Las auditorías realizadas a los 54 entes instrumentales de la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE han ido revelado duplicidades competenciales o sueldos por encima de la media, pero también descuadres y deficiencias en el trámite de la concesión de subvenciones. Es el caso de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), llamada ya extinguirse para configurar la Agencia Trade.

La Agencia IDEA es considerada el epicentro del caso ERE, pues era la encargada de abonar los expedientes de regulación de empleo irregulares. En mayo de 2019 fue señalada por la Intervención General de la Junta, que destacó el descontrol en la concesión de ayudas y en la deficiente supervisión que sobre las mismas venía ejerciendo.

Fuentes de la Junta de Andalucía confirman a EL ESPAÑOL que actualmente los servicios jurídicos están analizando el proceso de concesión de cuatro subvenciones en la última etapa del gobierno socialista en la Junta y con Susana Díaz como presidenta.

Las mismas fuentes advierten que las cuatro ayudas, con cargo a los Fondos Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), fueron concedidas en los años 2017 y 2018 por un total de 7,8 millones de euros. "El 99% de los mismos" se dedicaron a dos proyectos que, o no cumplieron con los trámites establecidos o se destinaron finalmente a cuestiones distintas con relación a lo solicitado y concedido.

Por ello, la Intervención General de la Junta de Andalucía va a instar a solicitar la devolución íntegra de esos 7,8 millones de euros.

El primer proyecto recibió una subvención de 5.563.412,84 euros. La ayuda fue a parar a una empresa que invirtió en una nave para desarrollar actividades que no figuraban en la solicitud aprobada.

La auditoría estipula que “no quedó garantizado que en la nave objeto del incentivo no pudieran llevarse a cabo actividades consideradas no subvencionables por la Orden reguladora”.

Por su parte, en las alegaciones, la Agencia IDEA explicó que “la operación está adecuadamente incentivada”, puesto que en la visita realizada por un técnico de la Agencia para supervisar el proyecto, “dictaminó de manera indubitada que la actuación incentivada no podía dedicarse a actividades distintas (...), constatando tras el análisis técnico que la ayuda aprobada era acorde con las Bases Reguladoras y la tramitación realizada”.

Empresas beneficiarias

Es decir, que la Agencia argumentó que la ayuda se tramitó de manera correcta por su parte, pero no así el uso que la empresa beneficiaria hizo posteriormente con esos 5,5 millones de euros, que destinó a una actividad que estaba fuera de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas con la que concurrió a la ayuda. 

Ese fue el motivo por el que el Informe Provisional, la Intervención General de la Junta advertía de la irregularidad de la subvención con respecto al proyecto, por lo que inició las pertinentes actuaciones en pos de recuperar el dinero para que la empresa procediera a su reintegro.

Fue entonces cuando el técnico de la Agencia IDEA se acercó a la nave para supervisar qué se había hecho con los 5,5 millones de euros. Y en ello están ahora los servicios jurídicos: en tramitar la solicitud de la devolución de la ayuda.

La segunda subvención que investigan los servicios jurídicos de la Agencia IDEA es por un total de 2.205.662,90 euros. La auditoría reveló que “en el trámite de solicitud y ampliación del plazo de subsanación de errores no se siguió el procedimiento legal establecido”.

Ante esto, la Agencia IDEA justificó que “el incumplimiento dictado por la Intervención General de la Junta de Andalucía afectaba sólo al importe certificado, sin instar al reintegro al tercero, por lo que se entiende que el incumplimiento del plazo que trajo causa de la descertificación no supondría la nulidad del procedimiento y, por lo tanto, la solicitud de reintegro al tercero”.

"Error muestral"

La auditoría recoge que las explicaciones de la Agencia ante los informes de la Intervención General, tanto en los provisionales como en los definitivos, “son similares” y no fueron aceptadas ni en primera ni en última instancia por la Intervención General.

Las dos irregularidades fueron detectadas al cerrar los resultados del plan de auditoría 2019-2020 del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, ejecutado por la Intervención General de la Junta, con la emisión de los correspondientes informes definitivos. Allí, se encontró “un error muestral” de 7.853.795,41 euros sobre los 68.590.565,38 euros de los fondos FEDER manejados por la Agencia IDEA.

La Intervención procedió entonces a ordenar la descertificación “del gasto irregular”, poniendo una fecha límite para hacerlo: el 15 de febrero de 2021, y así lo hizo.

Fuentes de la Consejería de Economía detallan a este periódico que “en estos momentos los servicios jurídicos de la Agencia IDEA están analizando el procedimiento correspondiente en vía administrativa que procede aplicar para dar cumplimiento a las consideraciones emitidas por la Intervención General de la Junta de Andalucía”.

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