Las enfermeras de Madrid, Extremadura, Galicia y La Rioja vacunan contra la Covid-19 sin ninguna seguridad jurídica. Así lo ha denunciado el Sindicato de Enfermería SATSE tras más de dos años y medio en los que los gobiernos de todas estas regiones no han terminado de transponer el Real Decreto de prescripción enfermera.

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Hace falta retrotraerse a 2018 para saber por qué, en mitad de una de las campañas de vacunación más importantes para España, hay miles de profesionales jugándose el puesto por inmunizar a la población. Y es que, en estos momentos, ninguna de las enfermeras de esas cuatro comunidades autónomas está poniendo inyecciones amparadas por la ley.

Fue en octubre de 2018 cuando el Gobierno de España aprobaba, tras años de negociaciones con las profesiones sanitarias, el conocido como Real Decreto de prescripción enfermera. Una modificación de la regulación vigente desde 2015 que permitía a las enfermeras dispensar medicamentos (vacunas incluidas) sin la autorización previa y de un médico y bajo unos criterios y protocolos.

Con su aprobación, Sanidad cumplía con una deuda histórica con la profesión y, tras su transposición a los correspondientes boletines regionales, se les permitía vacunar e indicar algunos medicamentos relacionados con su ejercicio (cura de heridas, tratamiento de crónicos, diabéticos, obstetricia, etc) sin la autorización previa de un médico.

Las comunidades sólo tenían que hacer dos cosas: trasponer el Real Decreto y poner en marcha una autorización de prescriptoras. Un documento (emitido de forma telemática) que se entrega de forma inmediata a todas aquellas profesionales con más de un año de experiencia y que precisa de una prueba de aptitudes para las más novatas.

Una vez el RD esté vigente en la comunidad y se creen estas acreditaciones, las enfermeras ya pueden inocular cualquier vacuna (incluida la del coronavirus) con su correspondiente amparo legal. Un proceso que, según algunas comunidades consultadas por EL ESPAÑOL, apenas lleva "unos meses". Concretamente, en la parte del certificado de prescriptoras se tarda "una semana".

Por ello, el Sindicato de Enfermería denuncia que cuatro regiones (tras más de dos años y medio y en mitad de una pandemia) no hayan acreditado a sus profesionales como prescriptoras.

Siguen vacunando

Bien es cierto que en la práctica esto no está cambiando nada. Y las enfermeras, en el caso de la vacunación contra la Covid, están inoculando igual las dosis en Madrid (sin este certificado) que en Castilla-La Mancha (donde sí lo tienen). Pero el buen hacer de estas profesionales no las exime de que, si existe alguna complicación, puedan incluso llegar a perder su puesto de trabajo.

María José García, portavoz del Sindicato de Enfermería SATSE, explica que, si demandan a una profesional por cualquier supuesto le puede pasar "de todo". "A efectos legales, la enfermera ha puesto la vacuna sin ningún médico que la prescribiese", explica.

Es decir, para que las cosas se hicieran bien en Madrid cada vacuna contra el coronavirus que se quisiera dispensar debería ser previamente aprobada por el médico de cabecera de cada paciente y, de ahí, citarle con la enfermera. El proceso retrasaría todo durante meses.

"La administración está jugando con nuestra seguridad jurídica", denuncia esta profesional. A su juicio, todas las enfermeras que están vacunando en cualquiera de esas cuatro regiones están anteponiendo los intereses de la ciudadanía "a los suyos propios".

A modo de supuesto, la portavoz del sindicato apunta que si una reclamación por una reacción adversa llega al juzgado y el médico de cabecera del denunciante alega no haber dado la orden de vacunar contra la Covid, la enfermera puede "desde perder su puesto de trabajo a pagar una multa".

"Depende de qué nivel alcance la reclamación", puntualiza. Si fuera algo leve, podría implicar a una multa y, si son consecuencias más graves, "te pueden apartar de tu profesión y crearte un resarcimiento económico muy elevado".

Pese a todos estos hechos, SATSE descarta realizar ningún tipo de paro para denunciarlo y opta por seguir dirigiéndose a estas regiones con reclamaciones. "Nos puede la situación que estamos viviendo", explica María José García que afirma que seguirán vacunando "por el bien común".

Protocolos y guías

Aun así, García reclama a las regiones que culminen el proceso y terminen de poner en marcha este último trámite que, además de en la campaña de vacunación, agiliza procesos sanitarios en muchos más aspectos.

Por ejemplo, si una enfermera está realizando una cura en su consulta y necesita un tipo de apósito o medicamento específico, no precisaría de una autorización previa de un médico. Podría ser ella misma quien decida, basándose en unos protocolos previamente consensuados desde el Ministerio de Sanidad.

La puesta en marcha de nuevos protocolos y guías para dispensar este tipo de medicamentos o productos sanitarios es otra de las denuncias del sindicato SATSE. Y es que, aunque para las vacunas contra la Covid-19 no haga falta ningún protocolo específico (pues están enmarcadas dentro de campañas de salud pública), sí son necesarias para cualquier otro tipo de medicamento.

Cuando el Real Decreto de prescripción enfermera se aprobó, Sanidad confirmó que se iban a poner en marcha protocolos para acreditar la dispensación de medicamentos relacionados con pacientes crónicos como pueden ser diabéticos o hipertensos o relacionados con la práctica asistencial de las matronas. Pero eso no ha sido así y sólo se han publicado dos protocolos, ambos relacionados con las curas.

Fuentes cercanas al órgano del Ministerio de Sanidad que elabora estos protocolos confirman que la Covid-19 paralizó parte del trabajo, pero que siguen avanzando en nuevos documentos. El protocolo que ya está publicado tiene relación directa con procesos como úlceras, quemaduras, laceraciones u otras heridas crónicas. En él, se recoge el listado de todos aquellos medicamentos sujetos a prescripción médica y que pueden indicar las enfermeras acreditadas.

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