Estamos en un momento excepcional para la ciudadanía y el planeta, de superposición de crisis provocadas por años de confrontación del capital contra la vida. En un tiempo en el que también a la inestabilidad geopolítica intensificada por la invasión de Rusia en Ucrania se le suma una emergencia climática y una pérdida de biodiversidad que ya sentimos en primer plano y una brecha de desigualdades cada vez más gigante.

Estamos en un momento en el que se hace más evidente la urgencia de una apuesta radical que acelere la transición ecológica y justa liderada desde las instituciones y en manos de la ciudadanía.

Tenemos una oportunidad histórica, con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) con los mayores recursos de la democracia (451.000 millones de euros) debido a la suspensión de las reglas de gasto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE hasta 2024 y los fondos de recuperación europeos.

Esto ha permitido una gestión de crisis muy diferente que hace diez años. Pero la pregunta que debe hacerse es ¿qué pasará en 2024? ¿Volveremos a la Europa insolidaria de norte contra sur y de los recortes y los impuestos al sol? Por ello, en este tiempo excepcional es fundamental el rediseño de las reglas constitucionales de la UE para reforzar “lo público” aplicado a los derechos fundamentales y el rol esencial de las administraciones para acelerar la transición ecológica.

Estas semanas, un año más, desde Greenpeace hemos pasado los PGE 2023 por el escrutinio de nuestra Lupa Verde, con la que analizamos si los recursos están siendo destinados a decisiones sostenibles, y lo primero que nos hemos encontrado ha sido la contradicción de que la propuesta trae los presupuestos más sociales de la historia, pero también los más militarizados pde la historia de la democracia, con 27.617 millones de euros, más del 2% del PIB marcado por la OTAN según el Centre Delàs.

Esto detrae recursos de las inversiones verdes y el bienestar que necesitamos. ¿Por qué no apostar por otro modelo de seguridad humana basado en las energías renovables? Cerraríamos el círculo virtuoso de mayor soberanía y reducción de la dependencia del exterior, mitigaríamos los peores impactos del cambio climático y generaríamos decenas de miles de puestos de trabajo (el doble de lo que defiende el Gobierno para la industria militar) y una energía accesible, segura y barata para todas las personas.

Aunque en los presupuestos del año que viene se incrementan las inversiones ambientales (4.335 millones de euros), lo que supone más de un 36,5%, seguimos sin cambiar nuestra relación con la naturaleza y sin adaptarnos al cambio climático. Tras los peores incendios registrados en la historia de España, los PGE 2023 no nos preparan para la prevención de los mismos, ya que se cuenta con una insuficiente partida de gestión forestal sostenible de 97 millones, que se reduce (-28%), y no se resuelve la urgencia de reforzar la coordinación del Estado con el resto de las administraciones.

Además, aunque la mitad de los acuíferos están altamente contaminados, seguimos dando continuidad al modelo de agricultura industrial y consumo excesivo de agua y regadíos, obviando las alternativas agroecológicas y de ocupación sostenible en territorios rurales vivos y diversos.

En relación a la transición ecológica son muy evidentes las medias tintas, no podemos confiar en la cifra que el Gobierno señala en un 30,6 % como contribución a la misma. Valoramos positivamente que por primera vez se haga un ejercicio de presupuestación verde, pero hay que afinar mucho la metodología porque las cifras están claramente infladas y nos llevan a conclusiones sin transparencia y engañosas fruto del greenwashing o lavado verde.

¿Y a qué llamamos lavado verde? En lo que impacta a nivel nacional regalos con dinero público que subvencionan la industria electrointensiva y una movilidad basada en los hidrocarburos por valor de 1.302 millones. Mientras la fiscalidad verde languidece a la cola de Europa (supone solo el 5,1% de los ingresos del Estado) el CIS acaba de publicar que 2 de cada 3 personas están dispuestas a pagar más para proteger el medio ambiente. Y otro sinsentido es que hay barreras legales para las comunidades energéticas, pues se siguen sin trasponer las directivas europeas.

En lo que impacta más allá de nuestras fronteras los fondos públicos destinados a la internacionalización de la empresa y la actividad comercial (más de un 152% que en PGE 2022) continúan financiando proyectos de gas y petróleo sin cumplir el compromiso adoptado en Glasgow de abandonar la financiación pública internacional a energías fósiles (España es el 5º país de la OCDE que más financia fósil internacionalmente).

Tampoco tenemos una ley de debida diligencia que proteja la naturaleza, los DDHH y dé garantías a las comunidades locales frente a proyectos ecocidas. En definitiva, se sigue subvencionando y apoyando las energías fósiles, la actual fiscalidad retrasa la transición y no se facilita la implicación de la ciudadanía, es decir lo contrario a lo que señalan instituciones como la AIE, la OCDE, la CE o el IPCC.

Pero pongamos una nota de color a este análisis, no todo son inversiones marrones, hay que valorar positivamente el notable aumento en gasto público, que alcanza el 58% del presupuesto, la prórroga de ayudas al transporte público (660 millones), la lucha contra la pobreza energética como el bono térmico (que asciende a 258 millones) y las iniciativas de mayor justicia fiscal.

También nos alegra disponer de mayor inversión pública (46.206 millones), especialmente en transición justa, renovables y renovación térmica de viviendas (total 3.481 millones de los fondos del Plan de Recuperación), y en ferrocarril (5.408 millones, casi la mitad de la inversión en infraestructuras), especialmente a la red convencional, esenciales para reducir las emisiones y aumentar la cuota de mercancías por ferrocarril.

Es ahora, no podemos perder más oportunidades y esta es una de oro para apostar sin ambages por la transición ecológica. No podemos seguir con medias tintas y siendo condescendientes con el oligopolio fósil y los intereses de la industria militar. Un nuevo modelo socio-económico que genere futuros alternativos que sostengan la vida se construye también cuando se deciden los PGE, el momento de la transición ecológica justa y ciudadana está aquí. ¡Actuemos en consecuencia!

*** Eva Saldaña Buenache, directora ejecutiva de Greenpeace España.