El juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela mantiene abierta la investigación contra la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) interpuesta por los regantes de Orihuela y Almoradí en octubre de 2019. Acusaban a sus responsables de "imprudencia temeraria" por el estado del río previo a la Dana que asoló la comarca un mes antes.

Aquella Dana, agravada por la rotura del cauce del Segura en Almoradí, dejó un resultado dos muertos en la provincia, cientos de personas que tuvieron que ser realojadas y hubo millares intervenciones, entre otras, de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se desplegó en la zona.

CHS ha remitido al juzgado oriolano parte de la documentación requerida. Pero por el momento se ha negado a facilitar las identidades de los dirigentes de la institución entre los años 2016 y 2019. Los denunciantes quieren saber contra quién dirigir su querella.

Sin mantenimiento

No obstante, de la documentación aportada, se han descubierto hechos relevantes. El principal, que desde agosto de 2015 no existe contrato de "mantenimiento integral del encauzamiento y entorno integral del río Segura desde contraparada a desembocadura" para el que estaban presupuestados casi dos millones de euros. Cuando se extinguió, no se hizo una nueva adjudicación por falta de disponibilidad presupuestaria.

En su extenso escrito, la CHS explica al juzgado que se han llevado a cabo actuaciones desde 2016 por valor de 30,6 millones de euros. Sin embargo, los denunciantes (juzgados de agua de Orihuela y Almoradí), rebajan esa cantidad porque muchas partidas de 2019 son posteriores a las inundaciones. Como obras de emergencia.  

También sostienen, que para la Vega Baja en concreto sólo se destinaron en esa época 1,3 millones de euros. Esa cantidad no llega al 5% de toda la inversión ejecutada por el organismo. Y que no todo fue para inversiones ordinarias, sino que también incluyen los cerca de 300.000 euros destinados a paliar los daños de la Dana previa, mucho menor, de diciembre de 2016.

La CHS argumenta sin embargo que "a pesar de no desarrollarse directamente" en la zona de los denunciantes, "benefician el funcionamiento general del sistema, razón por la cual se han incluido en las estadísticas de inversión".

Las roturas

Otra de las cuestiones que se abordan en la investigación son las obras realizadas en los dos puntos más débiles del río que causaron los mayores problemas durante la Dana: la rambla de Abanilla (que afecta directamente a Orihuela) y la rotura del cauce (mota) de Almoradí.

Los denunciantes consideran marginal la inversión anterior a los sucesos, de alrededor de 60.000 euros, en la rambla oriolana. Incluso alegan que no fue en la propia rambla, sino en otra parte denominada río Chicamo.

Para la CHS, sin embargo, son muchas las actuaciones de retirada de cañas y barreras de flotantes, así como el mantenimiento de las motas. Por eso alegan que "en eventos catastróficos de grandes avenidas" de agua, en estos puntos del río superan los límites para el que fueron diseñados, y es cuando se producen roturas.

Desplante a las Cortes

Las Cortes Valencianas mantiene abierta también una investigación ("de estudio sobre los efectos") por los sucesos de septiembre de 2019 en la Vega Baja. Hasta en dos ocasiones el presidente la CHS, Mario Urrea, se ha negado a comparecer ante los grupos políticos. Sostiene que como representante de un organismo autónomo nacional no está obligado a presentarse ante instituciones autonómicas.

Grupos políticos tan antagonistas como Compromís o el PP ya han calificado esta negativa como "falta de transparecía" o incluso de "desprecio hacia la provincia y la Comunidad".