Desde que hace un año se decretase por primera vez el estado de alarma, el combate de la pandemia, tanto en el ámbito sanitario como en el terreno más político, se estableció con medidas a corto y otras a medio y largo plazo.

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Entre las primeras figuraba obviamente el propio confinamiento, pero a medida que se fue produciendo la desescalada el PP y Ciudadanos empezaron a poner sobre la mesa la necesidad de emprender reformas legislativas de fondo, con el objetivo de que permitieran eludir en ocasiones posteriores la legislación de excepción.

La misma a la que en otoño volvió a acogerse el Gobierno, en esta ocasión con medidas menos severas, decretando de nuevo el estado de alarma que finalizará el poróximo 9 de mayo, con el que entre otras cosas se ha regulado el toque de queda.

Ahora el Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno, que preside la exvicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega, da la razón a los de Pablo Casado e Inés Arrimadas. En un dictamen emitido por unanimidad el pasado 22 de marzo, concluye que el Ejecutivo debería haber afrontado un Plan B jurídico, o una ley de pandemias.

Lo cierto es que en algún momento de 2020 esa fue la intención declarada por el propio Gobierno. El 13 de mayo, durante una comparecencia en la Comisión Constitucional del Senado, la vicepresidenta segunda, Carmen Calvo, mostró a las claras su voluntad de preparar un paraguas legislativo que impidiese en el futuro, dada la experiencia vivida, echar mano del estado de alarma.

María Teresa Fernández de la Vega. EFE

"Tenemos que pertrecharnos para pasar el verano y naturalmente el otoño, por si existe un repunte o una vuelta de la intensidad de la Covid-19 en unas condiciones que ya no tenga que ser utilizable el artículo 116 de la Constitución" afirmaba en referencia al apartado de la Carta Magna que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Calvo abogaba por ello por el mayor "consenso" posible con las fuerzas de la oposición.

Casado tiende la mano 

Casado llevaba ya para entonces tiempo reivindicando una operación casi de cirugía legislativa para modifciar la Ley sanitaria de 1986, por un procedimiento rápido en el Congreso, para que con esa ley en la mano se pudiesen decretar medidas excepcionales que afetasen a la movilidad, como las tomadas en marzo.

Lo mismo reivindicaba Ciudadanos, que a diferencia de los populares sí apoyó las últimas prórrogas del estado de alarma, llegando a ser decisivo cuando ni siquiera ERC daba soporte al Ejecutivo.

El 2 de junio Moncloa anunciaba un acuerdo con los de Inés Arrimadas, en el que a cambio del voto sí en el Congreso de los Diputados Sánchez se comprometía a varios puntos con el partido liberal, entre ellos "acometer las reformas legales para establecer un mecanismo alternativo al estado de alarma que permita a España protegerse ante eventuales rebrotes sin necesidad de recurrir de nuevo al estado de alarma". 

Pero una vez que se superaron las últimas prorrogas del estado de alarma la intención expresada por Calvo ante la Cámara Alta pareció caer en el olvido. 

Este jueves, el propio Casado, durante una intervención en la Organización Médica Colegial de España, presumía de que el Consejo de Estado le daba la razón y volvía a tender la mano al presidente del Gobierno para abordar ese "plan B jurídico" antes de que termine el estado de alarma el próximo 9 de mayo. En caso contrario, sostenía el líder de la oposición, Sánchez "será responsable de que las autoridades sanitarias no tengan herramientas contra rebrotes". 

La argumentación 

Fuentes del PP aseguran que el presidente del Gobierno "o mintió cuando nos pedía ayuda para el estado de alarma, o ahora cuando, curiosamente cerca de las elecciones en Madrid, dice que hay que levantarlo sin problemas". Todo ello después de que en su rueda de prensa del pasado martes dejase clara su intención de no pedir otra prórroga. 

Desde Ciudadanos aseguran que le insistieron a Calvo en sus negociaciones que se reformarse una legislación que ya se había quedado obsoleta ante un hecho sin precedentes como la pandemia. 

Y esa es precisamente la argumentación del Consejo de Estado, que responde a un requerimiento del propio Gobierno sobre la Ley gallega de Sanidad, que el Ejecutivo llevará al Tribunal Constitucional (TC). El organismo presidido por De La Vega apremia al Gobierno a emprender reformas ante una legislación que "no contiene seguramente los mecanismos adecuados para hacer frente a una crisis de esta envergadura".

En concreto sobre la Ley sanitaria de 1986 asegura que  se trata de una norma dictada "hace casi cuarenta años", y que "contiene una regulación en extremo genérica de las medidas especiales en materia de salud pública limitativas de derechos fundamentales y libertades públicas".

El combate de la pandemia, como es obvio a estas alturas, necesita de muchas cosas. Pero también de una legislación nueva, como la que se le reclama ahora al Gobierno. 

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