El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que, de manera provisional, el Ayuntamiento va a paralizar la imposición de multas por acceder indebidamente al área de bajas emisiones de Madrid Central, aunque las cámaras seguirán encendidas y se continuará registrando a los infractores.

El Tribunal Supremo ratificó la anulación de Madrid Central al inadmitir un recurso contra una sentencia previa del TSJM, de 27 de julio de 2020, que estimó parcialmente el recurso del PP (entonces en la oposición y encabezado por Almeida) contra la ordenanza de movilidad sostenible aprobada por el Ejecutivo de Manuela Carmena.

Aunque inicialmente el Consistorio indicó que se seguirían tramitando las sanciones con normalidad, ahora Almeida ha optado por que sea el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) quien indique cómo actuar y, por "prudencia", detener el envío de sanciones a los infractores.

Según ha explicado Almeida en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el Consistorio está ultimando un incidente de ejecución de sentencia ante el TSJM para que este aclare si, una vez ratificada la anulación de Madrid Central, debe frenar la tramitación de las sanciones con carácter inmediato.

"Los procedimientos que no se hayan concluido en este momento de carácter sancionador, por un principio de prudencia y con carácter general, entendemos que no procede dictar resoluciones mientras no tengamos toda la cuestión jurídica resuelta", ha señalado el alcalde.

Así pues, toda multa sin "resolución firme en vía administrativa", es decir, aquellas que no hayan sido comunicadas a los infractores independientemente de la fecha de la infracción, quedarán en el aire.

Sin embargo, tanto esas sanciones a medio tramitar como las que puedan derivarse del acceso indebido a la zona de bajas emisiones a partir de ahora podrían acabar haciéndose efectivas si así lo avala el TSJM.

"Por ahora, y mientras no se resuelve el incidente de ejecución, las cámaras de Madrid Central van a seguir registrando la entrada de todos aquellos vehículos que no están incluidos dentro de su ámbito de aplicación", ha recalcado el alcalde.

"¿Esto quiere decir que van a acabar en sanción. No (...) se registrarán las matrículas, en su caso se iniciará el procedimiento, pero finalmente el criterio que se nos dé desde el TSJM respecto de Madrid Central, junto con el criterio de los servicios jurídicos, será el que determine si concluye o no ese procedimiento sancionador", ha agregado.

El Ayuntamiento cuenta con que el TSJM le dé un plazo de hasta dos meses para ejecutar la sentencia, lo que le daría margen para aprobar una nueva ordenanza y evitar una situación de vacío legal.

"Sí creemos que es necesario, por una cuestión de seguridad jurídica, que las cámaras sigan funcionando (...) pero insisto a todos los madrileños: esto no quiere prejuzgar nada respecto de cómo concluya ese procedimiento que se inicia", ha comentado Almeida.

El alcalde ha reiterado la complejidad jurídica de la situación, pues hay varios frentes abiertos: "Las sanciones que son firmes ya, porque no cabe recurso; las sanciones que todavía se están tramitando, y las sanciones que están en vía judicial".

Almeida, que nada más llegar a la Alcaldía decretó una moratoria de multas en Madrid Central que fue tumbada por los tribunales, ha afirmado que se trataba de una medida distinta a lo que hace ahora el Ayuntamiento, que es una interrupción en sus trámites administrativos que entra dentro de sus prerrogativas.