La reforma penal devuelve la llave del Gobierno a Yolanda Díaz: Sánchez deberá ceder en los horarios si quiere su apoyo

Pero la reforma legal que impulsa ahora el PSOE para dejar en papel mojado las investigaciones judiciales sobre presuntos casos de corrupción —como los de Begoña Gómez y el hermano de Pedro Sánchez— pone en manos de Díaz una llave muy valiosa para negociar.

Sánchez se verá obligado a ceder ante la vicepresidenta, que exige aprobar ya la reducción de la jornada laboral, si quiere el apoyo de Sumar a la reforma que el PP ha bautizado como la "ley Begoña Gómez". 

Sánchez presenta una reforma judicial que favorecería a su mujer y a su hermano y evitaría a Puigdemont entrar en prisión

Sumar ya ha expuesto sus reparos a la proposición de ley anunciada el viernes por Patxi López.

En línea con lo defendido por todas las asociaciones de jueces, el diputado de Sumar Enrique Santiago rechaza limitar el papel de la acusación popular, porque es "un avance democrático que ha posibilitado perseguir la corrupción y las violaciones de derechos humanos".

Por su parte, el Ministerio de Cultura que dirige Ernest Urtasun considera (al igual que Podemos) que la reforma se queda muy corta al derogar el delito de ofensa a los sentimientos religiosos: exige al PSOE que cumpla su compromiso de suprimir también el delito de injurias y calumnias a la Corona. Los socios del pacto de investidura siguen confeccionando su Código Penal a la carta. 

El año 2025 ha comenzado de la misma manera que acabó 2024: con hostilidades entre Yolanda Díaz y los ministerios económicos del PSOE. Esta semana los enfrentamientos se han intensificado a propósito de la reducción de la jornada laboral y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). 

Todas las asociaciones de jueces rechazan la reforma del PSOE porque está diseñada para "casos con nombre y apellidos"

Este viernes se desveló que el departamento que dirige María Jesús Montero planea no elevar el mínimo exento de IRPF en la misma proporción que suba el SMI, por lo que los trabajadores beneficiados podrían tener que tributar por la subida. 

Habitualmente, el departamento de María Jesús Montero eleva la renta mínima exenta de pagar el impuesto sobre la renta (el IRPF) de la misma manera en la que, anualmente, se aumenta el SMI. Se persigue así que la subida salarial se quede en los bolsillos de los contribuyentes beneficiados y mejore su poder adquisitivo.

UGT avisa: sólo habrá un acuerdo con el Gobierno para subir el SMI si se garantiza la exención del IRPF

Sin embargo, en esta ocasión el departamento baraja no hacerlo. Fuentes del Ministerio aclaran que no se ha tomado una decisión al respecto y consideran que es "prematuro elucubrar sobre el IRPF". 

Según ha podido saber este periódico, la idea lleva sobre la mesa del equipo de María Jesús Montero desde hace tiempo. En cualquier caso, esta posibilidad se ha dado a conocer cuando no ha empezado siquiera la negociación con los agentes sociales para elevar el SMI. 

UGT no ha ocultado su descontento y ha dejado caer que podría boicotear la negociación salarial que capitanea el departamento de Yolanda Díaz. 

El sindicato ha avisado de que no llegará a ningún acuerdo con el Gobierno para subir el SMI si no se garantiza que el incremento va a estar exento de IRPF, como ha venido ocurriendo en los últimos años. "La prioridad es garantizar que el importe del SMI llegue neto a las personas trabajadoras que lo perciben, quienes representan a las capas más desfavorecidas de la población y requieren un mayor apoyo institucional", indicaba UGT, en un comunicado.

Europa Press

Los expertos de Trabajo aconsejan subir el salario mínimo hasta un 4,4% y llevarlo a los 1.184 euros al mes

Desde Trabajo aseguran a este periódico que no ha habido interlocución alguna con Hacienda y que ignoraban que el departamento barajara los planes citados. De hecho, aseguran que exigirán al equipo de María Jesús Montero que ejecute la misma estrategia fiscal de los últimos años y eleve el mínimo exento del IRPF en la misma proporción que el salario mínimo. 

En cualquier caso, lo sucedido respecto al SMI no es sino otro capítulo de la escalada de acusaciones entre los ministerios económicos del PSOE y Yolanda Díaz, que esta semana ha alcanzado nuevas cumbres en lo que respecta a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. 

Ha habido varios cruces de declaraciones entre Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz, a los que se ha sumado Elma Saiz, después de que el Ministerio de Economía descartara tratar en la próxima Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) la reducción de jornada y su tramitación por la vía urgente. 

Como ya contó este periódico, Trabajo denuncia que si esta medida no se tramita por la vía urgente se corre un serio riesgo de que la reducción de la jornada laboral no pueda entrar en vigor hasta 2026, incumpliendo el acuerdo de gobierno que suscribieron el PSOE y Sumar para forma el ejecutivo de coalición.

Eduardo Parra / Europa Press

Trabajo avisa al PSOE: si la reducción de jornada no se tramita de urgencia se incumplirá el pacto de gobierno

Desde los ministerios del PSOE, aseguran que no hay ningún interés en retrasar la tramitación de la medida. Por otro lado, voces cercanas a la propia CDGAE indican que si no se trata el propio 13 de enero es porque no hay hueco en el programa de dicha cita, en la que se van a abordar asuntos pendientes desde diciembre. 

De hecho, la posibilidad que se pone sobre la mesa es que la reducción de jornada se aborde en la CDGAE del 27 de enero. Así lo indica un correo electrónico enviado por Economía al equipo de Díaz, y al que ha tenido acceso este periódico. En él también se indica que se apuesta por la vía ordinaria en vez de por la urgente para tramitar la medida debido a su trascendencia económica. 

Más allá de esto, desde Trabajo insisten en que tanto Hacienda como Economía vienen poniendo obstáculos a la tramitación de la reducción de jornada desde hace meses. Ambos departamentos se habrían opuesto a las ayudas a las empresas por su impacto económico (ahora reclamadas por el ministro Cuerpo) o a los plazos para aplicar la medida. De hecho, algún que otro ministro habría propuesto que se aplicara a lo largo de la legislatura (o lo que dure la misma). 

Sáiz ha sido la última en sumarse a la refriega. Criticó este jueves los ataques públicos de Díaz a Cuerpo, negó que Economía esté bloqueando la medida y defendió que "es más fácil la conversación interna". "Somos muchos los ministerios que estamos trabajando internamente para que la reducción de jornada sea una realidad cuanto antes". 

Elma Sáiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Eduardo Parra / Europa Press

El último capítulo de esta batalla ha sido el cónclave de ministros de Sumar que se reunió en los dominios de Yolanda Díaz este viernes para abordar la situación.

Con todo, pese a que los niveles de tensión entre los socialistas y Sumar van en aumento, ambas partes descartan llegar a un punto de ruptura. De hecho, afirman que, como viene siendo habitual desde que se inició la coalición de izquierdas en 2020, será Pedro Sánchez el que deshará estos entuertos cuando hayan llegado a un callejón sin salida. Da la impresión de que, en este inicio de año, el presidente del Gobierno ya tiene unos cuantos. 

En los últimos meses, los motivos de enfrentamiento han sido otros. En junio (con Íñigo Errejón aún como portavoz), Sumar acusó a los socialistas de negociar con el PP a sus espaldas la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permitió desbloquear la renovación del CGPJ.

La gira de Pedro Sánchez por varios países africanos para firmar acuerdos sobre inmigración, el pasado mes de agosto, provocó que la coalición de Yolanda Díaz le acusara de aplicar "recetas fracasadas de la derecha".

Finalmente, Sumar apoyó en octubre en el Congreso una iniciativa que exigía que el Gobierno tenga que pedir permiso a las Cortes para enviar armas a otros países como Ucrania.