Uno de los almacenes logísticos de Hefame, en Madrid.
Competencia abre expediente sancionador a Hefane tras absorber a una cooperativa de Castilla-La Mancha
La fusión de Hefame con Cooperativa Farmacéutica Conquense (Cofarcu), bajo sospecha por un supuesto incumplimiento de los compromisos.
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador a Hefame por un posible incumplimiento de los compromisos adquiridos tras su fusión con Cooperativa Farmacéutica Conquense (Cofarcu).
La actividad principal de la cooperativa conquense es la compra y distribución a los socios de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos a las oficinas de farmacia abiertas al público. Además, desarrolla residualmente determinados servicios como la comercialización de productos y servicios informáticos y de telecomunicaciones. Opera principalmente en Cuenca y en sus provincias limítrofes.
Competencia asegura que Hefame no ha enviado la debida comunicación a todos sus socios ni ha presentado en el plazo estipulado la información necesaria para que el organismo regulador pueda comprobar su cumplimiento, tras realizar una serie de requerimientos de información a una muestra de socios de la cooperativa conquense y constatar que parte de ellos negó haber recibido la convocatoria.
Autorización condicionada
El 26 de octubre de 2022, la CNMC autorizó en primera fase la operación de fusión por absorción de Cofarcu por Hefame, condicionando la operación al cumplimiento de una serie de compromisos para preservar la competencia en el sector.
En concreto, Hefame se comprometió a modificar sus estatutos sociales respecto a las obligaciones de permanencia y compras mínimas de sus socios, a informar por escrito a todos sus socios sobre los compromisos adquiridos en la resolución de Competencia y a remitir documentación al organismo regulador, incluyendo la convocatoria de la Asamblea General y el acta de la reunión, en un plazo de 10 días tras su celebración.
Ante estos hechos, la CNMC ha iniciado un expediente sancionador por incumplimiento de compromisos, aunque su apertura no prejuzga el resultado final de la investigación. Como consecuencia del proceso ahora se abre un periodo máximo de tres meses para la instrucción del expediente y para su resolución.
