La difícil convivencia política entre la Diputación de Alicante (PP y Cs) y la Generalitat (PSOE-Compromís-Podemos) pasa por sus peores momentos. La izquierda ha decido arremeter contra el presidente provincial Carlos Mazón, con toda su artillería.
Estos movimientos políticos se producen en un contexto de renovación interna de los partidos y reposicionamiento para los comicios de 2023. Sin ganar en la provincia de Alicante es casi imposible acceder al Palau de la Generalitat. Unos y otros lo saben e intentan bascular en un escenario de constante desgaste del Consell de Ximo Puig en la pandemia y de creciente aumento de peso político de Mazón en el seno del PPCV.
PSOE y Compromís se han aliado para exigir al PP que certifique en qué ha gastado sus asignaciones a grupos políticos desde 2011. Se apoyan en una denuncia de los nacionalistas en el Tribunal de Cuentas -que estudia su Fiscalía- y que se remonta a tres anteriores presidentes de la Diputación, todos ellos del PP: José Joaquín Ripoll, Luisa Pastor y César Sánchez.
La batalla
Las espadas están en todo lo alto desde que el pleno de la institución provincial del pasado miércoles resucitó el enfrentamiento de bloques. Todo comenzó con una carta de la Junta de Personal exigiendo al portavoz y único diputado de Compromís, Gerard Fullana que pidiera disculpas. El nacionalista, en opinión de los funcionarios, les había acusado de prevaricación.
Fullana no se disculpó. En vez de eso arremetió contra el PP como supuesto instigador de esa denuncia de los funcionarios. El PP, por boca de su portavoz, Eduardo Dolón, respondió acusando a Ximo Perles, asesor de Compromís, de haber fijado su despacho profesional como abogado en el Palacio Provincial. También informó de que no ha pedido la preceptiva compatibilidad, como lo acredita un escrito oficial.
Ayer el PP acusó a Fullana de usar sus acusaciones para "desviar la atención" del caso de su asesor, Perles. Y denunció públicamente que el diputado de Compromís ha presentado "un recurso para evitar abonar las cantidades no justificadas -como asignaciones a grupos políticos- indicadas por un informe de fiscalización de la institución".
El dinero
Fullana, ante las dos acusaciones del PP, se remontó ayer al año 2011, con José Joaquín Ripoll como presidente de la Diputación. E intentó vincular a Mazón como vicepresidente cuarto de aquella corporación, que abandonó dos años antes de terminar la legislatura. Se basó en una información del eldiario.es este fin de semana: el supuesto cobro de Ripoll de dos cheques del grupo popular por valor de 65.000 euros aproximadamente.
Por primera vez, el grupo socialista también se ha unido a estas acusaciones contra el PP por el destino de las asignaciones a los grupos políticos. Ayer, su portavoz, Toni Francés, pidió explicaciones al PP de Mazón por el dinero no justificado "de 2015 a 2018”.
Francés también intentó vincular al actual presidente de la Diputación con el supuesto vacío de las cuentas del grupo popular en 2011. Llegó incluso a denominarle "protegido de Ripoll”, aun cuando el actual presidente provincial dejó la política en 2009 para acceder a un contrato como director gerente de la Cámara de Comercio. Precisamente cuando comenzaron las investigaciones del caso Brugal y un juez le exoneró de todas las acusaciones vertidas contra él en aquella causa.