
María José Tomás y Milagros Martínez Aparicio.
Denuncian impagos salariales en varias residencias de la provincia de Albacete: "No se puede consentir"
UGT y CCOO convocarán concentraciones en los centros afectados, gestionados por la empresa Centenari.
Más información: Denuncian la "alarmante" situación de una residencia de Albacete: "Hay una carga de trabajo insostenible"
UGT y CCOO han denunciado este jueves los "impagos salariales" que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras de las residencias gestionadas por la empresa Centenari en la provincia de Albacete. En concreto, las plantillas de los centros ubicados en el Paseo de la Cuba de la capital y en los municipios de Almansa, Higueruela, Riópar y Molinicos.
Según han explicado en rueda de prensa María José Tomás, responsable de UGT Servicios Públicos Albacete, y Milagros Martínez Aparicio, responsable de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO, los empleados de estas residencias están viviendo una situación "de extrema gravedad".
"Centenari nos ha comunicado que no tiene liquidez para poder afrontar el pago de las nóminas y nosotros tenemos que denunciar esta situación, porque además estamos hablando de uno de los sectores más vulnerables, precarizados y feminizados", han señalado.
A día de hoy, tal y como han explicado ambos sindicatos, los trabajadores "todavía no han cobrado el mes de enero", una situación que "no se puede consentir". "Haremos todo lo que esté en nuestra mano, incluso ir a huelga si es necesario y acudir a la justicia, para que se soluciones esta situación", han añadido.
Concentraciones en los centros afectados
De hecho, tanto UGT como CCOO están preparando concentraciones en los centros afectados y no descartan interponer recursos ante el tribunal económico de recursos contractuales por insolvencia de las empresas.
Ante esta situación, Tomás y Martínez han solicitado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha "que no licite con empresas que no tienen solvencia" porque "al final repercute en los trabajadores y trabajadoras y en los usuarios", y "que revisen el decreto de las condiciones básicas de los servicios sociales de atención especializada de las residencias".
"Los ratios de personal no son suficientes para poder dar el servicio que los ciudadanos y ciudadanas se merecen, y desde el Gobierno debería plantearse de una vez por todas que la gestión de estos servicios sea 100 % pública", han zanjado.