La Comunidad de Madrid ha recurrido ante la Audiencia Nacional la orden publicada por el Ministerio de Sanidad en el BOE sobre las nuevas restricciones a la hostelería y el ocio nocturno. 

El Gobierno regional ha interpuesto un recurso contencioso administrativo este lunes contra unas normas que, afirma la presidenta en funciones Isabel Díaz Ayuso, son "arbitrarias y atentan contra el sentido común e interés de los madrileños". "Para seguir arruinando a la gente que no cuenten conmigo", ha escrito en Twitter. 

Madrid, en nivel 2

Madrid ha tomado esta decisión apenas tres días después de que el Ministerio de Sanidad sacara a la región del nivel de riesgo alto por coronavirus. La Comunidad ha pasado del nivel 3 al 2, lo que le permite terner abierto el interior de la hostelería y abrir el ocio nocturno, cuyo aforo máximo será de un tercio en interiores. 

El Gobierno madrileño ha solicitado medida cautelarísima inaudita al amparo del artículo 135 Ley de la Jurisdicción contencioso administrativa y, subsidiariamente, medida cautelar mediante su tramitación ordinaria de acuerdo con el apartado 1.b) del mismo artículo.

Aunque la impugnación de la orden comunicada pretende su íntegra anulación, la pretensión cautelar "se refiere a la suspensión de las medidas que causan un daño inmediato, irreparable e insubsanable".

Madrid alega que desde el fin del estado de alarma el pasado 7 de mayo, la comunidad ostenta la competencia para la adopción de medidas
especiales en materia de Salud Pública. Subrayan "el perjuicio que se deriva como consecuencia de la invasión de competencias que ha supuesto la Orden de la Ministra" e inciden en que ostentan la competencia para la adopción de medidas especiales en materia de Salud Pública. A su parecer, es "evidente que esta competencia se viene utilizando, pues tras la finalización de la prórroga del estado de alarma se dictó la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad".

Madrid considera que "sumir al ciudadano en un régimen de medidas voluble, impuesto sorpresivamente sin razón alguna, sustituyendo de un día para otro la regulación existente, es una afrenta clara a la seguridad jurídica". 

Para el Gobierno de Díaz Ayuso, la declaración "se encuentra viciada ante el hecho incuestionable de no haber sido adoptada por consenso en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud".