Santiago Cabañero, en una imagen de archivo.
La Audiencia de Albacete absuelve al presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, del delito de prevaricación
El fallo ha considerado que los hechos por los que se formulaba la acusación "no han quedado suficientemente acreditados".
Más información: Cabañero asegura que no sabe quién propuso al jefe del Sepei: "Firmé el documento porque entendí que estaba bien"
La Audiencia Provincial de Albacete ha absuelto del delito de prevaricación administrativa al presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, que fue juzgado la pasada semana por el nombramiento del jefe del Servicio Especial de Prevención y Extinción de Incendios de Albacete (Sepei).
Así lo determina la sentencia dictada este viernes sobre un asunto para el que la Fiscalía pedía 11 años de inhabilitación administrativa y fija diez días para interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
El fallo ha considerado que los hechos determinantes del delito de prevaricación administrativa por el que se formulaba acusación "no han quedado suficientemente acreditados". Y expresa que no está acreditado "ni siquiera como mera sospecha" la existencia de cualquier "motivación espuria" que pueda ser valorada como indicio de una voluntad "consciente y decidida" del acusado en ejecutar un acto "manifiestamente ilegal y por tanto prevaricador".
Asimismo, la sentencia hace hincapié en que el decreto enjuiciado no fue recurrido por el funcionario cesado ni por otro funcionario hipotéticamente interesado en la plaza. Y agrega que ninguno de los funcionarios que declararon durante el juicio manifestó haber informado al presidente "personalmente y de forma inequívoca" sobre la supuesta ilegalidad del acto administrativo.
"Parece poco coherente acusar al presidente de la Diputación de prevaricación sin ni siquiera preguntar a la funcionaria redactora de la propuesta sobre los pormenores del proceso de elaboración de ese acto", expresa la sentencia.
Asimismo, el fallo resuelve que "ni se ha planteado ni mucho menos ha quedado acreditado que el acusado pudiera tener ningún tipo de motivación personal -por razones económicas, políticas, familiares, de amistad o enemistad- que le animara a promover el cese y nombramiento".
