No era un farol. La consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló (PSOE), ha requerido al diputado del PP José Juan Zaplana, el listado de personas vacunadas irregularmente que le llegó vía anónima y que éste mostró en un debate parlamentario. Y lo ha hecho valiéndose de la Mesa de la Cortes Valencianas controlada por el nacionalista Enric Morera.
El hecho es insólito ya que es el Gobierno el que pide explicaciones a la oposición, en vez de ser al revés. Sobre todo, cuando la Conselleria anunció la investigación de más de 200 vacunaciones irregulares al principio del proceso. Unos datos requeridos por la oposición que no han sido comunicados.
De ahí que tanto el PP de José Juan Zaplana, como Cs a través del diputado Fernando Llopis, registrasen la apertura de una comisión de investigación parlamentaria en la que se pudiesen estudiar los casos atendiendo a la protección de datos personales que exige la ley.
Los partidos del Gobierno 'Botánico' (PSOE-Compromís-Podemos) se opusieron a la creación de la comisión de investigación. La rechazaron en la Comunidad Valenciana, porque en el Congreso de los Diputados de Madrid, donde Compromís no forma parte del Gobierno aunque dio su apoyo a la investidura, sí solicitaron la constitución de ese órgano.
Final de plazo
El próximo día 20 finaliza el plazo para que la Conselleria de Sanidad informe a los grupos políticos de la oposición sobre las investigaciones de los 233 vacunados inicialmente irregulares que estaba investigando. Zaplana ha explicado a EL ESPAÑOL que de no hacerlo llevarán el tema a los juzgados.
Sería una nueva batalla judicial para Barceló. Y es que la semana pasada el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) presentó una querella criminal ante los Juzgados de Instrucción de Valencia contra el equipo directivo de la Conselleria de Sanidad, por los presuntos delitos contra los Derechos de los Trabajadores, tipificados en los artículos 316 y 317 del Código Penal.
Exponían en ella los hechos que acaecieron durante el primer confinamiento, antes y después de la primera declaración del Estado de Alarma en el mes de marzo del año pasado, cuando se tuvo que trabajar sin las medidas de protección individual y colectivas establecidas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Tomaban esta vía tras los autos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de los pasados meses de diciembre y febrero, en los que se acordaba no admitir la querella contra la consellera. En ellos, a su vez, se remitía al Sindicato Médico a interponer la querella ante los Juzgados de Instrucción.
El escrito
Fechado el 24 de marzo, el escrito que le ha enviado la Mesa de Cortes al diputado popular, se solicita "la documentación exhibida, y acompañe escrito informando del origen y procedencia de la misma, y a través de la Mesa se haga entrega de la misma a la Conselleria de Sanidad Universal".
Y prosigue, "en aras a la defensa de los datos protegidos de las personas y su posible uso ilícito, al amparo de la protección prevista en la Ley Orgánica de Protección de Datos". Todo ello, para abrir una investigación.
Desde el PP, Zaplana asegura que no remitirá a las Cortes la información en su poder porque no es la oposición la que debe informar, sino el Gobierno. Y que sólo la aportará si lo pide un juez, animando a Barceló a llevar el asunto a la justicia ordinaria.