El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, informan, en el Palacio de Fuensalida, sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con sus departamentos.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, informan, en el Palacio de Fuensalida, sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con sus departamentos. JCCM

Región

Aprobada la oferta de empleo público en Castilla-La Mancha para 2025, con 3.804 plazas: el 41,8 % son del Sescam

La oferta contempla 3.358 plazas de turno libre y 446 de promoción interna mediante concurso-oposición.

Más información: Aprobada la Oferta de Empleo Público de la Junta de Castilla-La Mancha para 2025: contará con 3.804 plazas

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El Consejero de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente a 2025, que contempla un total de 3.804 plazas destinadas a reforzar los servicios públicos esenciales en los ámbitos de Sanidad, Educación y Administración General.

Así lo ha anunciado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida, donde ha destacado que la propuesta ha contado con el respaldo mayoritario de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación del personal empleado público, celebrada el pasado 27 de noviembre.

Ruiz Molina ha subrayado que esta oferta da cumplimiento al compromiso anunciado por el presidente regional, Emiliano García-Page, en el último Debate sobre el Estado de la Región, y se ha elaborado agotando los límites establecidos por la legislación básica estatal, aplicando los criterios recogidos en los Presupuestos Generales de 2023, actualmente en vigor.

Las plazas se han calculado en base a la tasa de reposición incrementada en un 20 %, con el objetivo de cubrir las bajas producidas a lo largo del año, así como las plazas destinadas a la estabilización del empleo temporal, de acuerdo con la Ley 20/2021 para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Distribución por sectores

Del total de 3.804 plazas aprobadas, 1.59 corresponden al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), lo que supone el 41,8 % del total; 910 plazas se destinan al sector educativo, y 1.303 a la Administración General.

En el ámbito sanitario, las plazas se reparten entre personal facultativo (1.033) y personal de gestión (558). En Educación, la oferta incluye 575 plazas de enseñanza secundaria, 321 del cuerpo de maestros y 14 para inspectores educativos. Por su parte, la Administración General contará con 1.303 plazas, de las cuales 827 serán para personal funcionario y 476 para personal laboral.

Reservas

La oferta mantiene la reserva del 7 % de las plazas para personas con discapacidad, lo que supone un total de 241 plazas. De ellas, 180 se destinan a personas con discapacidad general y 61 a personas con discapacidad intelectual.

Estas últimas se convocarán mediante procesos selectivos independientes, con temarios y pruebas adaptadas, tras la modificación de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha en 2019, con el objetivo de favorecer la inclusión laboral y social de este colectivo.

Promoción interna

La OEP de 2025 contempla 3.358 plazas de turno libre, el 88,2 % del total, y 446 plazas de promoción interna, destinadas a facilitar el desarrollo profesional del personal que ya presta servicios en la Administración regional. Todos los procesos selectivos se realizarán mediante el sistema de concurso-oposición.

Con esta nueva oferta, el Ejecutivo autonómico continúa desarrollando el Plan de Impulso a los Servicios Públicos iniciado en 2016, que ha permitido aprobar hasta la fecha 34.500 plazas, con una media anual de 3.500.

Ruiz Molina ha señalado que este esfuerzo sostenido ha permitido blindar las plantillas, reducir la temporalidad del empleo público —una de las más bajas del conjunto de las administraciones— y mejorar la calidad de los servicios públicos, contribuyendo de forma directa a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.