2023 y para 2º, en 2023-2024.

Igual que en el resto de currículos ya aprobados este año (Infantil, Primaria y Secundaria), Educación solo fija las enseñanzas mínimas -los saberes básicos de cada materia y las horas que hay que dedicarles-. El 60% para las comunidades sin lengua cooficial y el 50% para las que sí la tienen.