Suma, el organismo autónomo de gestión tributaria de la Diputación de Alicate, ha suscrito una operación especial de tesorería por valor de 244 millones de euros con siete entidades bancarias para proveer de liquidez a los ayuntamientos de la provincia.
El objetivo es consolidar un sistema de anticipos que permita a los municipios que tienen delegada la gestión y cobro de sus tributos (IBI e IAE) afrontar en mejores condiciones y desde principios de año el pago de sus gastos corrientes sin tener que esperar a que finalice la recaudación de sus impuestos.
Según explicó el presidente de la institución provincial alicantina, Carlos Mazón, éstas medidas son especialmente relevantes "en las circunstancias que estamos viviendo debido a la crisis sanitaria, social y económica del Covid-19". Por lo que destacó el hecho de que se haya conseguido cerrar esta operación "con el menor coste financiero de la historia de ésta -tipo de interés del 0% y una comisión de no disponibilidad media ponderada del 0,06%-, lo que se traducirá en un importante ahorro para los ayuntamientos, que acceden a estos anticipos en condiciones muy ventajosas".
Las siete entidades bancarias con las que se ha negociado son el Banco Sabadell, CaixaBank, Cajamar, Bankia, Caja Rural Central, Caixa Ontinyent y Eurocaja Rural. Estos adelantos, añadió Mazón, "permitirán aliviar las arcas municipales para que los ayuntamientos puedan seguir haciendo frente a los innumerables gastos que la situación está generando y prestando, de forma eficiente y eficaz, los servicios que necesitan los ciudadanos".
Pulso con la Generalitat
La Diputación de Alicante viene manteniendo desde hace un lustro un tenso pulso con la Generalitat Valenciana (gobernada por el tripartito de izquierdas) a cuenta de la financiación municipal. El ejecutivo autonómico que dirige Ximo Puig quiere detraer fondos provinciales para pagar su programa Fondo de Cooperación Municipal a partes iguales. Mientras que las diputaciones de Valencia y Castellón (gobernadas por compañeros de coalición de Puig) han accedido, la de Alicante es reticente.
Mazón esgrime que Alicante tiene su propio sistema de colaboración económica con municipios a través de sus planes de obras dotados con los planes de inversiones financieramente sostenibles que superan con mucho la cantidad de 14 millones anuales que exige la Generalitat que ponga a disposición de su programa.
También, que a diferencia de las otras diputaciones, Alicante financia competencias impropias como Salud Mental (que le correspondería a Comunidad Autónoma pero que ésta no asume desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía), por valor de 24 millones de euros anuales.
Ante la negativa alicantina, PSOE, Compromís y Podemos, ha aprobado un anteproyecto de ley para obligar a la Diputación de Alicante a doblegarse y entrar en el plan. Además, el propio Puig pidió al líder de Cs en la Comunidad, Toni Cantó, que obligase a sus diputados a posicionarse a favor de su programa, pero no lo consiguió. En cualquier caso, pese a las primeras intenciones de Cantó, Mazón le explicó la situación y los diputados naranjas siguen alineados con el PP.
La pandemia ha dejado en suspenso todas las negociaciones y desde la institución provincial exigen que se abra un diálogo y no una imposición legislativa que recurrirían alegando la autonomía que la Constitución garantiza a las diputaciones.